Elecciones locales: entre el desarrollo y sus obstáculos

El debate en torno a las elecciones regionales recuerda una vez más las grandes heterogeneidades presentes en el país. Mientras en las principales ciudades se habla sobre proyectos de infraestructura o cultura ciudadana (siendo Bogotá y Medellín los mejores ejemplos), en muchos municipios la discusión sigue siendo sobre temas como saneamiento básico, acceso a educación, vías terciarias o la recurrente lucha contra la corrupción.

Precisamente, un sistema político con profundas deficiencias puede frustrar las aspiraciones de desarrollo de muchas regiones.

La oportunidad de que los nuevos mandatarios locales contribuyan a cerrar las brechas existentes es grande. Más de dos terceras partes de la inversión pública estatal es ejecutada por las entidades territoriales, cifra que el año pasado llegó a los $130 billones. A pesar de la recentralización que ha sufrido el país desde comienzos de siglo, todavía hay un margen de acción para la ejecución de proyectos desde el nivel local que mejoren la calidad de vida de los colombianos en las regiones más pobres.

Desde luego, para avanzar más, será necesario que se retome la senda descentralizadora iniciada hace tres décadas, así como un manejo adecuado de los recursos en el nivel local, algo especialmente delicado en un escenario fiscal ajustado como el actual.

En esta misma dirección, otro tema crucial es el de la ejecución de los Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) que, de ser implementados satisfactoriamente, podrían cambiar las condiciones de vida de los habitantes en los 170 municipios priorizados para estos programas.

Allí, el balance es bien precario. En el Catatumbo, por ejemplo, más de la mitad de los 34 aspirantes a las alcaldías no incluyeron los Pdet dentro de sus propuestas; situación que es similar en regiones como el Alto Patía y Norte del Cauca, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño o en el Sur del Tolima.

Esto manda un mal mensaje; en caso de que los Pdet queden por fuera de los planes de desarrollo municipal, se reducen los incentivos a la canalización de recursos desde el Gobierno central y se podrían frustrar las iniciativas orientadas a cerrar las brechas que presentan estos municipios respecto al resto del país. Más aún, en regiones con presencia de cultivos ilícitos, una inadecuada puesta en funcionamiento de planes integrales de sustitución contribuiría al impulso de las economías ilegales y retrasaría aún más su agenda de desarrollo.

Finalmente, dentro de los retos para las regiones sigue ocupando un puesto alto en la lista la lucha contra la corrupción. Recientemente, circularon en redes sociales videos sobre compra de votos, y preocupa la forma como se configura el poder regional en departamentos como Atlántico, Valle del Cauca, Córdoba, Sucre, La Guajira o Norte de Santander. La situación es tal que en algunos de estos casos no se habla de elecciones, sino de sucesión en el poder.

Difícilmente se podrá cambiar la senda de desarrollo de algunas regiones a partir de prácticas clientelistas y una corrupción arraigada al Estado en el nivel local. Si bien hay múltiples oportunidades para el desarrollo, en esos escenarios, la coyuntura actual termina, nuevamente, haciendo evidentes los obstáculos para que esto ocurra.