El balance claroscuro de Iván Duque

*Profesor de la Universidad del Rosario

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Este es el balance de la primera legislatura de Duque

El primer año de Iván Duque se puede resumir en tres frentes donde se observan resultados modestos, pero con oportunidades reales de corregir el rumbo. El primero es el tema legislativo, uno de los más opacos pues ha sido evidente el atraso de proyectos emblemáticos por la imposibilidad de forjar una coalición estable. Fueron muy pocos aquellos aprobados entre los que se destacan el Plan Nacional de Desarrollo, la controvertida Ley de las TIC, de reactivación económica y tal vez el más significativo teniendo en cuenta su origen político: la eliminación de la conexidad del narcotráfico y el secuestro con los delitos políticos.

No obstante, dos bemoles sobresalen: el bajo número de iniciativas presidenciales aprobadas en el Congreso de la República respecto de sus antecesores Uribe y Santos, como lo recuerdan Julián Huertas y Adelaida Ávila en el portal La Silla Vacía. El actual Jefe de Gobierno acumula apenas 18, cuando en este momento sus dos predecesores tenían un promedio de 42. Y el atraso evidente en la aprobación de leyes para frenar, prevenir y castigar la corrupción.

Tal estancamiento significa una doble derrota para Duque, pues en la consulta convocada por los verdes hace un año se estrenaba como presidente declarando una sana independencia respecto del Centro Democrático.

Ante el resultado significativo en la urnas, se comprometió a sacar adelante iniciativas para atacar un flagelo cada vez más importante para los ciudadanos. La mayoría de tales proyectos se hundió por trabas en el Congreso con lo que su liderazgo en el tema ha sido puesto en entredicho.

El segundo tema importante ha sido la paz que comporta dos dimensiones, la puesta en marcha de los Acuerdos de La Habana o Teatro Colón con las Farc, así como el atropellado y suspendido proceso con el ELN. En cuanto a las Farc, se puede decir que Duque ha sido coherente con lo prometido en la campaña, especialmente con lo anunciado respecto a la Justicia Especial para la Paz. Sin embargo, la drástica reducción de recursos para el postconflicto en materia de tierras, reincorporación de exguerrilleros, protección de líderes sociales y justicia transicional da cuenta de un preocupante panorama que le genera cada vez más problemas respecto de la comunidad internacional.

El gobierno no ha sabido diferenciar algunas correcciones necesarias a la ejecución de la paz, con una política sistemática de recortes que pueden poner en riesgo su viabilidad y sientan un pésimo antecedente para el desarme del ELN.

Con este último, el gobierno pondrá a prueba su voluntad de paz y deberá apelar al pragmatismo si quiere volver a la mesa de negociación, tarea compleja, pues cualquier concesión será fustigada por el Centro Democrático.

Y, en política exterior, el gobierno ha cometido graves errores como apostar por el cerco diplomático contra Nicolás Maduro, que no solo dista de los efectos esperados, sino que excluyó a Colombia de cualquier influencia en la transición política venezolana. A esto se suma la inexplicable conducta de Donald Trump, quien probablemente sin ponderar los efectos de sus declaraciones, ha tratado de forma despectiva al gobierno colombiano, afectando los intereses no solo de Colombia sino de Washington.

En lo que resta, el gobierno aun dispone de un margen de maniobra suficiente como para aprovechar una coyuntura regional que aun le es favorable, un apoyo representativo de la ciudadanía para sacar adelante, de una vez por todas, un proyecto anticorrupción efectivo y comprobar sin ambigüedades que la paz es una prioridad.