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A finales de 2023, el Tribunal Arbitral había fallado en favor de la sociedad y eso implicaba el desembolso de $781.828 millones por parte de EPM
El Consejo de Estado admitió el recurso de anulación promovido por EPM en contra del laudo proferido, a finales de 2023, por el Tribunal Arbitral y que había sido impulsado por la sociedad Hidroeléctrica Ituango, que implicaba el desembolso de $781.828 millones por parte de la compañía.
La controversia entre las partes se remonta al 15 de octubre de 2020, fecha en la que la Sociedad Hidroituango entabló la primera demanda contra EPM, buscando que esta respondiera por los efectos colaterales que dejó la contingencia acontecida en el proyecto; cuando el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) generó una reacción en cadena que terminó obligando a EPM a inundar la casa de máquinas y se generó un retraso irreversible en el proyecto.
En octubre de 2020, la Sociedad Hidroituango desistió de llegar a un acuerdo con EPM y entabló una primera demanda, apuntando a que EPM asumiera los sobrecostos de la contingencia y no se los cargara al proyecto.
La Sociedad interpuso otra demanda, instaurada el 25 de febrero de 2021, en la que exigió además el pago de las cláusulas penales estipuladas en el contrato, a raíz de los hitos constructivos que EPM había dejado de cumplir por los retrasos.
Ambas demandas terminaron en el tribunal de arbitramento que había fallado a favor de la Sociedad Hidroituango.
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