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El funcionario también se refirió a otras de las EPS controladas y dijo que el interventor de Sanitas EPS no encontró un aumento justificado del gasto administrativo
Luego de que la Superintendencia de Salud tomara el control administrativo a comienzos de abril de Nueva EPS, Luis Carlos Leal, quien lidera ese órgano de control, dijo que la entidad prestadora de salud ocultó facturas que tenía con las IPS desde 2019, las cuales no eran legalizadas.
“Hay dos hallazgos en particular fruto de dos EPS recientemente intervenidas.Desde 2019, Nueva EPS e inclusive años atrás, venía ocultando facturas al interior que no legalizaba. En muchas oportunidades, los hospitales públicos decían que era mucho mayor el pasivo o la deuda que tenían con ellos que lo reconocido por las EPS. Se estaban ocultando muchas facturas; no eran $500.000 millones, sino $5,5 billones lo que tenía de deuda con el sistema”, dijo Leal.
Según explicó el alto funcionario, la medida de intervención no va acompañada con un paquete de inversión para pagar los pasivos que existen, pues dichas acreencias se generaron antes.
“Su actor financiero estaba poniendo en riesgo la prestación de servicios de salud, pero la medida de intervención no va con un paquete millonario. Esta tiene la intención de generar una reestructuración administrativa que corrija cada uno de los errores que se presentaron y llevaron a esa situación financiera de las entidades prestadoras de salud”, dijo.
Pero los señalamientos del Superintendente no terminaron ahí y tiró un dardo hacia otra de las EPS intervenidas recientemente: Sanitas. “En el caso de esta entidad, reportaba una pérdida anual de $400.000 millones al final del ejercicio en los últimos dos años, pero el agente interventor designado no encontró justificado un incremento de $210.000 millones en el gasto administrativo, reportaron unas supuestas pérdidas y son ellos las víctimas”.
Acorde a lo explicado por Leal, 75% de los contratos que hacía Sanitas EPS era bajo una modalidad llamada evento, la cual, según el Superintendente, es la más costosa de contratación.
“Desde 2019, Nueva EPS venía ocultando facturas al interior del sistema que no legalizaba, que en muchas oportunidades era superior a lo que le reconocían a las IPS”.
No es la primera vez que el Gobierno Nacional denuncia que hubo irregularidades en los recursos girados por las EPS. De hecho, a comienzos de abril la Contraloría entregó un informe preliminar a conocimiento de la Fiscalía y la Defensoría, que mostró irregularidades en recursos girados por el Estado por más de $9,2 billones, que involucraran a más de 18 EPS.
“Se observaron registros contables que son ajenos a la naturaleza y conceptos de los gastos en salud previstos por la ley. De acuerdo con lo anterior, se evidencia un presunto daño al patrimonio del Estado, en razón a que parte de los recursos de la UPC y de los Presupuestos Máximos fueron destinados a actividades, bienes y servicios distintos a la atención del servicio de salud a sus afiliados”, dice el informe.
Sanitas, que fue una de las EPS de las que habló Leal, fue la que más habría usado recursos para otros fines entre 2021 y 2020, por más de $1,08 billones. En el top 3 también está Nueva EPS ($647.747 millones).
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