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En 2016 se creó la modalidad que permite a las empresas usar el dinero del pago de impuesto en proyectos sociales ¿En qué vamos?
Este mecanismo cuenta con dos modalidades para la ejecución de proyectos: a través de una fiducia o convenio
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Según la ART, los principales sectores en los que se ha invertido a través de este mecanismo son el de infraestructura y transporte
El mecanismo de Obras por Impuestos es un esquema de inversión social que facilita a las empresas contribuyentes invertir una porción de sus impuestos de renta en proyectos de desarrollo en regiones con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, (170 municipios) y en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado, Zomac (344 municipios). Significa que un empresario puede pagar hasta 50% de sus impuestos de renta, no en efectivo a la Dian como se acostumbra, sino a través de obras en los municipios más vulnerables.
Se convierte en una forma de extinción de obligaciones tributarias, establecida en la Ley 1819 de 2016 y reglamentada en el Decreto 1915 de 2017, que permite la realización de proyectos de infraestructura como la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, entre otros, favoreciendo la inversión privada y social, e impactando en la calidad de vida de los ciudadanos.
De acuerdo con la Agencia de Renovación del Territorio, ART, este mecanismo cuenta con dos modalidades para la ejecución de proyectos: a través de una fiducia o convenio. La primera opción exige a los interesados ser personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que, en el año o período gravable, obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 UVT, lo que les permitirá efectuar el pago hasta de 50% del impuesto a cargo determinado en la correspondiente declaración de renta.
Para la modalidad convenio, se requieren ingresos brutos iguales a 33.610 UVT en el período gravable inmediatamente anterior, y los compromisos de inversión adquiridos en estos convenios no podrán superar 30% del patrimonio contable del contribuyente.
Según Manuel Álvarez, director de proyectos de OXi Consultoría, los contribuyentes pueden formular un proyecto o tomar uno directamente del banco de proyectos de la ART. Luego, deben presentar una serie de documentos en los cuales manifiesta su intención de vincularse al proyecto, crear una fiducia para administrar los recursos que va a depositar directamente el contribuyente, en lugar de pagarle a la Dian, y desde esa fiducia se ejecuta el proyecto.
“Aunque optimiza la ejecución de recursos públicos, todavía persisten riesgos para los contribuyentes alrededor de los imprevistos y los sobrecostos”.
“Representa una fuente de financiación de obras que, de otra forma, sería difícil ejecutar debido a las restricciones presupuestales que atraviesa el país”.
“La misma fiduciaria contrata la gerencia del proyecto, la interventoría y el ejecutor o contratista. El proyecto se ejecuta y, al ser entregado al Gobierno Nacional, se extingue la obligación tributaria del contribuyente o, bajo la modalidad alternativa, conocida como convenio, el contribuyente recibe un título valor (Título de Renovación del Territorio, TRT) con el cual puede pagar sus obligaciones de renta o bien vender a terceros para que estos paguen sus obligaciones”, señaló Álvarez.
De acuerdo con Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, los principales sectores en los que se ha invertido a través de este mecanismo son: infraestructura y transporte, con un aporte de $1 billón; seguido de educación, con más de $700.000 millones; y vivienda, por más de $206.581 millones. Según Delgado, regionalmente, los departamentos que más han empleado este mecanismo son Antioquia, Arauca, Tolima, Cauca y Casanare.
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