Sura, Sanitas y Compensar ven riesgos de operar sus EPS más allá de este septiembre

Sura, Sanitas y Salud Compensar, tres EPS que entre ellas tienen más de 13 millones de afiliados y además atienden a un ecosistema adicional de 136.000 personas que conforman los grupos familiares, lanzaron una alerta por los posibles problemas financieros que darían con una seria dificultad de mantener su operación más allá de septiembre próximo.

La razón, esas empresas ven números rojos en sus balances financieros por deudas que tiene el Estado con las EPS, lo que se suma a pérdidas generales del sistema, las nóminas, entre otros puntos que según dicen, los tiene “en una situación que hoy hace que sea insostenible y que amerita una solución inmediata”.

En términos generales, las deudas a esas tres EPS ya suman $1,6 billones, siendo $870.871 millones lo que debe el sistema a Sanitas, otros $568.638 millones de Sura y $204.206 millones en Compensar.

Desde ya ven que no se cumplirán con las metas financieras al cierre de este año, en los últimos dos años se agotó un capital cercano a $400.000 millones en el caso de EPS Sura, $415.500 millones del lado de EPS Sanitas y $278.700 millones para Compensar EPS, estos dos últimos “los cuales fueron construidos durante los 30 años y 23 años de su existencia” dicen.

¿Qué dice la carta?

Al despacho del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo llegó la carta que alerta sobre los problemas financieros de esas tres grandes EPS, a lo que él respondió que “todos tenemos que hacer un mea culpa, los hospitales públicos se volvieron directorios políticos”.

Ana María Vesga, presidente de Acemi, agregó que “se trata de una petición de tres afiliadas del gremio, la carta sí refleja la situación de crisis de todo el sector y la necesidad urgente de resolver los temas de financiamiento”.

“Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población” dijeron en la carta.

Si estos puntos no se resuelven, “vemos con seria dificultad avanzar con la operación después del mes de septiembre del presente año, razón por la cual, nos veríamos en la necesidad de convocar a nuestras juntas directivas para evaluar los posibles escenarios que como Gobierno nos plantean y tomar las respectivas decisiones del caso”.

Según las EPS, hay varios aspectos relevantes que deben ser tratados a la mayor brevedad para poder continuar garantizando la calidad y el acceso oportuno a los servicios de Salud, asegurando la sostenibilidad del sistema y no afectando la atención a los usuarios.

Uno de ellos es que ven el valor de la UPC (que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de salud para cubrir las prestaciones del plan de beneficios en salud en los regímenes contributivo y subsidiado) “es insuficiente para atender el plan de beneficios en Salud. Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue un insuficiente en un 8%, respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS”.

El segundo punto además de las deudas, por el que ven la operación en riesgo es que “no se ha logrado una redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables. Al no ajustar la UPC por condiciones de salud (Perfil epidemiológico), varias EPS hoy presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad. Las EPS con menor carga de siniestralidad presentan mejores resultados financieros”.