Ninguna EPS sometida a proceso de intervención se ha salvado de ser liquidada

Desde que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, más de 100 Entidades Promotoras de Salud (EPS) han sido liquidadas, casi todas después de pasar por medidas como la intervención estatal y, según expertos, ninguna de las que pasó a control público pudo salvarse.

Aunque en el Gobierno del presidente Gustavo Petro se han intervenido seis EPS, los problemas financieros no son una novedad entre ellas; durante la pasada Presidencia más de 10 entidades fueron intervenidas y luego se ordenó su liquidación.

Actualmente, la controversia por la toma estatal de las EPS gira entorno a las presuntas demoras en los desembolsos de presupuestos máximos por parte del Gobierno y a la insuficiencia en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). En palabras simples, tal como lo han señalado desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), los ingresos para atender a los afiliados no crecen al mismo ritmo que los gastos.

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, había mencionado que hoy día se profundiza la crisis del sistema que "hemos advertido desde el inicio del Gobierno. Y definitivamente no se solucionan los problemas que estamos viviendo por el desfinanciamiento del sector".

¿La intervención ha sido exitosa?

La misma Ley 100 estipula que las EPS deben cumplir con indicadores de solvencia financiera para estar activas en el sistema. Básicamente, esa ha sido la causa para que, a través del tiempo, las promotoras hayan pasado a control del Estado. ¿Pero qué tan efectiva ha resultado la intervención?

Sandra Jaramillo, agente especial interventora de Famisanar, dijo después de una reunión con el presidente Gutavo Petro que “el mensaje es de continuidad, estas EPS están intervenidas para administrar precisamente y evitar su liquidación por los problemas financieros que puedan tener.

Sin embargo, la presidenta de Acemi sostuvo que "no hay en la historia de las intervenciones que se han hecho a las EPS de este país un caso de éxito que se traduzca en entidades que se sanean y mejoran su situación financiera".

Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, argumentó en medios de comunicación que la toma de control permite generar un cambio administrativo y sostuvo que otras medidas, como la vigilancia especial, no sirvieron en su momento con otras EPS que hoy día ya no existen.

"Aquí lo que estamos haciendo es actuar de una manera ponderada actuando en favor de la vida de las personas de una manera oportuna, no esperar repitiendo la historia", agregó el funcionario.

Trastornos para el sistema

Al poner sobre la mesa las estadísticas sobre la efectividad de la intervención, cabe preguntarse que pasará con los más de 20 millones de usuarios que hoy están bajo responsabilidad del Estado si se llegaran a liquidar Sanitas, Nueva EPS, Famisanar, Emsanar, Savia y Asmet.

Los usuarios de las EPS liquidadas son asignados a las entidades que quedan operando y luego del proceso de distribución, tienen la posibilidad de cambiarse a otra.

El presidente Petro había afirmado en una entrevista que si él quisiera acabar con las EPS no presentaría una reforma al sistema: "dejo que pase lo que está pasando. Ni siquiera hay que demorar pagos, simplemente, EPS quebrada, sus afiliados tienen que pasar a las que quedan y esas se caen, no es sino esperar".

Andrés Aguirre, exdirector general del Hospital Pablo Tobón Uribe y y expresidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), hizo notar que no es posible crear capacidades de la noche a la mañana.

"Esto genera una pregunta: ¿la entidad de aseguramiento que recibe esos centenares de pacientes tiene la logística adecuada para coordinar la atención de estos nuevos afiliados, porque esto exige más personas, sistemas de información, contratos y esto no es tan sencillo", añadió.

Por lo tanto, según sus palabras, "podríamos decir que cuando una EPS excede el tamaño para el que están diseñados sus procesos va a tener trastornos en el manejo de los pacientes".

Cada entidad, de acuerdo con Aguirre, tiene su propia red de servicios, "esto significa que los pacientes no necesariamente seguirán siendo atendidos en la red anterior y eso plantea problemas en la coordinación del manejo".

"La historia ha demostrado eso, este no es asunto que se pueda presentar con las decisiones de este Gobierno. Cuando se liquidaron Saludcoop, Cafesalud, entre otras, los usuarios vivieron esto. Y hay que ser honestos, realmente esto genera trastorno, genera dificultades", subrayó el experto.

Puso de presente que "hoy que se habla tanto de que los aseguradores tengan los indicadores patrimoniales y financieros adecuados la pregunta es si la EPS que recibirían esos nuevos afiliados pueden llegar también a un incumplimiento de indicadores".

"Este es un asunto muy serio, que debe ser tratado con toda la precaución para evitar trastornos que, sin duda, se van a dar", puntualizó.