Ley de financiamiento no alcanza para mantener grado de inversión a largo plazo

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, inició hace tres meses su segundo round al frente de la cartera con la siguiente advertencia: Colombia necesita realizar de “manera urgente” un proceso de ajuste para poder cumplir en 2019 la meta de déficit fiscal establecida en 2,4% del PIB. Es decir, que la Nación gasta más dinero del que recauda y debería reducir sus números rojos si quiere conseguir un buen manejo macroeconómico y mantener la calificación soberana en grado de inversión.

Para reducir esa presión, lo más urgente era tapar el hueco de $14 billones de inversión social del Presupuesto de 2019, pues a pesar de que se aprobó en el Congreso por un valor de $259 billones, estaba desfinanciado. Por ello, en vez de una reforma tributaria el ministro Carrasquilla radicó en el Legislativo una ley de financiamiento que busca los recursos suficientes para atender a los gastos del Gobierno para el próximo año. Estos rubros adicionales contemplan programas sociales como Familias en Acción o el Programa de Alimentación Escolar, entre otros.

Sin embargo, una vez planteado el proyecto de ley, que iniciará su debate hoy en el Congreso, hay disparidad de opiniones sobre si realmente servirá para mantener el grado de inversión de Colombia a largo plazo o dentro de 24 meses el gobierno de Iván Duque se verá obligado a radicar una nueva reforma tributaria que le permita incrementar el recaudo.

En términos generales, tanto analistas como entidades financieras coinciden en que la ley es necesaria para hacer viable la regla fiscal en los años siguientes. Esta establece que el Gobierno debería reducir su déficit del actual 3,1% a 2,4% en 2019; 2,2% en 2020; 1,8% en 2021; y 1,5% en 2022. No obstante, la discusión se centra en si el proyecto ayudaría a cubrir las necesidades del próximo año o cumpliría también las metas de déficit de los años posteriores.

Al menos para 2019, las calificadoras de riesgo sondeadas por LR están tranquilas con el proyecto de ley de financiamiento que planteó el Gobierno y que tiene como columna vertebral gravar a 80% de los productos de la canasta familiar con un IVA unificado de 18%. Según ellas, el proyecto sí ayudará al Gobierno a alcanzar un déficit de 2,4% para el próximo año.

“Con esta reforma, el Gobierno puede llegar a cumplir la meta de déficit fiscal. Sin embargo, sin la ley se tendrían que recortar gastos en el Presupuesto. El proyecto tendrá un impacto negativo en la inflación pero transitorio, como el que tuvo el año pasado, debido a la tributaria de 2016 ”, aseguró Richard Francis, director encargado de la calificación Soberana de Colombia de la calificadora Fitch Ratings.

La misma opinión compartió Samar Maziad, vicepresidente de la agencia calificadora Moody’s, quien manifestó que si bien la ley ayudará a cumplir la meta, si los ingresos se llegaran a quedar cortos se espera que se reduzcan los gastos. “Sería un desafío reducir el déficit sin ingresos adicionales. La expansión del IVA para incluir productos alimenticios probablemente llevará a algunas presiones inflacionarias en los próximos 12 meses. También hay otros factores que afectan el pronóstico de la inflación como la tasa de crecimiento económico y el movimiento del tipo de cambio”, indicó.

Sin embargo, como ha advertido el centro de estudios Anif o algunos bancos como Bancolombia, la ley de financiamiento no cumpliría con la senda decreciente de déficit estructural a mediano plazo.

De acuerdo con Anif, la regla fiscal del periodo 2019-2022, sería difícil de cumplir. Por un lado, la meta de déficit del Gobierno requeriría generar un recaudo adicional mínimo de 1,5% del PIB y del otro debería generar un “colchón” adicional de ahorro fiscal como resultado de los mayores precios del petróleo y del mayor crecimiento del PIB.

En concreto, según Sergio Clavijo, director del centro, la reducción de la tasa general del IVA de 19% a 17% y la baja de la tasa corporativa de 33% a 30% reducirían el recaudo. De este modo, solo se incrementaría el recaudo total en +0,2% del PIB en 2020. Incluso, podría caer en -0,1% del PIB para 2020, dejando una relación recaudo/PIB en apenas 13,5%. Más allá, Anif estima que en 2022 se tendrían pérdidas 0,7% del PIB.

“Por este camino, Colombia estaría en la ruta de perder pronto su grado de inversión. Lo que requiere el país en la coyuntura tributaria actual es apuntarle a incrementar el recaudo en al menos 1,5% del PIB”, revela Anif. Para allegar estos recursos el centro indica que la ley de financiamiento debería dejar inalterada la tasa corporativa en 33%, elevar el gravamen del IVA de las posiciones que están en 0% y 5% hacia 19% (pero sin entrar gravar 30% de la canasta básica que hoy está exenta); gravar a tasas bajas de 1%-2% a los contribuyentes de ingresos de $4 millones al mes.

Por su parte, Bancolombia establece que la ley lograría cubrir el faltante de recursos y permitiría cumplir con la meta de déficit de 2,4% del PIB. No obstante, los recursos adicionales obtenidos a partir de 2020 se reducirían de forma sustancial, por lo que el proyecto sería insuficiente para garantizar la observancia de las metas. La entidad bancaria estima que en el mediano plazo el esfuerzo de ajuste adicional superaría el 1,5% del PIB.

“De no aprobarse, el país se expondría en 2019 a dos disyuntivas: cumplir con la regla fiscal, en cuyo caso se produciría un fuerte ajuste del gasto público que impactaría la actividad productiva. Alternativamente, no se observarían las metas de déficit fiscal, lo que expondría al país a un escenario de estrés financiero. Es evidente que estos dos escenarios son indeseables”, indica un documento de la entidad bancaria.

Todo esto se proyecta a pesar de que el proyecto no tiene información detallada de los efectos de mediano plazo, para el tema fiscal hacemos estimaciones para más allá de 2019. “No sabemos qué impacto tendrá en la meta de déficit fiscal porque en la exposición de motivos de la ley, solo están establecidas las proyecciones para 2019”, indicó el nuevo director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

¿Cómo será el proceso?
En busca de cubrir ese desbalance, el Gobierno inició ayer la discusión del proyecto con una reunión entre los coordinadores y ponentes de este proyecto de ley y el ministerio de Hacienda. Algunos de los ponentes elegidos del proyecto serán Iván Marulanda, del partido Alianza Verde; Gustavo Bolívar, de la Coalición Lista de la Decencia; David Barguil, del Partido Conservador; Richard Alfonso Aguilar Villa, de Cambio Radical; Aida Avella, de la Unión Patriótica; Katherine Miranda Peña, de Alianza Verde; John Milton Rodríguez, del partido Colombia Justa Libres, o Juan Sammy Merheg, del Conservador. Asimismo, entre los coordinadores están algunos como Rodrigo Villalba Mosquera, del Partido Liberal, o Fernando Araújo, del Centro Democrático.

De este encuentro, se concluyó que el próximo 28 de noviembre se tendrá que aprobar el proyecto de manera conjunta en las Comisiones Económicas tanto de Senado como de Cámara. Además, para el dos de diciembre ya tendría que estar en debate en Cámara o Senado.

Igualmente, los ponentes firmaron una proposición para eliminar el artículo de la ley que delimita la ampliación del IVA a la canasta. Recordemos que actualmente solo 53% de los bienes y servicios de la canasta de consumo están gravados con un IVA de 19%: 31% está excluido; 6,6% está exento, otro 6,6% tiene una tarifa de 5%; y 2,8% restante corresponde a impoconsumo. La idea de gravar la canasta será lo más difícil de aprobar del proyecto. Incluso, el Centro Democrático descartó esta propuesta.

Por ejemplo, entre las propuestas de la representante Katherine Miranda para alcanzar el faltante de $14 billones sin gravar a 80% de los productos de la canasta familiar está la idea de incrementar el impuesto a las herencias desde un tope establecido. “El impuesto a las herencias apenas paga 10% en Colombia mientras que, en países como Corea del Sur, la herencia alta paga hasta 55%, lo que en el mediano y largo plazo genera equidad”, indicó.

Igualmente, propone revivir el impuesto de renta para el decil más rico y el tributo a las remesas empresariales eliminado en 2006, particularmente del sector minero energético y de los capitales que no se quedan a reinvertir en el país.

Finalmente, y más allá de las cuentas fiscales, de acuerdo con los expertos, la ley de financiamiento también podría elevar la inflación el próximo año hasta en 4 puntos porcentuales. Esa situación conduciría a que en 2019 el IPC se podría ubicar en 7%. Esa proyección se encuentra muy alejada a la inflación anual de 3,33% de octubre o de la meta de largo plazo de 3% que mantiene el Banco de la República.