Ley de financiamiento: la verdad inconveniente

A propósito de la ley de financiamiento es mucha la tela que hay por cortar. Lo cierto del caso es que pareciera ser una realidad. Calificar esa realidad como conveniente o no será otro asunto de discusión que tendrá más un tinte tertuliar. El asunto realmente importante es si esta reforma tributaria, puesta en términos de ley de financiamiento, realmente da respuesta a lo que el Estado necesita: una reforma estructural. Puesto en los términos del Gobierno, la necesidad de buscar $19 billones nos puede llevar a inferir que se trata de una financiación de corto plazo.

Mucho se ha discutido acerca de la conveniencia del Estado por la búsqueda de la verdadera felicidad, esa que en términos económicos le dé tranquilidad no solo en el corto sino en el mediano y largo plazo. Así las cosas y de cara a los compromisos del país por ser perdurable y además para garantizar los compromisos de la Ocde, por ejemplo, es necesario que el Estado colombiano vaya buscando alternativas de financiación realmente diferenciadas, por no llamarlas disruptivas. Si por ejemplo se pensara en una financiación del Estado de cara a cerrar la brecha en los asuntos más problemáticos en materia de competitividad, según lo indicado por el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial, la respuesta sería una reforma verdaderamente estructural que no solo financie sino que provea tranquilidad a las empresas y a los ciudadanos de a pie. Para ello será necesaria una inversión significativa y de clase mundial en materia de infraestructura, por ejemplo. Si se está pensando en economía naranja y en la agroindustria la infraestructura requerirá desafíos importantes no solo en vías sino en la intermodalidad del transporte como también en la adecuación tecnológica para facilitar el camino a los emprendedores en campos como el tecnológico y de servicios profesionales.

Lo rescatable de la propuesta del Gobierno tiene que ver con los incentivos en materia de agroindustria y en los emprendimientos culturales, creativos y digitales. El apoyo a estos emprendimientos y a la agroindustria facilita, sin duda, el equilibrio de los tres tipos de bienes que componen el PIB colombiano, que sin duda es commodity dependiente. Por otro lado, el incentivo en materia de impuesto de renta a las personas jurídicas (32% en 2020, 31% en 2021 y 30% en 2022) se asume como parte del incentivo al aparato productivo. Sin embargo, la noticia no va en la misma línea para personas naturales donde se esperan incrementos en materia de impuesto de renta aunado al incremento en materia de IVA para la canasta familiar con algunas excepciones por ejemplo en medicamentos y en educación.

Al igual que la última reforma estructural, se puede observar que el gran componente de la financiación vendrá por impuestos diferentes al de renta, específicamente por IVA. Con ello habría que esperar cómo se desenvuelve la propuesta en el Legislativo y qué cambios se propondrían de cara a aliviar el incremento en el costo de vida de los ciudadanos y cómo esto afectaría el índice de confianza al consumidor. Buscar el equilibrio con la reducción del gasto público será sin duda otros de los desafíos del Gobierno. Finalmente, lo que se puede inferir con la ley de financiación es que más allá de ser o no una reforma tributaria y que esta sea estructural es que ha generado y generará muchas expectativas para los contribuyentes. Lo otro que hay que tener en cuenta es que esta ley será necesaria de cara a los planes de Gobierno y con ello se podría inferir que la reforma terminará siendo una verdad inconveniente.