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Gobierno y funcionarios suben la nota e instituciones de control están en deuda
El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, hizo un balance de lo logrado en 2020 y delineó las metas de la entidad para este año
En 2020 la Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Felipe Córdoba, enfocó sus esfuerzos en la función preventiva para vigilar los recursos públicos de la pandemia, sin perjuicio, por supuesto, de la apertura de procesos e indagaciones por responsabilidad fiscal. El contralor hizo un balance de lo logrado el año pasado, y explicó que el foco en 2021 estará en el acompañamiento al Plan Nacional de Vacunación.
¿Cuáles son los mayores logros de la entidad en 2020?
Con la facultad preventiva hemos obtenido beneficios por una cifra cercana a los $6 billones. Con el monitoreo y la vigilancia en tiempo real a las inversiones, hemos logrado acompañar la culminación de proyectos como la Ruta del Sol III o el Túnel de la Línea. Queremos ser parte de la solución y no del problema.
Sin perjuicio de la apertura de 45 procesos de responsabilidad fiscal, por indebida contratación con recursos de la pandemia, hemos hecho seguimiento en tiempo real a los $67,4 billones de contratación de urgencia manifiesta y a los $40,53 billones del Fome. Generamos 466 alertas por valor de $578.237 millones, que llevaron a renegociar, en mejores condiciones para las administraciones, contratos por miles de millones de pesos.
Gracias a la estrategia “Compromiso Colombia” abrimos escenarios para la reactivación y entrega de obras por valor de $2,7 billones. Por primera vez fueron identificados 1.527 proyectos críticos, obras inconclusas y elefantes blancos por valor de $23,9 billones. Con nuestro enfoque preventivo los vamos a sacar adelante.
¿Cómo avanza el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas y qué impacto tiene?
La ley por la cual se crea el “Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas” permitió llevar al debate público la problemática de los elefantes blancos en el país y plantear soluciones y alternativas para su culminación. A la fecha, las entidades públicas han reportado cerca de 900 obras inconclusas, lo cual supone un reto para los gestores públicos, pues deberán decidir sobre su intervención física, terminación o demolición.
El reto este año es impulsar la culminación de cerca de 700 proyectos de infraestructura de varios sectores y avanzar en la entrega de 200 de ellas.
¿Cuál ha sido el impacto económico de la labor preventiva que vienen realizando?
El enfoque preventivo nos ha permitido cuantificar beneficios por $3,1 billones. Adicionalmente, con la estrategia “Compromiso Colombia” logramos la reactivación y entrega de obras por valor de $2,7 billones. Sin embargo, lo más importante del enfoque preventivo que nos aprobó el Congreso ha sido contribuir desde el control fiscal a mejorar las condiciones y el acceso a servicios públicos, hospitales, colegios, acueductos y vías.
¿A qué monto ascienden los hallazgos fiscales por cuenta de la pandemia?
Detectamos hallazgos por $101.000 millones y abrimos 101 indagaciones preliminares y 60 procesos de responsabilidad fiscal.
¿Qué papel asumió la CGR frente a la venta de la participación de la Nación en ISA a Ecopetrol?
Emprendimos tres acciones: primero, preguntarle al Ministerio de Hacienda sobre los alcances de su respuesta y sobre el proceso que se tiene previsto de cara a la enajenación de la compañía, el pasado jueves nos respondieron. Segundo, nos reunimos con Ecopetrol para conocer las razones de su intención de comprar esas acciones, pero sobre todo el de saber cómo se haría la operación y los recursos financieros con los que cuenta. En tercer lugar, iniciamos una auditoria a ISA con el objetivo de verificar su condición financiera y empresarial con miras a su valoración. Una vez tengamos todos los elementos y conforme avance el proceso, nos pronunciaremos.
¿Cuál es la meta de la entidad para este año?
Junto con la Procuraduría y la Defensoría estaremos muy atentos a que el Plan de Vacunación se cumpla cabalmente y que llegue a todo el territorio.
Nuestro ejercicio de vigilancia comprende la gestión fiscal de los $3,77 billones comprometidos por el Gobierno para desarrollar el proceso de vacunación. Nuestro Plan de Vigilancia y Control Fiscal para la vigencia 2021 incluye auditorías financieras al Ministerio de Salud y la Adres. Hemos venido requiriendo información del Ministerio de la Salud, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y verificando los avances en la infraestructura necesaria en las entidades territoriales.
Sin perjuicio de la sanción en las investigaciones a los recursos de la pandemia, seguiremos avanzado en la consolidación del enfoque preventivo para facilitar la entrega junto a la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y las entidades públicas, de cerca de 200 proyectos de infraestructura por valor de $4 billones.
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