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La empresa también criticó que, bajo estas circunstancias, ellos serían la única plataforma que dejaría de operar
La plataforma digital de transporte, Uber, rechazó la propuesta que realizó anoche el Gobierno en la que planteó que apoyará la reglamentación que hará el Congreso para las aplicaciones de ese tipo. Las declaraciones las entregaron la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el alto consejero para asuntos económicos y de transformación digital; Víctor Muñoz.
El funcionario aseguró que "la innovación, la transformación digital y todo lo relacionado con las economías colaborativas debe ir de la mano del principio de legalidad, lo que hace que todos los sectores indistintamente en el que se preste el servicio deben cumplir y acatar la norma que para ese afecto se tenga en el país".
No obstante, para Uber, que anunció su salida del país a partir del 1 de febrero, esta opción, a pesar de ser un primer esfuerzo, no es una solución. "Esta propuesta legislativa tomaría como mínimo tres meses, según la citada propuesta, y sobrepasaría por mucho el plazo anunciado por la app de Uber para dejar de funcionar en Colombia, conforme a la obligación de acatar el fallo de la SIC, el próximo 31 de enero".
La empresa también criticó que, bajo estas circunstancias, ellos serían la única plataforma que dejaría de operar, lo que perjudicaría a los 88.000 socios conductores y a los dos millones de usuarios que utilizan la aplicación.
"Uber debería contar con las mismas condiciones que otras aplicaciones disponibles en Colombia, es decir con la app activa, para poder hacer parte del proceso de construcción del 'marco normativo inteligente', como lo indicó la señora Ministra", agregó la empresa en la carta, en la que también se criticó que no haya sido invitada a las 700 mesas de trabajo que la Ministra dijo que se han hecho .
Uber también consideró en el comunicado que la solución está en manos del Gobierno y que, en vez de un proceso legislativo, se podría optar por decretos "que permitirían una solución temporal y darían certidumbre jurídica a las plataformas mientras el proceso legislativo corre su curso".
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