Este es el antes, el durante y el después en la nueva reforma tributaria

La Ley de financiamiento que presentó el Gobierno Nacional, en cabeza de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, comenzó como una iniciativa de 87 artículos con ocho grandes pilares. De estos, en los últimos días se han derrumbado varios de los sostenes de la propuesta. Las principales mutaciones que ha tenido el proyecto están en las modificaciones del impuesto al valor agregado y el aumento al impuesto sobre el patrimonio.

Esta incertidumbre en el debate ha generado cierta preocupación en algunos gremios y empresarios. Para Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, “el debate que se está dando nos está llevando a los escenarios del pasado: una reforma tramitada a las carreras, sin sustento técnico y sin pensar en los grandes problemas del país que tenemos que resolver”.

Propuesta del IVA
En la propuesta inicial, radicada con el Proyecto de Ley 197 de 2018, se establecieron diferentes medidas para modificar el impuesto de valor agregado. La primera variación consistía en extender el IVA a 80% de los productos de la canasta familiar. Con esto buscaban establecer una tasa unificada de 19% a esta clase de productos. La medida también planteó reducir el porcentaje a 17% en 2020. Con la medida se buscaba aumentar la tasa de tributación a 80% de los productos de la canasta familiar.

Todos los sectores políticos se unieron contra esta propuesta, la cual calificaron como dañina para los ingresos de la clase media. Hernando Arana, congresista del Partido Conservador y ponente de la nueva propuesta, aseguró que “el IVA no se va a tocar, la propuesta anterior no era conveniente para el consumidor final, por eso, en un consenso de todos los partidos, decidimos quitarla de la nueva propuesta”.

Richard Aguilar, senador del partido Cambio Radical y ponente de la ley de financiamiento, dijo que en la ponencia se mantendrá la exención a los productos que fueron listados en el proyecto de reforma. También afirmó que “estamos estudiando la posibilidad de gravar nuevos bienes”. Lo que es seguro es que no se modificará la tasa sobre el impuesto de valor agregado y que la canasta familiar seguirá exenta de este tributo.

Otra de las reformas que se establecieron en este impuesto particular fue la de cambiar la forma de tributación para bebidas y cervezas. Ante la caída de la ampliación de la base gravable de este impuesto, el Gobierno presentó la creación de un impuesto plurifásico, el cual se cobraría a toda la cadena productiva de las bebidas no alcohólicas. Con esta medida se pretende aumentar el recaudo en $1 billón anual. La propuesta del IVA plurifásico fue aprobada por la mayoría de los congresistas ponentes.

Renta a persona naturales
El segundo pilar de la reforma buscaba establecer una tarifa única del impuesto sobre la renta a las personas naturales. Gracias a ello, se ampliaría la base de tributación para las personas que residan en Colombia.
Por consenso, los ponentes de la iniciativa establecieron una serie de tarifas progresivas que se destinarían a las personas cuyos ingresos sean superiores a los $40 millones. Para estas personas se establecería un impuesto de 35%, el cual aumentaría progresivamente. Las personas con ingresos mayores a $50 millones, pagarán 37% y aquellas personas que tengan ingresos superiores a los 105 millones, responderán por un impuesto del 39%.

Los ponentes también acordaron realizar un mayor recaudo por unificación de cédulas e incrementar el tema de las tarifas marginales.

Renta a personas jurídicas
Este es uno de los puntos que sigue tomando fuerza dentro de la ley. En el texto inicial se estableció una reducción progresiva del impuesto sobre la renta dirigido a las personas jurídicas que realizan sus actividades comerciales y productivas en el país. La propuesta es reducir, anualmente, la tasa del 33% hasta llegar a 30%.

El senador Aguilar dijo que “también estamos discutiendo reducir los montos mínimos de inversión, principalmente en los campos del agro y de la economía naranja. Nuestra propuesta es reducirlos a la mitad, pasando de $828 millones a $414 millones en proyectos de economía naranja”.

Dividendos
La propuesta inicial buscaba cobrar una tarifa de 5% a las personas que tuviesen un rango de ingresos entre $20,2 millones a $34,2 millones. La tarifa sería progresiva y se cobraría un impuesto de 10%, para las personas que tuviesen ingresos de $34,2 millones en adelante.

Gracias a una propuesta de la Alianza Verde, se estableció una tarifa de 15% para los dividendos superiores a $10.300.000. “Esta fue una medida que se cayó en 2006, cuando el Gobierno de ese entonces buscó gravar las remesas empresariales”, aseguró Miranda.

En la ponencia se implementaría una tarifa de 7,5% para el giro de utilidades al exterior. Con estas medidas, la ley busca un recaudo anual de $821 millones.

Pensiones
La propuesta inicial del Gobierno buscaba gravar las pensiones cuyo monto mensual fuera de $4,8 millones. También buscaba establecer una tarifa de retención en la fuente de 30% para las personas que tuviesen ingresos pensionales superiores a $5,5 millones mensuales.

“Las pensiones no se tocan” dijo el representante conservador Hernando Arana, también aclaró que “este fue uno de los puntos en los que, indiscutiblemente, todos los partidos nos pusimos de acuerdo para eliminarlo del articulado que se presentará con la ponencia”. Gracias a este consenso político, se derrumbó otro de los pilares contemplados por el Gobierno en la ley de financiamiento.

Impuesto al patrimonio
La ley propuso crear un impuesto al patrimonio líquido para las personas que tuviesen un patrimonio superior a los $3.000 millones. Este era uno de los principales planes subsidiarios al tema del IVA que había contemplado el

Gobierno con su reforma.
Con la nueva ponencia se realizó una modificación en este escenario. Los ponentes acordaron establecer el cobro para las personas que tengan un patrimonio líquido fijo superior a los $5.000 millones. La tarifa de recaudo será de 1,5%. La medida también descontará los primero $463 millones de la vivienda principal de la persona que pague el tributo. Según los estudios de la propuesta, con esta medida se pretenden recaudar $1.200 millones.