Cerrejón buscará concretar más acuerdos con zonas que tengan influencia en la mina

Uno de los retos de Cerrejón en 2021 fue la planificación del relacionamiento con los grupos de interés, analizando el entorno y las expectativas de las comunidades en las áreas de influencia. Frente a ello, la empresa carbonífera logró a finales de 2021 la firma de acuerdos de consulta con 132 comunidades étnicas, con lo que completó 195 adheridas, de las 400 que exige el proceso ordenado por la Corte Constitucional.

Este hito es una de las razones por las cuales Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón, fue nominada como candidata al reconocimiento de Empresaria del Año 2021, el cual será entregado el próximo 2 de marzo por LR.

Con los acuerdos, la minera impulsará acciones conjuntas para mejorar las condiciones de vida del resguardo. Incluyen puesta en marcha de iniciativas sostenibles, apoyo a proyectos productivos y mejora de salud.

“Nuestra relación con las comunidades es un elemento esencial para nuestro trabajo. Ya he mencionado los grandes esfuerzos que nos permitieron una extraordinaria gestión en el marco de las ayudas entregadas del covid-19, así como los avances logrados para el cumplimiento de las sentencias T-704 y la implementación de las medidas adicionales solicitadas por la Corte Constitucional en Provincial”, explicó Bejarano.

Apuntó que, tras un proceso de consulta previa, lograron llegar aun acuerdo con la comunidad de La Horqueta, que dio paso al proyecto La Puente.

Bajo esta premisa, la directiva resaltó que “esto demuestra una actitud responsable, no solo con el cumplimiento del marco legal, sino también con la consolidación de un compromiso que permite generar valor social. La firma de los acuerdos con las primeras 198 comunidades es el resultado de un esfuerzo conjunto para construir en un mismo camino, partiendo de nuestras diferencias”. Estos acuerdos esperan formalizar el relacionamiento entre Cerrejón y las comunidades indígenas, como por ejemplo el pueblo wayuú. “Es importante destacar que las comunidades autogestionarán los proyectos definidos en estos acuerdos”, señaló la directiva.

Hay que resaltar que la sentencia emitida por la Corte Constitucional ordena que la compañía carbonífera haga acuerdos con 400 comunidades.

En medio de estos procesos consultivos, la minera deberá cumplir un plan inmediato de mitigación para las comunidades del área de influencia, y consultar con ellas las compensaciones que fueran necesarias.

Debido a esto, varias comunidades han afirmado que tienen grandes expectativas frente al proceso, pues lo interpretan como prueba del respeto a los pueblos autóctonos de la región.

Así lo explicó Pedro Pablo Puerto Epieyu, delegado de la autoridad tradicional de la comunidad de Miechyn, quien agregó que si un representante legal firma un acuerdo, es demostración de la buena fe de los integrantes de la comunidad a la que representa.

“Avanzar en estas consultas previas ha sido positivo después de las diferencias. Las instituciones facilitadoras, como la Anla y el Ministerio del Interior, tuvieron un papel muy importante”, complementó Basilio Lindao Pana, abogado miembro de la comunidad indígena Carrizal de la Media y Alta Guajira.