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El Gobierno ha comenzado a estrechar el cerco sobre los entramados societarios de los oligarcas rusos en España a través de un real decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros de este martes
Una singularidad de la legislación española, que blinda la identidad de los socios de determinadas empresas, está siendo aprovechada por los oligarcas rusos para evitar la batería de sanciones y embargos promovida por la Unión Europea como represalia contra la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia. Así lo denuncian desde el Colegio de Registradores, donde advierten de que este "agujero legal" es un foco para el fraude y el blanqueo de capitales que ahora están aprovechando desde el entorno del presidente ruso, Vladímir Putin, para esquivar el bloqueo de sus bienes en España. Aunque el Gobierno acaba de aprobar una nueva batería de medidas que complica a los oligarcas el escamoteo de sus activos a través de testaferros, los registradores alertan de que la brecha legal en el ámbito societario continúa abierta.
El problema, detallan a Expansión fuentes registrales, parte de que "en España se atribuye al administrador de la sociedad la llevanza del libro registro de socios, de modo que es un libro privado en el que se hacen constar quiénes son los titulares de las participaciones sociales". Es más, a menudo este libro está en blanco. En la práctica, esto provoca que en el caso de las Sociedades Limitadas (SL) "no se pueda conocer quiénes son los socios de cada sociedad, lo que perjudica la seguridad jurídica en la transmisión de participaciones, o que exista una autoridad que pueda anotar con eficacia los embargos que acuerden los juzgados u órganos administrativos", como ocurre ahora con los oligarcas rusos sancionados por la UE. Se trata, en resumen, de un "agujero en el sistema", generado por un cambio legislativo efectuado en 1989, que impide a las autoridades antiblanqueo conocer la identidad real de los partícipes de las SL.
Ahora, en el contexto de las pesquisas iniciadas para tratar de inmovilizar los bienes de los oligarcas rusos, "se está constatando que las personas sancionadas en los reglamentos de la UE no actuaban directamente en los países de la Unión, sino que acudían a testaferros o a estructuras societarias complejas, y es precisamente en este caso donde conocer quiénes son los socios de cada sociedad facilitaría las investigaciones en curso".
Los registradores alertan de que esta es una anomalía que no se da en el resto de la UE. "En otros países en el Registro Mercantil figuran los socios de cada sociedad, lo que permite a las autoridades tener un conocimiento inmediato de los titulares de cada una y poder examinar con precisión las cadenas de control" de las firmas, explican. A partir de ahí, desgranan, cada jurisdicción ha optado por soluciones diferentes. En el caso de Alemania, por ejemplo, las transmisiones de participaciones se inscriben en el registro mercantil, lo que permite mantener una trazabilidad sobre la propiedad real de los títulos de cada sociedad. En Italia, que los Registradores consideran el ejemplo a seguir por su experiencia con la mafia, se ha optado porque el libro de socios se deposite telemáticamente en el Registro Mercantil, lo que permite su consulta a las autoridades.
"La normativa comunitaria ha dado un gran impulso a la lucha contra el blanqueo con el registro de titulares reales, que identifica a la persona física que controla al menos el 25% del capital de la sociedad, pero es verdad que sigue habiendo zonas oscuras", admiten desde el colectivo de registradores, donde apuntan a que la legislación europea no se ha ocupado de subsanar la particularidad española.
Pese a estas dificultades, en el marco de las actuaciones de inmovilización de bienes de oligarcas rusos detectados en España, el Colegio de Registradores, a través del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), está suministrando información del Registro de la Propiedad, del Mercantil y del de Bienes Muebles a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para facilitar su labor de identificación de activos bajo sospecha. Cuando se localiza un bien que pertenece a alguna de las personas sancionadas, el CRAB traslada esta circunstancia al registrador competente para que proceda a bloquearlo jurídicamente, lo que impide que se pueda transmitir y supone el bloqueo de facto de dichos activos.
A partir de ahí, el Gobierno ha comenzado a estrechar el cerco sobre los entramados societarios de los oligarcas rusos en España a través de un real decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros de este martes. La norma refuerza el sistema de colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el CRAB al objeto de facilitar la actuación contra los bienes que están inscritos a favor de posibles testaferros de los oligarcas, y también se configura como órgano de recepción de los posibles indicios que hayan llegado a conocimiento de otras autoridades. El objetivo, explica el Gobierno, es que una vez "embargadas las propiedades registradas" a nombre de los sancionados, se actúe ahora "sobre aquellos bienes que pudieran estar a nombre de terceros".
El mecanismo permite que los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles puedan calificar y dar publicidad a los títulos inscribibles, facilitando que se haga efectiva la prohibición de disponer de fincas, bienes o derechos inscritos a nombre de personas físicas sancionadas o personas interpuestas agregando una nota marginal a los activos registrados.
Se trata de una norma de carácter excepcional, que estira las capacidades del artículo 20 de la Ley Hipotecaria, que atañe solo a las sanciones relacionadas con la invasión rusa de Ucrania, "previo informe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre la base de la existencia de indicios racionales de que el verdadero titular de los bienes pudiera ser un oligarca ruso objeto de investigación", y es inaplicable en otros casos.
La ley fija además procedimientos de pago de nóminas y obligaciones de representantes españoles en el exterior para minimizar el uso del sistema financiero ruso, sujeto también a sanciones.
Los Registradores valoran positivamente este paquete normativo pero alertan de que la opacidad en el ámbito societario sigue sin resolver.
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