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El decreto 356 de 1994 establece que los socios de las empresas de vigilancia y seguridad privada deben ser personas naturales de nacionalidad colombiana
Gran parte de los sectores de la economía colombiana se ha caracterizado por abrir cupo a la inversión extranjera para potenciar su desarrollo y diversificación. Frente a dicho escenario, el sector de vigilancia y seguridad privada no puede ser la excepción, explican algunos expertos.
Es por esto que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se tiene como objetivo permitir la llegada de capital extranjero que hasta ahora tenía un freno por la legislación vigente. Esto es importante si se tiene en cuenta que Colombia es el único país de la región con este escenario, pues “en ninguna parte de Latinoamérica se presentan este tipo de restricciones”, comentó la directora ejecutiva de Fedeseguridad, Natalia Gutiérrez.
De acuerdo con el artículo 12 del Decreto 356 de 1994, los socios de las empresas de vigilancia y seguridad privada deben ser personas naturales de nacionalidad colombiana. A su vez, el apartado agrega que las compañías constituidas con socios o capital extranjero antes del decreto no podían aumentar la participación de socios foráneos.
Bajo estas condiciones, las empresas extranjeras del sector de vigilancia y seguridad privada no pueden crecer en el mercado y aquellas con interés en ingresar al país no lo han logrado.
Para 2017, el sector reportó aproximadamente $9,29 billones en ventas, de acuerdo con el último informe de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia), cifra equivalente a cerca del 1% del PIB nacional de ese mismo año.
Con respecto a la cifra de ventas totales de solo las empresas de vigilancia y seguridad, los reportes oficiales para 2017 registraron una cifra de $2 billones. De ese total, las multinacionales en seguridad y vigilancia privada no llegaron a 1% del total. Con base en esto, Gutiérrez agregó que esto desmiente una de los puntos que no ha permitido el cambio de regulación. “No es verdad que exista o estemos cerca de un monopolio”, explicó.
Dado el potencial del sector dentro de la economía se han gestado varios intentos de actualizar el Decreto con el propósito de incluir puntos como el fomento a la libre competencia, la modernización y el fortalecimiento de la Supervigilancia, así como la reglamentación de temas que permitan que el sector se actualice frente a las tendencias internacionales, como el uso de armas no letales y nuevas formas de monitoreo.
La apertura del sector a la inversión extranjera también incluye “flexibilizar las formas societarias permitidas y levantar las restricciones de inversiones de personas jurídicas nacionales e internacionales”, de acuerdo con información incluida en un estudio publicado el año pasado elaborado por Fedesarrollo y financiado por Fedeseguridad.
Además, Gutiérrez explicó que es necesario “estandarizar las buenas practicas en el sector y hemos insistido al Gobierno que debe haber procesos de contratación transparente con el sector público ( por medio de Colombia Compra Eficiente) ya que desafortunadamente las contrataciones públicas no pasan por esta entidad. Esto incentivaría la libre competencia, promovería la apertura del sector a la inversión extranjera y mejoraría las condiciones laborales de nuestros empleados”.
“La normatividad vigente creó barreras de acceso al mercado y generó desigualdades. Se deben permitir nuevas figuras solitarias e inversión extranjera”.
Ante la llegada de inversión extranjera los gremios nacionales hacen ciertas alertas, pues este factor es percibido como un elemento que podría quitarles espacio en las contrataciones.
El presidente de las Empresas Colombianas de Seguridad (Ecos), José Saavedra, mencionó que toca analizar qué tanto se dinamizaría el sector ya que la inversión podría ser “muy poca” debido a que no se requiere la compra de grandes maquinarias y equipos porque el negocio se enfoca mucho en servicios. “Invirtiendo poco son muchas las utilidades que sacarían, y no mejoraría mucho el sector”, dijo.
Saavedra también comentó que se deben tener en cuenta tres principios para la inversión: generación del empleo, transferencia de tecnología y generación de riqueza.
Así se distribuyen los servicios del sector
De acuerdo con el informe de gestión de la Supervigilancia para 2018, los servicios de vigilancia privada remunerada representan 14% del total que registra el sector de vigilancia y seguridad. Por su parte, los esquemas de autoprotección abarcan 9%, mientras que otro tipo de servicios se llevan 77%. En este último ítem se tienen en cuenta los departamentos de capacitación, importadores y comercializadores de equipos tecnológicos, así como los consultores, asesores e investigadores relacionados con la vigilancia y la seguridad.
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