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La SIC desarrolla visitas de controles en comercios para evitar las irregularidades en los precios de alimentos y productos de salud
Debido a las compras masivas de productos y servicios para abastecerse durante el aislamiento, los precios aumentan y no falta quien se vale de la coyuntura para aprovecharse de los consumidores.
Por lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio, liderada por Andrés Barreto, puso a disposición una aplicación para que los consumidores reporten las irregularidades de precios. Igualmente, el ente de control vela para que no haya acaparamiento de tapabocas y geles.
¿Qué medidas han tomado para vigilar las irregularidades en los precios?
Desde el cinco de marzo, antes de decretada la emergencia, hemos hecho visitas de inspección. En ese momento nos habíamos enfocados en tapabocas, geles antibacteriales y productos de aseos y desinfección a base de hipoclorito de sodio, para verificar que hubiera abastecimiento, cuáles eran los precios y que tuviéramos inventarios.
Ya una vez decretada la emergencia el 12 de marzo, seguimos adelante con nuestra tarea de inspección y vigilancia en tres temas. El primero es competencia, mirar que no suframos un acaparamiento o práctica restrictiva en tapabocas y en los ventiladores de Unidades de Cuidados Intensivos. El segundo es eje es consumidor, que no vaya a haber violaciones al estatuto del consumidor. El tercero es frente es metrología legal, lo que tiene que ver con combustibles, pesos y medidas.
¿Cuántas quejas han recibido?
Pusimos a disposición una aplicación para recibir quejas, reclamos y denuncias. Desde que lanzamos la app, hemos registrado 1.577 quejas, 1.377 obedecían a temas de consumidor. Los lugares donde más se quejaron fueron Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca.
"Pedimos apoyo a los gobernadores y alcaldes. Apoyo para que hagan los reportes a la SIC de las inspecciones. También necesitamos que los consumidores denuncien".
¿Qué resultados han arrojado los controles?
Hasta el momento anunciamos una investigación a 12 estaciones de servicio que estaban incumpliendo con precios y el viernes pasado en Corabastos anunciamos la apertura contra tres empresas de productos alimenticios, que estaban dándole menor cantidad a los consumidores.
Si efectivamente se demuestra que incumplieron ¿qué sanciones se ponen?
Por cada conducta, una multa sucesiva de 2.000 salarios mínimos. Estas conductas pueden ser: no informar al público del precio; no dar la cantidad o medida correcta; no haber subido la información al Ministerio de Minas en el caso de estaciones de servicio; no tener las básculas o balanzas de conformidad en mercados o grandes superficies; ofertar un precio distinto del realmente cobrado. Venimos trabajando con la Fiscalía para trabajar lo que es especulación, acaparamiento y agiotaje, que ya son, además de violaciones al consumidor, delitos.
¿Qué precios se deberían fijar?
La Superintendencia no regula ni fija los precios, lo tiene que hacer el Gobierno y ya lo hizo con el decreto 507, que establece topes en precios de alimentos y medicamentos esenciales. Nosotros ya habíamos pedido fijar precios en tapabocas, geles y jabones, desafortunadamente no quedó en el decreto, pero seguiremos adelantando investigaciones.
¿Qué otros productos deberían tener precios fijos?
Los precios están organizados y hay abastecimiento y no hay variaciones atípicas, como alguna gente comenta. Nosotros ya verificamos productos regulados, combustibles y algunos medicamentos. Me preocupan los tapabocas, no solo por el precio, sino porque estamos desabasteciendo al personal de salud si todos salimos a la calle a comprarlos o si algunos inescrupulosos los revenden. Por eso sugerimos que se debería fijar el precio sobre esos productos.
¿Cuál es la invitación a las personas cuando compran?
Los consumidores somos los que impulsamos el precio hacia arriba cuando salimos nerviosamente e irresponsablemente. No hemos llegado a una situación de desabastecimiento.
¿Qué datos personales puede usar el Gobierno?
Cursamos una circular a los operadores móviles con el fin de permitir el uso de la base de usuarios para que el DNP pudiera utilizar esa información para focalizar los subsidios. En ese caso hay una excepción de ley. Los temas de salud son información reservada y sensible, no se pueden divulgar libremente. Hubo un caso de un paciente en el personas divulgaron la dirección, eso no se puede hacer.
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