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El Congreso de Andesco, en su edición número 26, tendrá como invitado especial a Dinamarca, en donde se tocarán los desafíos económicos y sociales del sector de servicios públicos
No tenemos miedo de hacer una ley para actualizar la 142, vemos con esperanza cualquier posibilidad de mejora, sin embargo, sí preocupa hacer leyes para bajar precios sin información técnica
Mucho se escucha decir del sector de Servicios Públicos, TIC y TV: peleas e ideologías sobre lo público y lo privado, el patrimonio de las empresas y la cobertura en el país, pero como en todo, no es la ideología lo que debe primar sino las cifras, no es con discursos como se debe convencer sino con hechos.
Lo cierto es que este sector ha tenido tres décadas de transformaciones positivas para el país con incrementos exponenciales en cobertura, calidad y continuidad.
¿Retos? Por supuesto, el máximo de todos es alcanzar la universalidad y transitar hacia procesos sostenibles de economía circular, transición energética y penetración de 5G, pero vamos por buen camino y lo que funciona no se cambia, se mejora, no se destruye.
El sector de Servicios Públicos y Comunicaciones conectó a millones de personas en los últimos años —con grandes retos en el sector rural y en lugares en los que hay ausencia del Estado—, y también contribuye a la economía con una participación del 7 % en el PIB nacional, un aproximado de 690.000 empleos y una tasa de formalidad del 76 %, superior al 45 % nacional.
En el 2023, el sector de servicios públicos fue el quinto en atracción de inversión extranjera con USD $2.339 millones y, en esta materia, ha tenido una participación promedio del 15 % en los últimos 30 años. Inversiones que hoy se ven amenazadas por la falta de seguridad jurídica y financiera que se evidencia en el país debido a los continuos anuncios contradictorios del Gobierno nacional.
Antes de la Ley 142 en 1991, el recaudo del impuesto de renta de las empresas de servicios públicos era casi 0, en el 2023 nuestro sector representó el 6.4 % del recaudo nacional con 3 billones de pesos. Lo mismo pasa con el IVA, en el 2023 se recaudaron 6 billones de pesos por parte de este sector, alrededor del 11 % del total nacional, pero en 1991 era casi nulo.
No tenemos miedo de hacer una ley para actualizar la 142, vemos con esperanza cualquier posibilidad de mejora, sin embargo, sí preocupa hacer leyes para bajar precios sin información técnica, hacer leyes para resolver problemas coyunturales y hacer cambios que desconozcan el gran camino que se ha recorrido hasta ahora.
La memoria colectiva pareciera ser de corto plazo, tendemos a creer que los recursos son infinitos y ningún ciudadano se visualiza sin los servicios con los que cuenta hoy.
Pocos recuerdan cómo eran las ciudades hace 20 o 30 años, pero estas posibilidades siempre están a la vuelta de la esquina si se toman las decisiones equivocadas, basta ver experiencias de países vecinos donde ha pasado lo mismo y ahora tienen cortes de energía o agua de varios días.
Preocupa de sobremanera la seguridad en el país, preocupa que siguen sin entrar proyectos de energía eólica y solar, la falta de condiciones para operar, las licencias ambientales que no salen, la toma de decisiones sin fundamentos y la estigmatización del sector privado.
Necesitamos especial atención sobre varios puntos: las reservas probadas de gas que sólo cubrirán los próximos 6 años, lo que insta a aumentar la exploración, explotación y la oferta disponible actual de
este hidrocarburo esencial para la transición; la falta de nombramientos en propiedad de los comisionados de la CREG y CRC; los incentivos perversos en el aprovechamiento de residuos; la extensa regulación y graves exigencias tributarias para el sector TIC; sobre todo preocupa el gran atraso que podemos tener en el país si no solucionamos estos temas con diálogo y tecnicidad.
Colombia necesita buenas noticias y dar un giro positivo entre tanta incertidumbre, porque lo que funciona no se cambia. Y como lo hemos repetido: mejores decisiones hoy, aseguran servicios públicos mañana.
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