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Ampliación del ingreso solidario, extensión del Paef, subsidios para la creación de empleo y matrícula cero son las principales medidas
Una de las banderas que ha resaltado el Gobierno Nacional desde la fallida reforma tributaria del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha sido la necesidad de recaudar los recursos suficientes para sostener y extender las transferencias monetarias no condicionadas y el apoyo a las empresas.
Ese, justamente, es uno de los ejes del nuevo proyecto, denominado ‘Ley de Inversión Social’, que incluye programas como Ingreso Solidario, el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), la creación de nuevos empleos para jóvenes y el resto de la población, así como la matricula cero para un sector de la población.
En el caso de Ingreso Solidario, se entregarán $160.000 a 200.000 familias adicionales, por lo que el impacto se vería reflejado en la reducción de la pobreza extrema, de 15,1% a 9,6%, y la pobreza, de 42,5% a 34,2%. En 2021, este programa tendrá un costo de $2,1 billones y en 2022 de $6,6 billones.
Con respecto a la creación de nuevos empleos para jóvenes y el resto de la población, se dará un subsidio de 25% de un salario mínimo para los jóvenes de 18 a 28 años.
También, se otorgará un subsidio para el resto de la población equivalente a 10% de un salario mínimo, abarcando cerca de 40% de los costos de seguridad social de los empleos. En total, el costo de este programa sería de $236.000 millones para 2021 y $573.000 millones para 2022. De igual forma, se busca mantener el Paef hasta diciembre de 2021, lo que impactaría 400.000 empleos y 55.000 empleadores, con un costo de $1,1 billones.
Sin embargo, según el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, “además de la reforma debemos meternos de lleno en el mercado laboral, lo cual representa más capacitación, formación para el trabajo, desarrollo de competencias, certificaciones y generar experiencia”.
Finalmente, el rubro social del proyecto establece la matrícula cero para 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, lo que costaría $700.000 millones.
Para Isidro Hernández, economista y magíster en Teoría y Política Económica de la Universidad Nacional, “las transferencias monetarias les permiten a las familias tener un ingreso mínimo; sin embargo, contrario al discurso del Gobierno, este monto no va a sacar a las familias de la pobreza. Se necesita mayor empleo y capacitación”.
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