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Más de 10 abogados destacados por Legal 500 hablan de temas como la seguridad jurídica, la institucionalidad y la inversión
Camilo Martínez, socio director de DLA Piper Martínez Beltrán, se refirió a los procesos abiertos en torno al litigio internacional
Una de las áreas de práctica legal que tiene el panorama más retador en 2024 es el litigio. Camilo Martínez, socio director de DLA Piper Martínez Beltrán, explicó cómo el marco jurídico condicionará los procesos que lleguen a presentarse.
Este año ha arrancado con un movimiento importante en materia de transacciones en diferentes sectores de la economía y en DLA Piper Martínez Beltrán hemos estado muy activos apoyando a nuestros clientes en las diferentes operaciones. Para este año, proyectamos continuar en la vanguardia del mercado.
En DLA Piper Martínez Beltrán asesoramos a nuestros clientes en diversos asuntos litigiosos muy importantes de orden civil, comercial, tributario y contencioso administrativo que se encuentran activos en estos momentos y por temas de confidencialidad y por tratarse de asuntos que están activos no podemos revelar información adicional.
La materia prima del control de constitucionalidad y de legalidad que ejercen la Corte Constitucional y el Consejo de Estado son las leyes y los actos administrativos que emanan del Legislativo y Ejecutivo, respectivamente. Esa actividad productora de decisiones es permanente y más en el contexto actual de nuestro país en donde las reformas controversiales y de todo tipo se encuentran a la orden del día.
En ese orden de ideas, en la medida en que se profieran leyes y actos administrativos, todas las personas pueden solicitarles a las altas cortes ejercer la revisión correspondiente para determinar si aquellos se expidieron y se encuentran acordes con la Constitución y, en general, con el ordenamiento jurídico. En consecuencia, no solo es muy probable, sino que es natural que se presente un alza en esa labor judicial del juez constitucional y contencioso administrativo.
De otra parte, en los últimos meses se ha evidenciado cómo fruto de ese control legal que realizan los jueces de la República varias disposiciones han sido declaradas inexequibles, nulas, y/o han sido suspendidas provisionalmente al no encontrarse proferidas de conformidad con la Constitución y la ley.
Ejemplo de ello fue lo que ocurrió con el Decreto Legislativo 1805 de 2023 relativo a la declaratoria de emergencia social y ecológica en el departamento de La Guajira, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, o lo ocurrido con el Decreto 227 de 2023 “Por el cual se reasumen algunas de las funciones Presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones” que fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado. Actualmente, los jueces se encuentran estudiando múltiples demandas relacionadas con asuntos muy importantes a nivel social.
En materia de litigio internacional, Colombia tiene varios procesos abiertos tanto en arbitraje de inversión como en el sistema interamericano de derechos humanos. En lo que respecta a arbitraje de inversión, a finales de 2023, había 12 casos en etapa pre arbitral y 15 en etapa arbitral cuya cuantía de las pretensiones asciende a US$54,2 millones.
Dentro de estas controversias se encuentran casos de impacto nacional como la reclamación de Sea Search Armada en contra del estado colombiano por el asunto del Galeón San José, o la demanda del Inversionista Canal Extensia por el caso de Triple A, entre otros. Hay mucha expectativa en relación con las resoluciones de dichos procesos.
A inicios de este mes, DLA Piper Martínez Beltrán informó la incorporación de tres socios a su equipo, con los cuales sumaría un equipo de 20 profesionales. Una de las novedades con esta adición es que se creó el área de Oil & Gas, cuya nueva socia es Johanna Cajigas Caicedo. Los otros dos abogados que entraron a la firma a comienzos de este año fueron: Juan Pablo Amaya y Sergio Londoño González, como socios de Derecho Societario.
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