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Conozca cómo es la tributación actual en Colombia para las empresas y personas naturales de cara a la nueva Ley de Financiamiento que prepara el Gobierno.
No hay riesgo de perder grado de inversión.
Uno de los efectos macroeconómicos que suelen tener a corto plazo las reformas tributarias, especialmente las que ajustan la estructura tarifaria del IVA, es la aceleración de la inflación, lo que golpea directamente el bolsillo de los hogares. Como la ley de financiamiento que se debatirá en el Congreso en los próximos meses no es la excepción, tanto analistas como entidades financieras han proyectado que si se aplica una tarifa unificada de IVA de 18% a 80% de los productos de la canasta familiar, incluidos aquellos que hoy están exentos, excluidos o tienen una tasa de 5%, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría elevarse el próximo año hasta en 4 puntos porcentuales.
Esa situación conduciría a que en 2019 la inflación se podría ubicar de un solo golpe en 7%, una proyección muy alejada al IPC anual de 3,33% de octubre o de la meta de largo plazo de 3% que mantiene el Banco de la República. Lo que más preocupa de este panorama a los analistas es el posible impacto negativo que sufriría el consumo privado y, por ende, el crecimiento de la economía.
“Calculamos que el IVA a la canasta familiar podría impactar entre 3 y 4 puntos porcentuales en la inflación. Eso significa que el IPC podría aumentar de una sola vez a 6% o 7%”, indicó Luis Fernando Mejía, nuevo director de Fedesarrollo en reemplazo de Leonardo Villar.
Según cálculos de Bancolombia, sin contemplar el impulso adicional que podría venir el próximo año por el ajuste real del salario mínimo y del cambio normal en las expectativas, si se aprueba la ley de financiamiento se podría incrementar la inflación entre 0,92 y 3,51 puntos porcentuales en 2019, lo que llevaría a situar al IPC anual en 4,4% al finalizar el año. En total, esta entidad financiera proyecta que la expansión del PIB durante el próximo año pasaría de 3,18% a 3,05%.
Sobre este tema, Carolina Monzón, jefe de análisis económico de Itaú en Colombia, proyectó que si ley de financiamiento se aprueba con extensión del IVA a la canasta básica como está planteado a la fecha, el impacto completo sobre los consumidores podría representar un aumento de la inflación de hasta 200 puntos básicos.
“Sin embargo, teniendo en cuenta un escenario de crecimiento inferior al potencial, el impacto estimado sería de la mitad, siendo cercano a los 100 pbs. Mantenemos nuestra estimación de IPC de 3,2%, a la espera de conocer los artículos finalmente aprobados”, aseguró la experta.
Por su parte, Banco de Bogotá estima que el impacto sobre la inflación del ajuste del IVA podría ir hasta 3,1 puntos porcentuales. Sin embargo, con la exclusión de algunos alimentos solo sería de 0,6 pp. “El resultado definitivo probablemente será un punto intermedio entre estas estimaciones, pues además de los productos que se incluyan, se debe considerar el efecto de la menor demanda por el aumento de precios”, indicó Gustavo Acero Ramírez, analista de la entidad financiera.
Adicionalmente, el ajuste de impuestos podría tener consecuencias para la política monetaria y el Banco de la República tendría que balancear un año más entre una inflación por encima de su rango meta de 3% y una economía que podría mantener unas tasas de crecimiento inferiores al potencial.
“Seguimos esperando que el primer aumento de tasas se dé en abril, pues en el primer trimestre sería poca la información que tendría el banco central para tomar la decisión de mover las tasas de interés. Esto se mantiene sin cambios frente al escenario sin ley de financiamiento. Sin embargo, antes preveíamos un aumento de solo 50 puntos básicos a lo largo de 2019 (y otros 50 pb más en 2020), y ahora consideramos que dicho ajuste podría de ser de +100-150pb en 2019, es decir, una senda de ajustes más acelerada”, argumentó Acero.
Meta de déficit fiscal
Además de cubrir el faltante de $14 billones del Presupuesto de 2019, la ley de financiamiento del Gobierno de Iván Duque es necesaria para cumplir la meta de déficit establecida en la regla fiscal, una condición necesaria para que las principales agencias calificadoras de riesgo como Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s mantengan el grado de inversión a Colombia.
Después de revisar el articulado de la propuesta que radicó el Gobierno en el Congreso, dos de ellas le dijeron a LR que este proyecto sí cumpliría con las metas establecidas. Recordemos que el Marco Fiscal de Mediano Plazo prevé un déficit total del Gobierno nacional de 3,1% del PIB para 2018 y de 2,4% en 2019. Además, establece que el total y el estructural deben converger en 1% que a partir de 2027.
“Pensamos que el Gobierno puede llegar a cumplir la meta de déficit fiscal con esta reforma. Sin la ley de financiamienro, tendría que recortar gastos en el presupuesto. Respecto al impacto inflacionario del IVA, este será negativo pero transitorio, como el que tuvo el año pasado, debido a la tributaria de 2016 ”, aseguró Richard Francis, director encargado de la calificación Soberana de Colombia.
Por su parte, Samar Maziad, vicepresidente de la agencia calificadora Moody’s, manifestó que reducir el déficit fiscal sin ingresos adicionales sería un desafío. “La expansión del IVA para incluir productos alimenticios probablemente llevará a algunas presiones inflacionarias en los próximos 12 meses. La decisión del banco central de elevar las tasas dependerá de sus pronósticos de inflación y expectativas inflacionarias. También hay otros factores que afectan el pronóstico de la inflación, como la tasa de crecimiento económico y el movimiento del tipo de cambio”, indicó.
Aunque las calificadoras no ven con malos ojos el proyecto, de acuerdo con Anif, la aplicación de la iniciativa legislativa no tendría un impacto determinante sobre el incremento del recaudo de la Nación. Además, en 2020 no incrementaría su ingreso y para 2021 el Gobierno empezaría a perder 0,7% del recaudo.
Medida vendrá acompañada del nuevo impuesto de normalización tributaria
El contralor alertó que se necesitan más que los $14 billones de la ley de financiamiento.
Las críticas se concentran en sectores del agro y de la construcción.