El poder de la redistribución

Todos apostamos por un país en donde las personas puedan acceder a bienes y servicios que acorten sus brechas. Buscamos caminos para que 54% de nuestros trabajadores vulnerables cruce la línea y se consoliden como clase media. Esto es lo que hacemos para 21 millones de personas.

Para dimensionar el impacto no podemos dejar de lado las cifras, veamos entonces: contamos con 10,3 millones de trabajadores afiliados, de los cuales 7,7 tienen un salario entre $1 millón y $2 millones. Estas personas dejan de ser prioritarias en la focalización de subsidios y ayudas del Estado debido a que técnicamente cuentan con ingresos derivados de una relación formal de trabajo. Sin embargo, esta situación no garantiza que salgan de las condiciones de pobreza, porque es necesario analizar e involucrar las condiciones de los hogares en su integralidad.

Me gustaría destacar que el aspecto más importante y menos conocido del Sistema de Compensación Familiar es su indiscutible capacidad redistributiva.

Vamos a la otra cara de nuestra conversación, las empresas: 5.000 empresas grandes (que equivalen a 0,7% del total) aportan 57% de los recursos de la Compensación Familiar; 16.000 empresas medianas (2,4% de total de empresas cotizantes) aportan 16% de la prestación. Al sumar estos dos actores encontramos que es 73% de los aportes al Subsidio Familiar, que se irrigan en los trabajadores de 661 empresas micro y pequeñas empresas, que corresponden a 97% del total de empresas formales en el país.

La ecuación es sencilla, las empresas grandes -que son pocas- subsidian a las micro y pequeñas empresas, que son la gran masa, de forma tal que sus trabajadores de menores ingresos son quienes reciben más beneficios. Así funciona la compensación.

Esta realidad implica también que esto se replique en el campo salarial, quienes tienen mayores sueldos subsidian a los trabajadores con ingresos más bajos, y un dato clave es que solamente 600.000 personas en Colombia ganan más de $10 millones. Los aportes que se realizan por trabajadores sin cargas familiares benefician a aquellos trabajadores que asumen mayores responsabilidades familiares.

Nuestro Sistema contribuye también al financiamiento de la atención de población vulnerable no formal que se encuentra por fuera de la relación laboral en los sectores de salud y educación, gracias a los aportes que realizan las empresas. Por ejemplo, para este año, proyectamos destinar $686.000 millones al soporte del Régimen Subsidiado de Salud y $392.000 millones a la atención de niños, niñas y adolescentes en Jornadas Escolares Complementarias y en el marco del Programa de Atención a la Primera Infancia. Estamos hablando de $1 billón que se destina a la población vulnerable.

Ahora bien, en el marco de las discusiones tributarias que se están llevando a cabo en el contexto de la propuesta de reforma presentada por el Gobierno Nacional, es relevante mencionar que los aportes que realizan las empresas privadas al sostenimiento del Sistema están sujetos a la posibilidad de deducción tributaria cuando se declara renta. Esto significa, que, si bien nominalmente los empleadores aportan 4% de sus nóminas, su aporte efectivo después de deducción es de 2,7% sobre el valor de su nómina (1,3 puntos menos). En términos prácticos, en lugar de pagar $480.000 al año por un trabajador que gane un salario mínimo, terminará cancelando $312.000 correspondientes a 2,7% sobre ese salario mínimo por un año, lo cual significa una diferencia de $168.0000 a favor del empleador.