La responsabilidad del Gobierno con Obras por Impuestos

Ph.D.. Profesor de Economía de la Universidad de La Sabana

Para este año, el cupo aprobado para Obras por Impuestos de $1 billón corresponde al más alto desde la existencia de este mecanismo tributario. Este hecho indica el evidente interés del Gobierno en fomentar la participación del sector privado en la financiación de proyectos de infraestructura en las regiones más vulnerables del país. No obstante, el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la plena utilización de este mecanismo para alcanzar una mayor inversión en proyectos sin incurrir en deuda pública y permitir que los empresarios contribuyan a la mejora de la calidad de vida de los colombianos a cambio de beneficios fiscales.

Obras por Impuestos fue creado con la Reforma Tributaria de 2016 y le permite a los empresarios pagar parcialmente sus impuestos de renta (hasta 50%) con el financiamiento de proyectos de infraestructura seleccionados y registrados ante la Agencia de Renovación del Territorio, ART. El objetivo del mecanismo es incentivar la inversión del sector privado en las zonas afectadas por el conflicto armado y con altos índices de pobreza. Desde que entró en operación en 2018 hasta 2023, el mecanismo ha permitido destinar recursos por más de $1,9 billones a 238 municipios y se han aprobado 297 proyectos por $2,1 billones.

El Gobierno debe buscar que cada vez más empresas conozcan el mecanismo de Obras por Impuestos para ampliar su cobertura a más sectores productivos y regiones vulnerables del país. Si bien las fuentes de financiación alcanzadas con Obras por Impuestos han sabido ser aprovechadas por sectores como el de infraestructura y transporte y por regiones en Arauca, Tolima y Antioquia, el análisis realizado por la Fundación Ideas para La Paz de los datos de proyectos aprobados entre 2018 y 2022, revela que este aprovechamiento ha sido desigual a lo largo del territorio nacional.

Adicionalmente, es fundamental para el posconflicto que el Gobierno cumpla de manera oportuna y eficaz con los plazos establecidos para la evaluación de los proyectos que definen su priorización y ejecución. Recientemente, los gremios antioqueños expresaron su preocupación por 13 proyectos que tiene las empresas antioqueñas por un monto de casi $200.000 millones en sectores de educación, infraestructura y salud. El motivo es que los respectivos ministerios aún no han evaluado estos proyectos y el plazo para esto vence en febrero.

Garantizar la estabilidad jurídica de Obras por Impuestos también debe ser crucial para el Gobierno, buscando que los cambios tributarios no lo amenacen. El aumento en las tasas de autorretención y retención en la fuente para el impuesto de renta que establece el Decreto 261 de 2023, podría mermar la capacidad de las empresas para contribuir en los proyectos, ya que esto disminuiría sus recursos disponibles para financiarlos y poner en riesgo la continuidad del esquema. Si bien el significativo aumento del cupo para Obras por Impuestos refleja el compromiso del Gobierno por mantener el esquema, su intención debe estar acompañada por una mayor difusión y acceso entre las empresas, ser eficaz en la evaluación de los proyectos y buscar una unificación normativa que garantice su consolidación y aporte hacia los objetivos de desarrollo sostenible de Colombia.