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Los expertos coinciden que es necesario que se dé un entorno regulatorio para que la plataforma pueda seguir operando en el país
Aunque ayer Uber ganó una batalla jurídica, aún hay poca claridad sobre la legalidad de este servicio de transporte. La razón es que si bien el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de suspender las operaciones de esta aplicación en Colombia, todavía no se resuelve bajo qué normativa puede volver a funcionar.
Lo que sucedió ayer fue lo siguiente: el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de la SIC, que llevó al cierre de operaciones de Uber en Colombia a finales de 2019, tras establecer que Uber incurrió en actos de competencia desleal por violación de normas y desviación de clientela al prestar irregularmente el servicio público individual de transporte.
“Ahora Uber podrá decidir si retorna a los términos y condiciones que disponía antes de su suspensión en diciembre o si mantiene la figura atípica de arrendamiento de vehículos”.
¿Y por qué la revocó? El Tribunal argumentó que se configura la prescripción porque el demandante, que era Cotech (Taxis Libres), conocía de la plataforma hacía varios años, pero demandó cuando habían pasado dos años desde que se habría cometido la supuesta irregularidad, es decir, desde que la plataforma llegó al país.
Por eso, se decidió: “revocar la sentencia de 20 de diciembre de 2019 proferida por el Asesor asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC y, en su lugar, declarar probada la excepción de prescripción extintiva propuesta por la parte demandada; en consecuencia, se declara terminado el proceso”.
Este era el último proceso de la instancia que adelantaba la plataforma en Colombia desde el cierre del año pasado.
Si se analiza esta sentencia, todo parece indicar que Uber tendría luz verde para operar nuevamente como lo hacía antes, pero los expertos consultados aseguran que aún hace falta regular la plataforma en el país, pues las normas no son claras.
“Considero que la decisión del Tribunal es acertada desde el punto de vista jurídico y tiene efectos positivos para la economía digital colombiana. Lo que debe seguir es que avancemos en la construcción de un entorno regulatorio claro que le permita a las plataformas colaborativas tener seguridad jurídica para continuar generando innovación y trabajo”, dijo Natalia Barrera Silva, socia de Márquez Barrera Castañeda & Ramírez.
Aunque voceros de Uber han insistido que no son una empresa de transporte y que la plataforma no es la que presta el servicio, sino que es un intermediario, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ha explicado en varias oportunidades que la actividad que desarrollan los socios conductores viola la Ley 336 de 1996 y la Ley 769 de 2002.
Nicolás Alviar, director de Alviar Tolosa Abogados, apoderado de Cotech dijo que con este fallo, el Tribunal está contrariando sus propios precedentes judiciales. “Creemos que la prescripción en materia de competencia desleal está muy mal analizada en esta sentencia, inclusive, está contrariando precedentes judiciales del mismo tribunal que aseguran todo lo contrario y no se están valorando todas las pruebas que existen”, explicó.
Agregó que no se puede entender esta prescripción como una luz verde para que Uber vuelva a operar en el país. “El Tribunal lo único que está haciendo con este fallo es declarar la prescripción, más no está habilitando y legislando en materia de transporte, ni está diciendo que Uber es legal”, añadió Alviar.
Uber comunicó que celebran esta decisión y que estaban abiertos a tener un diálogo con el Gobierno Nacional para construir un marco normativo.
En la tarde de este viernes la ministra de transporte se refirió a esta decisión asegurando que esta es una sentencia anticipada y no falló sobre el fondo, igualmente aseguró que esto no cambia el pronunciamiento hecho en diciembre del año pasado.
"Desde el sector transporte siempre hemos dicho que no podemos prejuzgar que las plataformas por ser plataformas per se violan la ley, lo que desde el sector de transporte viola ley, es prestar un servicio público en un vehículo particular y para eso se debe mirar en detalle, no solamente cómo opera la plataforma , sino jurídicamente los argumentos de quién realmente está ofreciendo al público la prestación del servicio", afirmó Ángela María Orozco, ministra de Transporte.
Pago de impuestos y relación laboral
La plataforma operó durante seis años en el país y tras el fallo de la Superindustria la aplicación salió parcialmente del mercado. Sobre esta compañía han surgido dos polémicas: sus normas laborales y el pago de impuestos. Sobre el primero, una de las quejas constantes de los conductores es que se sienten empleados de la app mientras que la empresa niega que haya un vínculo laboral. Sobre el segundo tema, la empresa informó que pagó $70.000 millones en IVA en año y medio, aunque sus cifras de 2017 muestran que solo pagó $2.356 millones en impuestos.
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