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Después de que la Corte tumbó la ley de financiamiento, e empezó a hablar de cuál sería el plan B que se tendría para ayudar al gobierno a cuadrar sus finanzas.
Luego de que la Corte Constitucional tumbara la ley de financiamiento del gobierno de Iván Duque, en el Congreso de la República se empezó a hablar de cuál sería el plan B que se tendría para ayudar al gobierno a cuadrar sus finanzas.
Por ejemplo, el senador y expresidente Álvaro Uribe sostuvo que “hacia delante confiamos en que se pueda tramitar una norma de estímulo a la inversión privada”. También indicó que no se pronuncia sobre la sentencia, “pero sí consideró necesario que los inversionistas tengan un parte de tranquilidad pese a que se declaró inexequible”.
El senador David Barguil, por su parte, señaló que se debe respetar la decisión, pero explicó que se tiene que conocer el fallo. También consideró que “la norma se mantiene hasta el 31 de diciembre, lo cual tiene la estabilidad del presupuesto general del 2019”. Planteó, finalmente, que se debe analizar bien qué pasará el año próximo y consideró que no sería necesario acudir a la emergencia económica.
El senador liberal Guillermo García, vio la caída de la ley como una opción de beneficio al gobierno: “hay más beneficio que le trae al país, porque va a recuperar $10 billones que había concedido en beneficios tributarios a ciertas multinacionales, hay observaciones sobre la estabilidad jurídica, eso se soluciona con una ley específica. Gana el país sin la ley de financiamiento”.
Desde Cambio Radical, el senador Richard Aguilar, uno de los que estuvo al frente de la discusión que se di¿o el año pasado en el Congreso de la República, señaló que “estamos perdiendo la oportunidad para que las empresas tengan una menor carga tributaria y los 8.000 beneficios del régimen simple de tributación quedarían en un limbo jurídico”.
La representante a la Cámara Katherine Miranda, al respecto del fallo sostuvo que “lo que va a pasar es que el gobierno debe hacer una reforma estructural, no pañitos de agua tibia y pensar si le va a mantener las exenciones tan enormes de $9 billones a las empresas o si de verdad hace una reforma para que los que tienen más paguen más”.
Finalmente, el senador Fernando Aráujo sostuvo que “queda en entre dicho algunas fuentes nuevas de financiación, pero lo más grave es que los incentivos que creó la ley de financiamiento se verán hasta el otro año. La misma buscaba bajar la tarifa de renta a las empresas”.
El fallo se aplicará desde el primero de enero de 2020, además obliga a que el Gobierno tenga que presentar una tributaria exprés
Desde Acopi preocupa el destino de medidas como el régimen simple y el ICA. Rosmery Quintero, su presidente, cree que es inapropiado introducir reformas al articulado
En el mediano plazo, el crecimiento habría sido de 0,4 puntos porcentuales