Obras duras para territorios blandos

Docente del Centro de Investigación para el Análisis de Datos Económicos y Sectoriales Cides Politécnico Grancolombiano

Obras por impuestos es un mecanismo creado en la Reforma Tributaria de 2016 (Ley 1819/2016) y reglamentado por el Decreto 1915 de 2017, que permite a las empresas privadas pagar una parte de sus impuestos sobre la renta mediante la ejecución directa de proyectos de inversión en regiones afectadas por conflictos armados o con altos índices de pobreza.

Si bien el mecanismo no es nuevo, ni Colombia es la única nación que lo ha implementado, nuestro caso es particular porque se enfoca en municipios Zomac y Pdet. Cabe recordar, que hay que avanzar tanto con mecanismos de apoyo para la organización social y productiva, como con el pavimento que conecte territorios, acciones concretas y de concreto. Reparar es sinónimo de construir y de empezar en muchas latitudes de Colombia. Este esquema promueve la inversión privada en el desarrollo regional y permite a las empresas contribuir directamente.

El mecanismo propone que los proyectos priorizados en un Banco de Proyectos de Inversión sean seleccionados y financiados. En principio, las entidades territoriales en los municipios objetivo han de presentarlos y los privados, bajo la supervisión del Departamento Nacional de Planeación, DNP, y la Agencia de Renovación del Territorio, ART, han de ejecutarlos. Vemos como la ART se ha mostrado optimista con la aceptación de este mecanismo y su puesta en marcha, pues la ampliación del cupo Confis para este año y el renovado interés en obras duras para territorios blandos deja un aire de esperanza que no pasa desapercibido.

Según la Andi, desde su implementación en 2018 se han invertido más de $1,3 billones en 200 proyectos que benefician a más de siete millones de colombianos. En los últimos tiempos se citan importantes obras como la pavimentación de la vía La Belleza a Sucre en Santander ($9.940 millones), la construcción y dotación del Sena en Pensilvania, Alto Oriente de Caldas ($32.977 millones), la optimización del acueducto de Medina, Cundinamarca, ($8.043 millones), la implementación de zonas digitales gratuitas en Morroa, Sucre, ($871millones) y la pavimentación de calles en El Tarra, Norte de Santander ($2.692 millones), entre otros.

El interés en la construcción de obras y el apoyo de sectores oficiales y de oposición que abogan por ampliar los cupos e involucrar a más poblaciones y empresas, llaman la atención sobre Obras por impuestos.

No todo es miel sobre hojuelas, los retos están claros, no se trata de crear burocracia, se trata de una dirección técnica que, a un Estado como el colombiano, le cuesta trabajo conseguir. Hay críticas sobre la lentitud en los procesos y algunos empresarios consideran que los trámites para acceder a los incentivos fiscales son complejos. Crear confianza entre lo público y lo privado es el reto principal. La necesidad de un mayor seguimiento y transparencia para garantizar que las obras realmente se completen, hace explícito que el diálogo pase de las mesas a los proyectos productivos y, en el caso puntual de Obras por impuestos, pase al financiamiento y a la construcción de infraestructura dura.