Tributaria del gobierno Petro, camino a convertirse en una nueva ley de financiamiento

Con bastante frecuencia se escucha en Colombia el término reforma tributaria, debido que desde la expedición de la Constitución de 1991 se ha tramitado una en promedio cada 18 meses. De acuerdo con Juan Pablo Godoy, Socio de GodoyHoyos, en los últimos treinta años solo se han tramitado dos o tres reformas tributarias; todas las demás han sido leyes de financiamiento fiscal. “Las leyes de financiamiento están encaminadas a generar recaudo para el período presidencial de turno, sin reparar en el efecto que de ello pueda derivarse para la estabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo”, menciona el experto.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Firma plantea que la primera reforma tributaria de la administración del presidente Petro no se separa de esta tendencia, debido a el objetivo principal del Proyecto de Ley 118-Cámara para la Igualdad y la Justicia Social fue recaudar una muy ambiciosa suma, que finalmente quedó estimada en un recaudo anual de $20 billones, para destinarla al gasto social.

El Proyecto de Ley, de acuerdo con la exposición de motivos, se basó primordialmente en el documento de la Comisión de Expertos para la Revisión de Beneficios Tributarios de la Ley 2010 de 2019. Las recomendaciones de la Comisión se orientaron al mandato legal de hacer una revisión crítica de los beneficios tributarios existentes en el sistema tributario colombiano para contrastarlos frente a los principios que orientan el sistema tributario.

En ese sentido, la Comisión comenzó por hacer una medición del costo de los beneficios tributarios existentes en nuestro sistema, que no dudó en calificar como disfuncional, para concluir que le costaban al país alrededor de $70 billones, 70% de los cuales están en las perforaciones del sistema de IVA.

Para Godoy, es cuestionable que el Proyecto no presentara propuestas frente al régimen de IVA, que varios expertos no dudan en calificar como uno de los sistemas más ineficientes e inequitativos del mundo.

El análisis plantea que la propuesta del gobierno se centró en el régimen del impuesto a la renta, con el objetivo de corregir la distorsión consistente en la alta concentración del recaudo en las personas jurídicas y la baja concentración correlativa sobre las personas naturales. Lo primero que los expertos plantean frente al tema, es que la pretendida concentración de la tributación en cabeza de las personas jurídicas deriva del modelo adoptado por Colombia, desde la reforma de 1986, para el desmonte de la doble tributación. El país decidió, por razones de eficiencia en administración tributaria, concentrar el recaudo en las personas jurídicas, de tal manera que los dividendos o participaciones distribuidos a partir de utilidades que hubieran estado gravadas al nivel de la sociedad no estuvieran gravadas nuevamente para sus socios o accionistas.

Señala Godoy que, bajo esta orientación, el sistema tributario funcionó hasta la reforma tributaria de 2016, en la que se restableció el impuesto a los dividendos. “Sin embargo, más allá de la doble tributación económica, lo importante es poder determinar la tarifa agregada sociedad/socio, pues con un impuesto de renta corporativo de 35% y un impuesto a los dividendos de 20%, alcanzamos la poco glamorosa y competitiva tarifa nominal agregada de 48%”, explica.

Si a ello se le suma el impacto de otras medidas tales como el impuesto al patrimonio, el incremento del impuesto de ganancias ocasionales, la limitación y desmonte de buena parte de los beneficios tributarios, con su impacto en la tarifa efectiva de tributación y las sobretasas temporales y permanentes, se desincentiva fuertemente la inversión y la generación de empleo, en una coyuntura de desaceleración económica de proporciones globales.

Para Godoy, el crecimiento y el desarrollo de las sociedades se produce de la mano de las empresas, incluyendo las estatales, pues el gobierno en ello apenas juega un papel arbitral, por eso “preocupa enormemente el futuro de la estabilidad de nuestras finanzas públicas. Y no creo que el gasto social sea suficiente para sanear e impulsar nuestra economía”.

Finalmente, se plantea que la reforma tiene aspectos positivos, como la ampliación del “puente a la informalidad” que tiende el régimen simple de tributación o el desmonte de algunos beneficios tributarios insostenibles. No obstante, experto señala que “fue mucho más lo que quedó por hacer, y por ello se puede pensar que, más pronto de lo que sería deseable, tendremos una nueva ley de financiamiento fiscal que nos alejará aún más del diseño de un sistema tributario equitativo y eficiente. Ojalá me equivoque”, precisó Juan Pablo Godoy.