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Ya inició la cuenta regresiva para la implementación de esta herramienta en los comercios
Se estima que, a la fecha, hay más de 300.000 empresas en el territorio nacional habilitadas para facturar electrónicamente
La Factura Electrónica en Colombia definitivamente es un hecho. Se estima que, a la fecha, hay más de 300.000 empresas en el país habilitadas para facturar electrónicamente de las cuales más de 200.000 ya lo están haciendo, y se espera que esta cifra ascienda a casi 500.000 al finalizar el año. Ya la Dian ha desarrollado un sistema, que permite validar en tiempo real, más de 4 millones de facturas diarias y esta cifra diariamente aumenta. Esta tendencia en aumento será relevante a su vez, dado que también aplicará para personas naturales responsables del IVA, es decir, que tienen que emitir factura de venta por un servicio prestado o por un producto vendido, estos Independientes podrán acceder a servicios que les permiten en menos de 3 horas estar habilitados y facturando electrónicamente, por lo que se espera que la cifra de personas jurídicas y naturales en el sistema siga creciendo.
La Factura Electrónica, tiene tres principales funciones en la economía de un país y serán fundamentales para la nueva era: 1. Mayor Formalización, lo que implica mayor y mejor recaudo, menores oportunidades de hacer operaciones fraudulentas; 2. La posibilidad de negociar la factura como titulo valor, para que se pueda negociar y endosarla para recibir los recursos anticipadamente y 3. Mejorar la eficiencia operativa de las empresas en un tema que tradicionalmente es desgastante en las áreas de contabilidad.
A lo anterior, hay que sumarle que recientemente, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1154 de 2020, por el cual reglamenta la circulación de la factura electrónica de venta como título valor en Colombia. Este hecho histórico para el país trae consigo múltiples beneficios entre los precitados, especialmente en la coyuntura y reactivación económica que desde muchos sectores estamos apuntando.
Si bien todo cambio genera retos en múltiples frentes, tradicionalmente, la disrupción por medio de instrumentos digitales ha sido un canje del paradigma de escasez a uno de abundancia. Es una apuesta a la capacidad de entregar soluciones que entregan eficacia y con ello, crecimiento y desarrollo para la economía y para el ecosistema de facturación.
Es una herramienta que disminuye notablemente los casos de corrupción, generando ahorros no solo para las empresas, si no al Estado y a todos aquellos colombianos que pagamos cumplidamente nuestros impuestos. Infortunadamente los casos relacionados con corrupción se han convertido en uno de los principales tópicos de discusión en Colombia, casos de sobrefacturación de alimentos para personas vulnerables o de desviación de recursos para la compra de elementos de bioseguridad han acaparado la agenda pública. Los escándalos que se han dado a conocer han puesto en evidencia las inmensas sumas de dinero que se mueven por debajo de la mesa, con el fin de conseguir beneficios particulares, impactando negativamente las finanzas de los colombianos y con ello, la estrategia para la reactivación económica colombiana.
Adicionalmente, la factura como título valor podrá potenciar el mercado del Factoring en Colombia que hoy es de aproximadamente $4 billones, y que al tener la factura de manera digital, validada por un ente regulador, que impide que las facturas se dupliquen o se alteren, permitirá que el traspaso y comercialización de las mismas, sea mucho más rápido y seguro dándole la oportunidad a las Pyme del país, que accedan a instrumentos de financiación instantánea para aliviar las presiones de la caja. Hay que recordar que apenas 1 de cada 4 empresas en Colombia accede a financiación con Entidades Financieras.
Es preciso mencionar, que, con la reglamentación anunciada por el Gobierno, no solo pondrán en cintura a los evasores del país, logrando generar más ingresos para Colombia. La implementación de la facturación electrónica permitirá la reducción del coste de emisión de hasta un 65% en comparación con la factura tradicional, además logrará automatizar miles de procesos reduciendo la posibilidad de errores, de extravíos o de duplicaciones de facturas.
De igual forma, permitirá la pronta accesibilidad, gracias a que los archivos se guardan en la nube, y por ende se podrán consultar en cualquier momento y desde diferentes dispositivos.
Si bien aun quedan muchos retos, la experiencia internacional y las empresas expertas, entidades reguladas y certificadas por la Dian, que ofrecen servicios de facturación a las empresas y las cuales adoptan el sistema inmediatamente, sin necesidad de realizar ninguna inversión serán aliados clave para el desarrollo de este cambio de modelo, que generará inmensos ahorros para el país. Cadena, por ejemplo, según la Dian, es el segundo proveedor tecnológico en número de contribuyentes habilitados para facturar por su plataforma con más de 30.000 en este momento.
Es por ello por lo que ahora, será fundamental un trabajo articulado entre el Gobierno y estas empresas para avanzar en materia de pedagogía y fortaleza institucional. La reglamentación en sí es una buena noticia, pero es responsabilidad de los que trabajamos en este paso exponencial en que se lleve a cabo de la mejor forma, apoyando y mitigando algunos impases que se presenten en el camino. Así, a través de una mayor inclusión, pero especialmente por medio de la generación de incentivos al uso y la aceptación de la facturación electrónica por parte de usuarios y comercios, junto con el fortalecimiento de la educación, entre otras medidas, se logrará acelerar el uso de este título valor que tiene y tendrá un papel fundamental en la reactivación económica de Colombia.
Las empresas tienen tres opciones para comenzar a facturar electrónicamente: hacerlo con un proveedor tecnológico; implementarlo con el servicio gratuito de la Dian, que cuenta con 61.000 facturadores; o llevar a cabo el proceso ellos mismos
El costo de implementar este proceso requerido por la Dian va desde $50.000 mensuales, dependiendo del tamaño de la empresa
El cronograma, definido por la resolución 0042 de 2020, tuvo en cuenta las situaciones que generó la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19