No llegaron rescates por Justo & Bueno: ordenan liquidación y entrega de los locales

En la audiencia pública de salvamento de Justo&Bueno, realizada ante la Superintendencia de Sociedades, el juez en concurso, Santiago Londoño, ordenó levantar la suspensión de la liquidación que se había iniciado en mayo contra la cadena de supermercados y, en efecto, solicitar la entrega inmediata de los locales a los propietarios, en las próximos 20 días. Se estiman que son más de 1.000 las tiendas que deberá devolver la cadena.

Lo anterior se dio como consecuencia de que el despacho no recibió ninguna oferta de salvamento de los oferentes que habían manifestado intención de hacerlo. El último había sido el señor Alfonso Giraldo, que, en calidad de representación de dos empresas acreedoras de Justo & Bueno, había anunciado una posibilidad de inversión a través de la firma Deloitte e inversionistas, a la cual finalmente desistió.

Según Giraldo, el proceso de salvamento había sido una opción hasta el viernes pasado, dado que, luego del análisis, según argumentó, evidenciaron inconvenientes de carácter tributario que hicieron inviable la posibilidad de salvamento para los interesados. Para salvar la cadena, el liquidador solicitaba la suma de mínima de $303.149 millones.

Por lo que con esta nueva oferta desistida, serían cuatro los intentos fallidos de inversionistas por salvar a Justo&Bueno, todos por incumplimiento de la promesa de salvamentos. El primer antagonista de esta historia fue un fondo ruso del que nunca se supo nada; el siguiente fue el fondo americano MGM Innova Capital, presidido por Marco Monroy, que desistió de su oferta de salvamento. Luego llegó el prometedor fondo chino llamado JFC, que significaba Joining Futures Capital International Limited, pero que finalmente eran las siglas del colombiano, Jhon Jairo Flores Capital. Este había afirmado que iba a comprar a la compañía, pero finalmente esto resulto siendo solo “un cuento chino”, pues nunca llegó el dinero prometido.

Los resultados financieros de Justo&Bueno para 2021 fueron los siguientes. Terminó con ingresos operacionales de $3,2 billones, 25,43% más que los reportados en 2020, el año más fuerte de la pandemia. Sin embargo, sus utilidades ese año fueron a pérdidas, pues cayeron 5,88% respecto a 2019, con $252.749 millones.

Luego de que el despacho estudiara las objeciones analizadas y todos los argumentos que se presentaban en ellas, se determinó que, al resolver los recursos, no tenían ningún efecto práctico ya que se había desistido de la intervención.

"En ese sentido el despacho acoge la solicitud presentada por las apoderadas de los acreedores a los que nos referimos respecto a la amonestación y encuentra razones para captar el recurso y se excluirá del acta de la audiencia", explicó Londoño.

El juez también afirmó que los gastos de administración se tendrán a partir del decreto de la liquidación judicial que ocurrió el 12 de mayo en la sesión de la audiencia.

"A partir del decreto de la apertura del proceso de liquidación en los términos del artículo 71 de la Ley 1116 del 2006, cualquier obligación surgida a partir de ese momento se tendrá como una obligación post, las obligaciones pre serán las causadas hasta el día 11 de mayo día anterior al decreto de la liquidación", agregó.