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La iniciativa, que no estaba en las cuentas del Gobierno, entró en la Ley en la parte final del debate en el Legislativo
Uno de los sectores que sentirá un alivio en sus cuentas de 2020 a 2022 será el financiero, el cual había demandado uno de los artículos de la Ley de Financiamiento del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
El artículo demandado señalaba que las entidades del sector tendrían que pagar cuatro puntos porcentuales de impuesto a la renta para el año gravable 2019 y tres puntos porcentuales para 2020 y 2021. Después, se instauraba que la tarifa sería del mismo 30% que las demás empresas en el país.
Sobre este tema el gremio en cabeza de Santiago Castro había explicado que la sobretasa al sector financiero era “inconstitucional e inconveniente”, así que con la caída del articulado se abre una oportunidad para que el Gobierno analice este punto que fue calificado como discriminatorio con las empresas del sector, que es uno de los que más aporta al PIB del país.
Además, Julio Rojas Sarmiento, CFO del Banco de Bogotá, explicó hace días a LR, que "el gremio no considera que está bien que se pongan impuestos orientados a que los bancos están haciendo mucha plata. El retorno está relacionado con el patrimonio invertido y nosotros estamos logrando retornos patrimoniales de 15% a 15,5%, cuando el costo de capital para el sistema financiero puede ser de 13% a 13,5% lo cual no es mucha plata, sino que es un retorno adecuado para los inversionistas que nos han acompañado”.
“Esa sobretasa de la Ley nos puede estar costando a nosotros en retorno patrimonial de entre 150 y 170 puntos básicos y nos está pegando fuertemente”.
Del asunto, el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, había expresado que era adecuado que esta norma no se incluyera ya que el sector está promoviendo la inclusión financiera y las entidades bancarias son uno de los pilares para la promoción del desarrollo a través de créditos y de irrigación de recursos para la economía. Además, explicó que debía haber igualdad tributaria, por lo que no se le podía limitar solo a unas empresas la capacidad de crecimiento.
Específicamente sobre el impacto que tendría la sobretasa en los ingresos de las entidades, Castro había entregado cuentas de que podía estar costando entre $700.000 millones y $800.000 millones. “El impacto de los costos financieros no es tan fácil calcular. Si se analiza y se suma podrían darnos cifras que sobrepasan los $3 billones, de los cuales $1 billón sería un menor recaudo fiscal”.
El directivo gremial también había sido claro en señalar que este artículo no tenía respaldo del Gobierno y además que había tenido errores de procedimiento puesto que hubo problemas en la consecutividad.
Sobre los cambios inesperados por la decisión de la Corte, Castro agregó que igual había "mucha confianza en nuestra demanda sobre ese artículo, aún si hubiera sido declarada exequible en su totalidad. Porque además, Minhacienda nunca contaba con ese recurso porque nunca le dio el aval y acompañaba nuestra posición. El hecho es que era muy probable que de todas maneras esa sobretasa no la iríamos a pagar y por lo tanto, no hay alivio derivado de la caída de la Ley".
La propuesta del Gobierno contiene 110 artículos y fue radicada con mensaje de urgencia
Menor recaudo, reducción en las tasas de crecimiento e impacto sobre la inversión, entre los efectos de la caída de la norma
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