Hueco fiscal por minería ilegal en el país es aproximadamente de US$5.600 millones

Debido al alto valor del oro en el mundo, este es uno de los metales más vulnerables a la explotación ilícita, el tráfico y el lavado. En Colombia, según el tanque de pensamiento Global Financial Integrity (GFI), la facilidad de transportarlo y su dificultad para ser rastreado, resulta atractivo para grupos criminales que buscan maximizar sus ingresos, trasladar estas ganancias de una jurisdicción a otra y minimizar el riesgo de ser atrapados.

Según el informe, en el que también trabajaron la Alianza por la Minería Responsable y el Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo), la comercialización ilegal de oro dejó en el país un hueco fiscal entre 2010 y 2018 que asciende a US$5.600 millones.

En Colombia, indica el informe, en 12 de los 32 departamentos se ha reportado la existencia de explotación ilícita de oro de aluvión, abarcando un área de más de 64.000 hectáreas, distribuidas entre los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Guainía, Caldas, Caquetá y Tolima.

Chocó, que constituye casi 43% del total nacional, es el departamento con mayor presencia de esta actividad ilegal, seguido de Antioquia con 32%.
Además de la pérdidas de recursos, otro de los problemas que trae consigo la explotación ilegal es la deforestación, que ha llegado a números críticos.

Según un informe de la UNODC, en 2019 en operaciones de oro se llegó a 98.000 hectáreas explotadas a cielo abierto y 51 está en zonas excluibles, como reservas forestales o parques naturales. Para entender la gravedad, la entidad explicó que es como si se perdieran 16 hectáreas al día, es decir, 32 canchas de fútbol.

Ahora, según una investigación de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario, también hay que revisar las operaciones legales, ya que en el país se talan 20 árboles por cada kilogramo de oro extraído legalmente. Asimismo, el documento afirma que las hectáreas deforestadas en Colombia dentro de concesiones mineras legales aumentaron exponencialmente entre 2001 y 2018, particularmente en 2017, cuando la minería legal contribuyó a 6% de la deforestación.

“No todas las empresas están haciendo las cosas mal. Algunas están haciendo minería sin que la deforestación sea sustancial, menos de una hectárea por concesión. De hecho, es una situación que se presenta en más o menos la mitad de las concesiones mineras legales de Colombia y, por eso, hay que revisar los casos puntuales de deforestación extrema o inaceptable, que minan la huella del sector”, dijo el investigador Benjamín Quesada.

Por esa razón, las grandes empresas mineras del país trabajan en procesos de minería regenerativa, al mismo tiempo que adelantan proyectos a favor del ambiente que buscan que sean ejemplo para otras empresas. Una de estas, Cerrejón, que inició la siembra de más de 300.000 árboles nativos del Bosque Seco Tropical que plantará en 2021, uniéndose a la iniciativa ‘Sembrar nos une’ del Ministerio de Medio Ambiente.

En los próximos 10 años, la compañía anunció que continuará aportando a la restauración y protección de este ecosistema amenazado, con la siembra de más de 9 millones de árboles nativos de la mano de comunidades vecinas, a través de sus programas de rehabilitación de tierras y compensación ambiental.

“En la próxima década aumentaremos nuestra capacidad de producción de árboles nativos en el vivero, además seguiremos contribuyendo al establecimiento y fortalecimiento de viveros en comunidades vecinas para lograr mancomunadamente duplicar la siembra de árboles y así consolidar el corredor de conectividad Wuin-Manna, que con más de 25.000 hectáreas une a la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta”, manifestó el gerente de Gestión Ambiental de Cerrejón, Luis Madriñan.