Ley de financiamiento del Gobierno de Duque divide opinión de gremios

Aunque los principales líderes gremiales del país coinciden en que la ley de financiamiento que radicó la semana pasada el Gobierno busca reactivar la economía a través del alivio tributario a las empresas, algunos como los agricultores o los constructores siguen defendiendo la idea de que gravar 80% de los productos de la canasta familiar con un IVA de 18% para 2019 y de 17% para 2020 frenaría el consumo de los hogares y resentiría el aparato productivo.

Con el objetivo de resolver tanto esta como el resto de inquietudes de los sectores sobre esta iniciativa legislativa, el presidente Iván Duque acordó el miércoles en un encuentro con los miembros del Consejo Gremial abrir un espacio de discusión para analizar otras posibles alternativas que permitan financiar el faltante de $14 billones en el Presupuesto de 2019. Y es que como con la propuesta de unificar la tarifa de IVA el Gobierno espera recaudar $11,3 billones, si se decidiera no incluir se tendrían que buscar otras vías.

En líneas generales, los gremios están de acuerdo en que la disminución gradual del impuesto de renta hasta llegar a una tarifa de 30% en 2022 mejora la competitividad, en que la propuesta de un Régimen Simple favorece la formalización empresarial y en que descontar 100% del IVA a los bienes de capital atraería mayor inversión. Sobre todo, estas medidas son vistas con buenos ojos por algunos gremios como Andi, Fenalco, Acoplásticos o Acopi, entre otros.

“Hemos afirmado que la ley de financiamiento hay que verla integralmente y a la luz de las necesidades y ajustes que debe hacer el país en materia de equilibrio fiscal, competitividad, generación de empleo, equidad, lucha contra la pobreza, lucha contra la informalidad, poder adquisitivo del consumidor, financiación de los compromisos derivados de los acuerdos de paz, actividad económica en el corto plazo y crecimiento económico en el mediano y largo plazo”, le dijo a LR el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

En concreto, para Pedro Marún Meyer, presidente de Fenalco, la reducción de la tarifa que asumen hoy en día las empresas ayudaría a generar empleo y fomentar la inversión extranjera y a mejorar la competitividad del país. Sin embargo, el gremio considera que la idea de unificar la tarifa de IVA podría tener como efecto el aumento de la evasión de impuestos y la desaceleración del consumo en el mercado formal, algo que profundizaría la desigualdad en la competitividad entre el sector formal e informal. “Desde Fenalco creemos que el Gobierno también debe continuar con la búsqueda de otro tipo de alternativas como más austeridad, posibles enajenaciones y eficiencia en el gasto público”, indicó.

Por su parte, Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, gremio de los productores de caucho y plástico, afirmó que si bien el IVA de algunos productos de la canasta familiar que hoy están exentos o excluidos podría afectar al sector, los beneficios que se contemplan en la norma son superiores. “El IVA podría contraer el consumo de algunos artículos básicos que son empacados. Sin embargo, esta ley promueve la inversión y ayuda a reducir la informalidad. Nos parece un proyecto estructural y ambicioso. Especialmente, destacamos la reducción del impuesto de renta, la disminución gradual de la renta presuntiva y la deducción del IVA en bienes de capital. Es un mensaje importante para que las empresas inviertan en maquinaria y que desarrollen inversiones productivas en nuevas plantas”, manifestó.

Asimismo, Rosmery Quintero, presidenta nacional de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), destacó la creación del Régimen Simple, un sistema que reemplazaría al monotributo y que incluiría a empresas que facturen hasta $2.800 millones. “A parte de ser un tributo que integra a varios, va a ser más económico. No solo hay que pensar en los 1,6 millones que se quieren formalizar con este esquema, sino que también permitiría que otras microempresas puedan acogerse”, resaltó.

Respecto al proyecto de crear un mecanismo de compensación bimestral del IVA para la población de menores ingresos (unos 4,3 millones de hogares) con un pago de unos $51.300 al mes, Quintero aseguró que esa no sería una solución adecuada. “Estamos convencidos de que la clase de ingresos bajos se vería afectada si se grava el IVA. Personalmente, le dije a Duque que no podemos seguir incrementando el número de subsidios en el país. Lo que yo propondría es que en vez de devolver el IVA con dinero, se lo devolveríamos con una tarjeta que les dé acceso gratis al transporte masivo, a salud de calidad o una alta educación”, dijo.

En particular, las palabras del presidente del Consejo Gremial y también de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, a la salida de su reunión fueron satisfactorias. “La reforma es virtuosa, le conviene al país. Los principios de progresividad, formalización y crecimiento económico que se persiguen se pueden cabalmente realizar. La meta de recaudo es también importante en la medida que sirve para sustentar buen parte del gasto público social”, declaró ante medios.

Sin embargo, cabe destacar que algunos de los gremios del agro que anteriormente habían mostrado su oposición a la idea de gravar el IVA de los productos básicos como es el caso de Fenavi o la SAC, se mostraron más calmados a la salida del encuentro y aseguraron que se están buscando alternativas de forma conjunta a nivel intergremial.

Por su parte, el presidente de Asocolflores, Augusto Solano, aseguró que la ley de financiamiento afecta el flujo de caja de las exportaciones de flores, pero si se logra que las devoluciones del IVA sean rápidas, se puede asumir el cambio. “El Gobierno propone gravar con IVA la canasta familiar de las personas con mayores ingresos. Estoy de acuerdo con eso. Es muy difícil encontrar sustitutos a esta propuesta pues la base de los que pagan los demás impuestos es muy reducida y ya asumen impuestos muy altos”, aseveró.

El presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie, indicó que al ponerle IVA a los bienes agroalimentarios con poca o nula transformación se corre el alto riesgo de trasladar su demanda del comercio organizado a las plazas de mercado, incrementando su informalidad. “En la carne y la leche, por ejemplo, hoy 70% y 50% es mercado informal. Al gravarlas con IVA, muchos más consumidores preferirán las plazas de mercado. Esto agravará aún más la situación de informalidad”, declaró.

También Javier Ardila, presidente del gremio de los productores de leche, Analac, declaró que sería “lamentable” gravar el producto que ellos representan. “Estamos en total desacuerdo con la propuesta”, sentenció.

Del lado de los constructores, otros que también habían realizado críticas a la ley de financiamiento, Sandra Forero, presidenta de Camacol, dijo que la tarifa de IVA de 18% podría generar un enorme impacto para ese mercado. “La vivienda siempre ha estado excluida de IVA. El Estatuto Tributario actual grava la vivienda de más de $888 millones (26.800 UVT) con 5%. El proyecto propone una tarifa de 18%, lo cual vemos que puede generar un enorme impacto para ese mercado y un desincentivo para los hogares compradores de ese segmento de actividad”.

FMI apoya la norma
Una buena noticia para el Gobierno fue que ayer el economista Hamid Faruqee, jefe de Misión para Colombia en el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), dio un espaldarazo a la ley de financiamiento al considerarla “coherente con las recomendaciones de política económica” realizadas por este organismo en los últimos años.