Un sistema de oportunidades y realidades

Hace 60 años las cajas de compensación familiar fueron creadas por los empresarios colombianos en beneficio de los trabajadores de menores ingresos y sus familias. El objetivo: cerrar brechas sociales en un país marcado por la desigualdad, a través de un mecanismo que garantiza la distribución de la riqueza y el retorno al sector empresarial en términos de productividad y consumo.

El actual escenario de profunda inequidad donde la mayoría de los recursos se concentran en 1% de la población, revindica que un mecanismo como el de las cajas de compensación familiar no solo es pertinente, sino relevante y necesario. Las cajas focalizan sus servicios para compensar a los trabajadores con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos, que representan 90% de nuestros afiliados. De allí que los beneficios se distribuyan en consideración con los rangos salariales de los afiliados.

Solo en 2017, las cajas entregaron beneficios ciertos, tangibles y directos en vivienda, educación, cuota monetaria, cultura, recreación y turismo a 9,5 millones de trabajadores de los cuales, 75% gana menos de dos salarios mínimos y 15% gana entre dos y cuatro, precisamente la población objetivo del sistema. Para ellos la atención fue integral, porque también se dirigió a su núcleo familiar, representado en 11,5 millones de personas. Así mismo, las cajas de compensación familiar brindaron atención a cerca de ocho millones de personas no afiliadas a través de diferentes fondos creados por iniciativa del Gobierno Nacional: Foniñez y Fosfec.

En números planos este modelo social ha impactado de manera positiva a más de 29 millones de personas, es decir más del 50% de los habitantes de nuestro país; logros que han sido posibles gracias al aporte de 627.000 empresas que pueden afirmar a sus trabajadores que es posible crear valor social y económico al mismo tiempo.

Conocer la magnitud y el impacto de las cajas de compensación familiar confirma que la existencia por más de seis décadas de las entidades se debe a su probada e incuestionable eficiencia y su rentabilidad no es igualada por ningún otro modelo social, porque existe una sinergia fundamental y profunda entre la producción de ganancias y la contención de problemas sociales.

Ahora, no es un secreto que algunos economistas, con el argumento de generar formalidad laboral, expongan la necesidad de eliminar este costo adicional al sector empresarial. Sobre el punto, basta con revisar las consecuencias de la eliminación de los aportes al Icbf y Sena a partir de la Reforma Tributaria de 2012, para concluir que no se alcanzó el impacto esperado de crear un millón de nuevos empleos. En ese orden, lo que se debe analizar es cómo alcanzar verdaderos impactos estructurales sin necesidad de eliminar el único incentivo que actualmente existe a favor de la formalidad, y no de cualquier formalidad sino de aquella que genera una verdadera relación laboral con efecto probado en el sector productivo. Por qué en cambio no pensar en eliminar el alto nivel de subsidios cruzados que inciden de manera perversa en la decisión de las personas de mantenerse en la informalidad. Este aporte que puede verse como costo es en realidad una inversión que incentiva el mercado laboral, el consumo y la productividad.

Los problemas estructurales de mercado laboral no se solucionan con la supresión de 4%, porque entre otras cosas de eliminarse no podrá ser sustituido con el presupuesto nacional como ocurrió en los casos del Icbf y del Sena.

Mis preguntas entonces son: ¿cómo eliminar este salario social sin afectar a los trabajadores que son la población objeto de este aporte? ¿Qué programa o programas se recortarían en el caso de eliminar un punto porcentual del aporte de 4% en el entendido que cada recurso tiene un uso exclusivo, focalizado, regulado y con aplicación específica?
¿Afectaríamos entonces los recursos para vivienda, el subsidio al desempleo, la cuota monetaria que hace parte de la canasta familiar de millones niños en edad escolar y de adultos mayores? o ¿Estarían dispuestos a eliminar los jardines infantiles, las jornadas escolares complementarias, los colegios, las universidades, la educación técnica y tecnológica, los accesos a recreación, cultura y turismo? ¿Quién asumirá ese costo social?
El impacto de este aporte nace del compromiso de los empresarios y unió al Gobierno y los trabajadores en pro de un bien común.