Bonos de carbono, un asunto de rigor

Desde hace un tiempo para acá, más precisamente durante los últimos cinco años, el mercado colombiano ha evidenciado un marcado apetito por la carbononautralidad, aquel concepto ampliamente aceptado para referirse al mecanismo de compensación vía bonos de carbono por el cual diversas actividades económicas neutralizan el impacto que genera su ejercicio productivo en materia de gases efecto invernadero (GEI).

De esta manera, desde grandes congresos corporativos, trayectos de aplicaciones de movilidad y vuelos por reconocidas aerolíneas, hasta desarrollos inmobiliarios de reputadas constructoras e, incluso, marcas de ropa y cadenas de restaurantes, han empezado a ofrecer la carbononeutralidad como una promesa de valor hacia los miles o millones de usuarios con los que tratan diariamente.

Sin embargo, y en aras de que ofertar un sello de estos de verdad siga teniendo una connotación de auténtica sostenibilidad, vale la pena señalar cómo está actualmente constituido el esquema de verificación y validación de estas metodologías de compensación, que constituye, en últimas, la forma en la que se audita este mercado tan sensible y, en ocasiones, controversial en contextos como el nuestro.

Lo primero que hay que precisar es que los Organismos de Validación y Verificación (OVV) de gases efecto invernadero son entidades de tercera parte, es decir, son jugadores independientes que previamente han sido acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Onac), y que tienen dentro de sus responsabilidades la implementación de los requisitos de las normas ISO 14065 e ISO 14064-3.

Estos, al tener una obligación de medio más no de resultado, desarrollan una evaluación objetiva y proporcionan una declaración de validación o verificación con respecto a la declaración de GEI de la parte responsable, basada en la evidencia. Dicho esquema abarca la verificación de los requisitos de la competencia, la operación consistente y la imparcialidad de los OVV de gases efecto invernadero que operan bajo las normas mencionadas y el tipo de actividad incluidas en el alcance de la acreditación.

En el caso de Icontec, por ejemplo, que como organización privada sin ánimo de lucro y en sus 60 años de trayectoria no ha declarado proyectos que estén inmersos en procesos o reclamaciones de tipo legal, cuenta actualmente con acreditaciones y designaciones en Colombia y América Latina por parte de organismos como: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Unfccc, por su sigla en inglés), Onac, Entidad Mexicana de Acreditación (EMA); y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador (Mipro).

Adicionalmente, es de mencionar que los profesionales que ejercen la labor verificadora y validadora deben realizarse monitoreos periódicamente: evaluaciones de desempeño, retroalimentación con terceros y medición de competencias, con el fin de mantener un servicio vigente y una calidad óptima.

Aun más, porque cuando se trata de carbono, es primordial que los cálculos previos y posteriores a cada proyecto de mitigación de GEI estén ajustados correctamente en su fórmula de interpretación, en sus datos de parámetros y en la aplicación de la metodología de cuantificación que decide seguir cada proyecto según el estándar que elija (Cercarbono, Bio Carbon Registry, ColCX, Verra), para que la compensación sea lo más precisa posible.

Por todo lo anterior, justamente, es que implementar la carbononeutralidad en las empresas y los proyectos, más que un adorno a las estrategias de mercadeo o una credencial más para los brochures comerciales, es un procedimiento que exige rigor, método y, sobre todo, formación técnica.