Conozca cómo pagan sus impuestos las zonas francas y las fundaciones

Con el propósito de que la economía colombiana vuelva a crecer a su ritmo potencial de 4%, el presidente Iván Duque ha prometido que en la ley de financiamiento que elabora el Gobierno incluirá un paquete de beneficios tributarios que no solo disminuirán las tarifas efectivas de tributación que hoy pagan las empresas, sino que también darían incentivos específicos a la pequeñas y medianas empresas (Pyme), a las industrias creativas y a las inversiones del agro.

Por ejemplo, los emprendimientos culturales, creativos y digitales de la denomina economía naranja que generen empleo estarían exentos del impuesto de renta durante cinco años. Además, este beneficio se extendería hasta por una década para las actividades en las zonas rurales del país.

“Los incentivos tributarios representan un factor estratégico que promueve la inversión en los emprendimientos culturales y creativos, y un estímulo para ampliar la oferta cultural para el disfrute de la ciudadanía”, le dijo a LR María Claudia López, secretaria de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito.

Adicionalmente, el director de la Dian, José Andrés Romero, aseguró en un conversatorio de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), que los beneficios de las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) serán replanteados porque no se profundizaron lo suficiente para que pudieran ser aplicados y que se planteará la posibilidad de descontar el IVA en la importación de todo tipo de maquinaria.

No obstante, estos incentivos no son nuevos pues el sistema tributario colombiano contempla varios tipos de beneficios como los concedidos en el impuesto sobre la renta o en el IVA con el objetivo de estimular determinados sectores de la economía. En ese sentido, los tratamientos más utilizados suelen ser las tarifas diferenciales, las deducciones, las rentas exentas, el tratamiento para las zonas francas o los descuentos, entre otros.

Sin embargo, si bien la concesión de estos incentivos ayuda a generar empleo, desarrollar las regiones o fomentar la inversión; al mismo tiempo, abre un debate sobre si son justificados o no, debido a que generan menores recursos para las arcas públicas. De hecho, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018, el costo fiscal de los beneficios tributarios utilizados por las personas jurídicas en materia de renta representó 0,7% del PIB el año pasado, siendo las rentas exentas las que más le cuestan al Estado con 0,4% del PIB.

“Existen más de 230 beneficios tributarios. El problema es que algunos no se están utilizando como un mecanismo de generación de empleo ni de inversión en el país. Realmente, deberían ser una contraprestación para el Estado y las autoridades tendrían que evaluarlos”, manifestó el economista Mario Valencia, integrante de la Red de Justicia Tributaria.

Beneficios de las zonas francas

Se trata de áreas geográficas delimitadas dentro del territorio colombiano donde las empresas instaladas allí gozan de una serie de beneficios en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior, lo que les permite potenciar su actividad nacional e internacional. Según la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Andi, al cierre de 2017 había 112 zonas francas, repartidas en 19 departamentos y 64 municipios del país. En total, estas generaron el año pasado una inversión de unos $43 billones y emplearon a 307.447 personas.

Entre los beneficios tributarios que tienen las empresas de estas zonas destacan algunos como el de pagar una tarifa especial de renta de 20%, que están exentas del IVA para materias primas, insumos o bienes del territorio nacional; que tienen la libertad de repatriar sus utilidades; o que pueden acceder a financiación por parte de sus proveedores sin la necesidad de constituir un depósito.

Por su importancia como motor de desarrollo en las exportaciones locales, Duque recalcó en el pasado Congreso de Analdex que su idea es seguir impulsando estas áreas para potenciar la competitividad del país de cara al exterior. Anteriormente, en su época de aspirante presidencial, el mandatario propuso que las centrales de acopio y abastos de alimentos también tuvieran un régimen similar para mejorar las condiciones de los pequeños y medianos productores.

“Colombia es solo 2% del comercio mundial. Sin zonas francas, el país no es viable para atraer a inversionistas internacionales. Nuestro reto es nivelarnos con Estados Unidos o México, por no hablar de las zonas de países como Costa Rica o Panamá que tienen tasas 0%”, opinó el abogado tributarista Martín Ibarra, presidente de Araujo Ibarra.

La normatividad de las Esal

Las Entidades Sin Ánimo de Lucro (Esal) son otras de las que se benefician actualmente de un régimen especial. En concreto, tras la Reforma Tributaria de 2016 se obligó a las 193.070 fundaciones, asociaciones o corporaciones del país a realizar una solicitud de permanencia para ver cuáles de ellas merecían seguir recibiendo un tratamiento impositivo especial en materia de renta de 20%. Sin embargo, solo 26.904 entidades diligenciaron los documentos necesarios para normalizar su situación en las fechas establecidas.

Este proceso de depuración liderado por la Dian se llevó a cabo por los abultados misteriosos ingresos que obtuvieron algunas de estas Esal en años anteriores. Estas entidades, que se estima que mueven alrededor de 15% del PIB del país, contrario a lo que se podría pensar si pagan el resto de impuesto como IVA o retefuente, entre otros.

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Los combos del Gobierno para conseguir recursos
Entre las alternativas para obtener los $14 billones faltantes del Presupuesto para 2019 que ha barajado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se encuentran la ampliación de la base para el cobro del IVA, el aumento de la tarifa del impuesto de renta para las personas naturales y la disminución de este mismo impuesto directo para las jurídicas.

En concreto, para sondear la opinión de los diferentes congresistas, que serán los que tendrán que dar luz verde a este proyecto, esta cartera presentó hace unas semanas tres diferentes combos que tiene el Gobierno para conseguir dichos recursos. Lo que más recaudaría sería mantener el IVA a 19% y ampliar la canasta.