Los rieles del sector agrícola aún no calientan

La Colombia rural ha albergado por más de 50 años desigualdad en el acceso y distribución de la tierra, ausencia de reconocimiento del campesinado como sujeto político, uso del suelo sin criterios técnicos ni ecológicos, debilidad institucional agropecuaria creciente, políticas de libre comercio sin fomento del desarrollo industrial acorde a las condiciones del país, confianza en la extracción de materias primas como dinamizadora del desarrollo rural y acaparamiento de tierras. Como consecuencia de lo antes expuesto, en algunos casos, y como causa, en algunos otros, el país viven hoy un conflicto armado que suma desplazamiento y profundiza los problemas estructurales.

Cada cuatro años con cada gobierno se agudizan, o se sobrellevan estos inconvenientes, pero históricamente en Colombia no se ha pensado en dar respuesta con políticas de Estado que se comprometan mediante soluciones estables y duraderas que no solo conlleven al fin del conflicto armado sino a condiciones de bienestar social, político y económico con acceso y goce de derechos que conlleven a la paz.

Para el actual Gobierno este es un lugar común que se descubre por partes cuando ya ha avanzado gran parte del periodo gubernamental. Así que me propongo evaluar los logros de la locomotora agropecuaria en el cuatrienio 2010 -2014 para poner en discusión los principales retos para 2014-2018 sin centrar la discusión en los diálogos de paz y en las esperanzas que el Gobierno Santos ha puesto en ellos.

Los compromisos que propuso el Plan de Desarrollo del cuatrienio para dinamizar la locomotora agropecuaria fueron: disminuir los altos costos de producción, transformación la comercialización de la producción agropecuaria, restituir las tierras de quienes fueron despojados, superar la baja productividad generalizada del sector así como las limitaciones para desarrollar proyectos de gran escala, las dificultades de acceso a infraestructura, servicios financieros y nuevas tecnologías, la pobreza y el bajo nivel educativo del campo colombiano y la ausencia de una cultura para la gestión de los riesgos climáticos.

Unas de las estrategias para cumplir los compromisos fue dar rienda suelta al libre mercado, por medio de los TLC ya sea respaldando los existentes o buscando nuevos, con la ilusión de permitir a los productos nacionales acceder a los mercados más grandes en bienes y servicios, bajo un marco normativo de largo plazo que permite la inversión nacional y extranjera y por tanto un aumento en las exportaciones y en el empleo calificado y no calificado. Sin embargo, como los señalan estudios como el de Garay, Barberi y Cardona las problemáticas económicas agropecuarias se han agudizado en especial para los cultivos transitorios y en aquellos donde converge la economía campesina por no contar con estructuras productivas competitivas ni con apoyo institucional para modernizarlas.

La gestión gubernamental en este último cuatrienio buscó cumplir la expectativa creada de convertir al sector agropecuario en una locomotora de crecimiento para la economía del país. Esto claramente no fue posible, pues no ha sido viable que se convierta de forma sostenida en jalonador de la economía.

Si se observa la variación del PIB la economía del país en promedio ha crecido 4,8% en los últimos cuatro años, mientras que el sector agropecuario creció 2,56%, a pesar de que en 2013 presentó la variación más importante de la última década con un 5,13. Según el Dane, esto se explica en la recuperación de la producción cafetera y la normalización de las condiciones climáticas que se presentaron entre 2009 y 2012.

Los resultados de estos compromisos son escasos ante las grandes demandas acumuladas en cada uno de ellos. Dentro de los aciertos que se capitalizaron para el sector rural en estos cuatro años están: aceptar que el tema rural ocupa el primer lugar en la agenda de negociación con las Farc (el tema quedó ligado de forma directa al fin del conflicto) y dinamizar la restitución de tierras, que aunque insuficiente por lo menos dejó entrever una voluntad institucional.

El potencial del sector agropecuario aún está presente y, por tanto, el primer reto es dar respuesta efectiva a los compromisos adquiridos hace cuatro años, por ejemplo, frente a los servicios financieros.

Para este cuatrienio es clave implementar una política que permita el acceso al crédito a pequeños y medianos excluidos, que se brinden estos apoyos de forma oportuna y que piense en una amortización según el flujo de los proyectos productivos.

Algunos retos son: robustecimiento de las cadenas productivas, consolidación de una infraestructura física que permita la competitividad, aumento en el presupuesto agropecuario, etc.

Desde la academia es necesario recordar al Gobierno que los retos no son solo económicos, sino que son rurales; esto implica por ejemplo: asumir en prácticas, políticas y programas frente a lo que hasta ahora es una ilusión discursiva de “desarrollo rural con enfoque territorial”.

También es primordial recrear acuerdos para convivir en y con los territorios y según sus condiciones ecológicas, sociales, culturales y económicas, evitando contradicciones que surgen cuando se habla de desarrollo rural, regional o del problema agropecuario.