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Directores, gerentes, CEO, presidentes o socios de 500 empresas y gremios califican la gestión de funcionarios y ministros del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón.
Es claro que los ejemplos de la lentitud del Gobierno son abundantes
Al hacer el ejercicio de preguntarle a los empresarios cómo calificaban al Gobierno, cuando se llegaba al Presidente, en más de una ocasión, el ejecutivo de turno se declaró santista, pero lamentó la lentitud con la que trabaja el Estado. Al reflexionar por qué los empresarios tienen esa idea, es claro que los ejemplos de la lenta ejecución o de la falta de reacción del Gobierno son abundantes, sobre todo en el segundo mandato de Santos.
Para empezar, se puede pensar que la bandera del segundo gobierno de Santos, la paz con las Farc, tomó demasiado tiempo. Más allá de discutir si las conversaciones fueron largas o no, y sin entrar a hablar del papel que jugó el Congreso, es difícil de explicar que la Justicia Especial de Paz, uno de los pilares del acuerdo de La Habana, haya sido aprobada a última hora, con todo y que los mecanismos del Fast Track estuvieron vigentes todo un año.
Además, ni siquiera con esas facultades el Gobierno pudo ejecutar el acuerdo completo, y ahora se lamenta por la pérdida de las curules especiales para las víctimas o el hundimiento de la reforma política.
También en el ámbito político, no son pocas las críticas a la lentitud y poca reacción que tuvo el Gobierno, primero, para afrontar la demanda internacional de Nicaragua, y luego, para resolver salirse del Pacto de Bogotá si creía que La Haya no era el escenario para resolver el asunto.
Si en el tema político el Gobierno fue lento, también lo fue en el económico. Una de las cinco locomotoras económicas del candidato Juan Manuel Santos en su campaña de 2010 era la infraestructura y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) era una de las piezas clave en ese plan.
Si bien la ANI es uno de los grandes inventos de esta administración, recién en 2012 terminó su creación, y la estructuración y ejecución de los proyectos de las vías de cuarta generación, aunque es indudable que quedó bien hecha, ha sido tan lenta, que habrá que ver cuántas de esas obras alcanza a inaugurar el presidente Santos.
Este programa vial, que además fue vendido por las autoridades económicas como un componente contracíclico para aminorar el impacto económico de la caída de los precios del petróleo, viene prometiendo una aceleración en el crecimiento del PIB desde 2015. Dos años después, ese impacto ha sido mínimo.
Otro buen ejemplo de la demora del Gobierno para tomar decisiones se vio en la Reforma Tributaria de 2016. Luego del proyecto que aprobó el Congreso a finales de 2014, se estableció que se tenía que conformar una comisión de expertos que evaluara todo el sistema tributario y diera una serie de recomendaciones para una nueva reforma tributaria estructural.
Dicha comisión se tomó casi un año para hacer el informe, y el Gobierno se tomó casi otro año para la elaboración del proyecto de ley tributario, de modo que la reforma, que para analistas como Anif fue insuficiente, fue aprobada recién en los últimos días de 2016.
Como complemento a esa reforma, se creó otra comisión para estudiar el gasto público, que se espera que este mes (tras casi otro año de estudio) entregue sus recomendaciones sobre cómo hacer más eficiente el dinero del Estado. Luego de ocho años en el poder, el presidente Santos viene a reconocer algo que los economistas venían hablando desde hace mucho tiempo: es necesario reformar el sistema de pensiones, porque tal y como está parece fiscalmente insostenible.
A pesar de que el ministro Cárdenas admite que el problema pensional “está sobrediagnosticado”, en vez de proponer una solución, espera el resultado y las ideas de la comisión de gasto, para estudiarlas, y con todo eso, las pensiones son un problema que Santos le está dejando a su sucesor.
Finalmente, aunque los efectos de los planes Pipe se sintieron en su momento, hoy en día la impresión que existe es que el Pipe 3.0, llamado Colombia Repunta, no ha sido ejecutado. Con todo y que fue anunciado con bombos y platillos en febrero de este año, las cifras de crecimiento económico de 2017 seguramente dirán que su resultado fue, siendo optimistas, marginal.
La entrada en vigencia de la Ley de Garantías restringe el margen de maniobra.
El funcionario, que dirige la Dian, fue elegido como el mejor entre los empresarios