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El gran reto que tiene Colombia en este momento en materia económica es disminuir el déficit de la balanza comercial que el año pasado llegó a US$5.200 millones, (casi 2% del PIB), debido a la reducción de precios de los productos minero-energéticos.
Hoy el país se encuentra en su peor momento en materia de cifras de comercio exterior: el año pasado exportamos US$19.000 millones menos que hace seis años y nuestro per cápita de exportación (sin minero-energéticos) es apenas una quinta parte del per cápita mundial. Exportar o morir, el lema del expresidente López Michelsen, se ha repetido de nuevo en los últimos meses.
Y es que esta coyuntura nos toma en un momento de reducción fiscal internacional: los Estados Unidos bajaron su impuesto corporativo hace dos años de 35% a 21%; el promedio de impuesto a la renta de los países Ocde es de 23,6%; el nuevo Presidente de México creó en diciembre pasado la zona franca de la frontera norte de 90.000 km2 con una tarifa corporativa de 20% y la mayoría de las +600 zonas francas de América Latina, en especial, las de Centro América y las del Caribe, tienen desde hace décadas una tarifa inamovible de renta de 0%.
La pregunta es ¿Cómo atraer nuevas inversiones y nuevas exportaciones de valor agregado dentro de esta coyuntura global?, ¿Cómo convertir a Colombia en un país atractivo para atraer nuevas empresas anclas en cadenas globales de valor con tan agresiva competencia internacional?
Es aquí donde las zonas francas colombianas juegan hoy un papel estratégico más que nunca, tornándose en nuestro principal y único mecanismo de atracción de inversión en productos y servicios destinados a los mercados internacionales.
Igualmente, son el más importante mecanismo hoy conocido en el mundo para atraer inversión manufacturera, logística y de servicios internacionales, utilizado por más de 135 países en el mundo, que genera 70 millones de empleos directos y canaliza el 40% del comercio internacional de mayor valor agregado.
Son además sedes de las nuevas impresoras digitales y los robots, de los nuevos y disruptivos procesos de comercio electrónico trasfronterizo (e-Free Zones), de fabricación de vehículos, data centers, productos farmacéuticos y refinación de petróleo; es decir, todos aquellos sectores en los cuales Colombia hoy desea posicionarse.
En Colombia las zonas francas han canalizado las más importantes inversiones de la última década, que en conjunto representan US$17.000 millones y unas exportaciones que se acercan a los US$3.000 millones. De llegar a duplicarse estas cifras, se sobrepasarían incluso las exportaciones de carbón del último quinquenio.
En medio de toda esta coyuntura el Gobierno se ha visto obligado a reglamentar la ley de financiamiento, en cuanto a la liberación de la liquidación del IVA de las empresas de zona franca con las del territorio aduanero nacional.
La ley de financiamiento de diciembre del año pasado niveló el procedimiento de liquidación de IVA, entre los usuarios industriales ubicados en las zonas francas autorizadas antes del 31 de diciembre de 2012 y los que operen en zonas francas declaradas después de esa fecha.
La filosofía de la ley de financiamiento es buena: nivelar la metodología de la liberación de IVA entre usuarios de zonas francas nuevas y viejas, y entre unos y otros con los productores del territorio aduanero nacional cuando los bienes se destinan al mercado interno para evitar distorsiones innecesarias, esto es plausible.
Sin embargo, aquí nos encontramos frente a un doble reto: el de los procedimientos administrativos y el del cobro de un doble IVA que se deriva de las normas adoptadas.
1. Nuevos Procedimientos Administrativos
El 20 de septiembre fue expedida la Resolución 059 que reglamenta la nueva declaración especial de importación, la cual será tramitada por vía electrónica.
Esta norma que tuvo varios ensayos en grandes usuarios industriales de zonas francas, permite la salida de bienes con el formulario de movimiento de mercancías, debiendo el usuario de zona franca (o el comprador ubicado en el territorio aduanero nacional) presentar a más tardar a las 6:00 p.m., una declaración especial para todas las mercancías retiradas durante ese día, aun cuando estén amparadas por diferentes subpartidas arancelarias.
Así, deberá presentarse una declaración especial por cada uno de los niveles de IVA (5%, 16% y 19%), y de ella harán parte el certificado de integración y el formulario de movimiento de mercancías que corresponda. Por otro lado, se excluye de esta obligación la salida de mercancías excluidas o exentas de IVA.
2. Aspectos Fiscales
Las consecuencias de esta nueva declaración especial variarán de acuerdo al modelo operativo de cada usuario. Por ejemplo, si un usuario industrial de bienes nacionaliza las materias primas antes de su proceso productivo, estará sometido a un IVA intermedio, que deberá asumir antes de la salida del producto final al territorio aduanero nacional.
Otro escenario donde se reflejaría un doble pago del IVA, sucede en la adquisición de servicios, pues estos causarán IVA no solo al momento de su compra, sino también de forma indirecta al hacer parte de la base gravable para la liquidación del IVA en la presentación de la declaración especial.
Como consecuencia de lo anterior, se ha previsto que se generarán saldos a favor de los usuarios industriales de bienes que no podrán ser recuperados, toda vez que, al causarse el impuesto en dos oportunidades casi concurrentes, se pasaría en la práctica de una tarifa del 19% a una del 38%.
Este hecho, que se pasó por alto en la redacción del Oficio 10202208-0951 del 5 de septiembre expedido por la Dian, debe corregirse urgentemente, aceptando detraer el IVA causado, bien en la nacionalización de materias primas o en la adquisición de servicios, del IVA liquidado en la declaración especial.
De lo contrario, este IVA atrapado pulverizaría la competitividad de las zonas francas colombianas frente al resto de zonas francas de América Latina y frente a los productores de países con los cuales Colombia tiene hoy un TLC. El diablo está en los detalles.
El presidente Iván Duque en la asamblea de Analdex hace unas semanas, ofreció su total respaldo para impulsar y facilitar el mecanismo de las zonas francas en Colombia.
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Según el Dane, en julio de 2019 las ZF registraron un incremento de 25,2%, al pasar de US$225,8 millones FOB en julio 2018 a US$282,7 millones FOB.
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