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El actual presidente de Reve Group desacató varias solicitudes del ente regulador sobre entrega de documentos, entre ellos una certificación de las inversiones en compañías constituidas en Colombia
La Superintendencia de Sociedades acaba de anunciar que impuso una multa por el orden de $100 millones al fundador de la cadena de supermercados en proceso de liquidación Justo&Bueno, Michel Olmi Bustos, quien hoy figura también como el presidente y representante legal de Reve Group.
La decisión se da luego de que el ente regulador argumentará desacato de "requerimientos de la Entidad y por la ausencia de explicaciones que justifiquen las omisiones".
Supersociedades había solicitado a Olmi, en reiteradas ocasiones, específica, "una certificación de la evolución de la composición del capital de la sociedad extranjera, el nombre de sus controlantes y beneficiarios finales, una certificación de las inversiones que posee o ha poseído la misma en compañías constituidas en Colombia, directa o indirectamente y copia del contrato de acuerdo de accionistas o cualquier otra denominación, que contenga directrices sobre la adopción de las decisiones por parte del máximo órgano social de Reve Group, Inc."
A la solicitud anterior, el hoy multado no atendió ninguno de los requerimientos efectuados de manera reiterada por la Superintendencia de Sociedades, hecho que se constituyó como un grave obstáculo por parte de la entidad, para el desarrollo de la investigación administrativa, tendiente a determinar la configuración de situaciones de control o de grupo empresarial que vinculan a otras empresas como BBI Colombia S.A.S., BBI Colombia Brands S.A.S., Cafés de Origen Especial S.A.S. y Mercadería S.A.S. en Liquidación Judicial, entre otras.
Supersociedades recalcó que "es pertinente mencionar que, tratándose de Mercadería S.A.S. en Liquidación Judicial, en audiencia pública del 12 de mayo de 2022, en el marco del proceso de insolvencia, se puso de presente la crítica situación económica de la sociedad; de acuerdo con lo señalado por los acreedores y lo manifestado por el promotor, existen obligaciones impagas por una suma de $135.000 millones, de los cuales la deudora no ha acreditado una fórmula efectiva para su pago.
"Contra la mencionada resolución procede el recurso de reposición que deberá imponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la respectiva notificación del acto administrativo", dijo el ente regulador.
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