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Directores, gerentes, CEO, presidentes o socios de 500 empresas y gremios califican la gestión de funcionarios y ministros del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón.
Se equivocaron los empresarios al pensar que la bonanza minero-energética terminaría dinamizando la economía
Los empresarios no parecen contentos con los resultados del gobierno Santos. En sus calificaciones son muy duros con los ministros y con el Presidente. No creen que los esfuerzos que ha hecho Santos para lograr la paz con las Farc sean significativos. No están convencidos de que la paz sea una condición necesaria para mejorar la productividad y la competitividad. Se sorprenden porque no observan cambios sustantivos en la dinámica de la economía. Desde su perspectiva, la caída reciente del PIB industrial es la expresión más clara del fracaso del Gobierno.
Esta sensación de frustración tiene dos explicaciones. La primera atribuible al Gobierno, y la segunda es responsabilidad de los propios empresarios. El Gobierno se equivocó porque su actuación fue esquizofrénica. De un lado luchó por conseguir una paz ambiciosa, pero al mismo tiempo propuso una política económica excluyente, incompatible con sus propósitos de paz. Y los empresarios son responsables porque siguen aspirando a una paz barata, que no los compromete a ellos de manera directa. Y, además, porque añoran un mundo imposible: estabilidad económica sin mayores impuestos y con subsidios crecientes.
El Gobierno negoció en La Habana, pero no hizo ningún esfuerzo por construir una sociedad más incluyente. El mensaje de la política económica no ha sido compatible con los compromisos de la paz. Los propósitos del plan de desarrollo relacionados con la equidad y la educación se quedaron a mitad de camino. La Reforma Tributaria terminó siendo regresiva y favorable a la concentración de la riqueza. Es incomprensible que no se hayan aumentado los impuestos al patrimonio y a los dividendos. Para que haya equidad es indispensable que los ricos tributen. El Gobierno no ofreció los instrumentos que permitan mover las raíces estructurales de la desigualdad.
Y los avances que se prometieron en educación han sido mínimos. Basta con observar el presupuesto para el 2018. Además de reducir las transferencias para Colciencias, se hace evidente el despilfarro de las regalías destinadas a la Ciencia y la Tecnología. Estos hechos apenas son una de las expresiones de la poca relevancia que se le ha dado a la educación.
En lugar de transmitir un mensaje de cambio estructural, y de consolidación de la industria y de la producción nacional, el Gobierno se la jugó por una apertura hacia adentro, y por un manejo de la bonanza petrolera y minera que generó condiciones propicias para que se acentuara la enfermedad holandesa. El déficit de la cuenta corriente se agudizó, y el país se convirtió en un gigantesco sanandresito.
Y los empresarios son responsables por su miopía. Los resultados de la actividad económica no son buenos porque cayeron en la trampa de proponer alternativas fáciles. Todavía hoy siguen pensando, de manera equivocada, que la disminución del salario es buena para la productividad y la generación de empleo. Olvidan que los mejores salarios contribuyen a incrementar la demanda y son un incentivo poderoso para aumentar la productividad. Los empresarios siguen convencidos de que los menores impuestos favorecen la competitividad, y no aceptan que la tributación es absolutamente necesaria para mejorar la educación, la infraestructura, la investigación, la seguridad, la movilidad, el cuidado de medio ambiente, etc. Y desconocen que estos bienes y servicios finalmente favorecen los procesos industriales e incrementan las utilidades.
Los empresarios piensan que la paz es un asunto menor, y que los acuerdos de La Habana no tienen nada que ver con el “modelo económico”. Por eso insistieron en que la consolidación de la paz no requería ninguna transformación sustantiva en el manejo de la economía. Se repitió, una y otra vez, que las decisiones de política económica no deberían estar afectadas por lo que se decidiera en La Habana. Los empresarios no han entendido que la modernización del campo, que es una condición indispensable para el mejoramiento de la competitividad industrial, requiere transformaciones sustantivas del modelo económico. No se le ha prestado ninguna atención a las recomendaciones de Naciones Unidas en su informe Colombia Rural, ni a las conclusiones de la Misión Rural.
Se equivocaron los empresarios al pensar que la bonanza minero-energética terminaría dinamizando la economía, y que la industria sería impulsada por las locomotoras mineras. En su visión miope bastaba con que la locomotora arrancara para que la industria creciera y las utilidades mejoraran.
Ahora, cuando los resultados no son los esperados, los empresarios se quejan del Gobierno, y le echan toda la culpa. No aceptan su propia responsabilidad, y continúan repitiendo las fórmulas que ya fracasaron. Es el momento de reflexionar y de repensar las causalidades simplistas que han alimentado el discurso empresarial, y que han llevado al gobierno a pensar, de manera ingenua, que la consolidación de la paz no exige cambios estructurales.
La entrada en vigencia de la Ley de Garantías restringe el margen de maniobra.
El gobierno aún dispone de un margen de maniobra suficiente como para aprovechar una coyuntura regional que aún le es favorable y un apoyo representativo de la ciudadanía para sacar adelante