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El Sistema B en Colombia es la entidad encargada de entregar esta certificación que se logra tras alcanzar un puntaje mínimo de 80
Productividad de Empresas B y BIC
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Si bien ambas están asociadas a las prácticas sostenibles en temas ambientales y sociales, entre una y otra existen diferencias conceptuales y de normatividad
Crece el número de compañías colombianas que se están certificando para ser una Empresa BIC o una Empresa B. Y si bien, ambas categorías están asociadas a las prácticas sostenibles en temas ambientales y sociales, los cuales se deben anteponer a los ingresos y utilidades de sus respectivos negocios; entre una y otra existen diferencias conceptuales y de normatividad.
Así, mientras las Empresas BIC (Beneficio e Interés Colectivo) son aquellas organizaciones colombianas que voluntariamente se proponen combinar su actividad con acciones concretas para propender por el bienestar de sus trabajadores, aportar a la equidad social del país y contribuir a la protección del medio ambiente; las Empresas B son compañías con ánimo de lucro que han cumplido con los requisitos en un proceso de certificación sostenible, supervisado por la ONG internacional “B Lab” o “Sistema B” con sede en Estados Unidos.
Según el portal sistemab.org, las Empresas B redefinen el sentido del éxito de la compañía, recibiendo una marca colectiva como identidad de mercado. Se someten a una evaluación integral de su sustentabilidad con instancias de certificación y recertificación y realizan enmiendas a sus herramientas de gobernanza legales.
Las empresas BIC si bien tienen un ADN similar al de las Empresas B en cuanto a su propósito social y ambiental, atraviesan un proceso de certificación distinto, que en su caso está supervisado por el estado nacional y regulado a través de leyes.
“Las Sociedades BIC son un movimiento que crece en el mundo, y Colombia entró en esta tendencia el 18 de junio de 2018 con la Ley 1901, creando la condición legal para que cualquier empresa existente o futura de cualquier tipo societario, pueda adoptar voluntariamente la condición BIC”, señaló Julián Domínguez, presidente de Confecámaras (Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio).
“Colombia entró en la tendencia de sociedades BIC el 18 de junio de 2018 con la Ley 1901. Y con el Decreto 2046 de 2019 se reglamenta y traza la hoja de ruta para este estándar”.
“La Empresas B debemos demostrar con hechos y datos que el modelo de negocio está orientado a generar utilidades a solucionar los problemas ambientales y sociales”.
El líder gremial agregó que con el Decreto 2046 de 2019 se reglamentó la mencionada Ley, y se trazó una hoja de ruta para el cumplimiento de estándares de gobernanza, trabajadores, medioambiente y comunidad por parte de las organizaciones.
Adriana Velásquez, directora de Sostenibilidad de Alquería, explicó que la certificación como Empresa B es un reconocimiento internacional para las empresas con los más altos estándares de sostenibilidad, “ya que deben demostrar con hechos y datos que su modelo de negocio está orientado a generar utilidades a la vez que contribuyen con la solución de los problemas ambientales y sociales de su entorno”.
Respecto a la condición BIC, Velásquez subrayó que es otorgada por una figura jurídica pública colombiana y es el primer paso para miles de empresas que quieren empezar a transitar este camino de la sostenibilidad.
“Son figuras complementarias y no excluyentes. Para ser Empresa B, cada organización debe comprometerse con el cambio de los estatutos y la ampliación del objeto social de la misma, o adoptando una figura legal como una BIC, así que de alguna forma ya incluye este paso legal”, dijo la directora de sostenibilidad de Alquería.
Las compañías con esta certificación hacen un aporte al PIB nacional de 1% y generan más de 30.000 empleos
El primer paso para ser una B Corp es pasar una evaluación con un puntaje mínimo de 80. A esa puntuación se llega después de responder preguntas en cinco diferentes áreas
Colombia dio un gran paso en esta materia, convirtiéndose en uno de los primeros países de la región en otorgarle reconocimiento legal, a las empresas que incorporaran un propósito social y ambiental en sus procesos.
