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La factura electrónica no solo modernizará las operaciones de las empresas, sino que les permitirá reducir costos.
A partir de 2019, todas las empresas en el país deberán emitir factura electrónica de las ventas y comercialización de sus productos a sus clientes. Así lo estableció la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia (Dian).
Para lograr esta meta, la entidad ha autorizado, a corte de 21 de julio de 2017, a 31 empresas para prestar los servicios como Proveedor Tecnológico de Factura Electrónica. Con esto, el Gobierno Nacional pretende aumentar la eficiencia y competitividad de las empresas colombianas, objetivo establecido en su Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.
Dicho Plan establece en el artículo 9, que el propósito de la implementación de esta herramienta digital es “abandonar viejas prácticas y permitir que la factura electrónica circule en condiciones de mercado, evitando de este modo la fijación particular y arbitraria de la tasa de descuento”.
Para Juan Andrés Cala Patiño, gerente de Transfiriendo, una de las empresas autorizadas por la Dian para ser proveedores de factura electrónica, esta herramienta trae consigo beneficios como la reducción de costos en los trámites en una factura, ahorro en costos de impresión, despacho y almacenamiento, cuidado y protección del medio ambiente y facilidad de transacciones. Adicional a esto se mejora la gestión de cobro y los procesos administrativos son más rápidos y eficientes.
“Nosotros partimos de un levantamiento de información para hacer el proceso de integración con la empresa, es decir que esta adquiera factura digital. Venimos operando desde 2017 con la ley 1229, esta no obligaba a las empresas a implementar la factura digital, sino que era un algo voluntario. Participamos en la prueba piloto que hizo la Dian para operadores tecnológicos y vemos la nueva norma 2242 como una mejora en el sistema de facturación”, indicó Cala.
de acuerdo con el abogado julián jiménez, la facturación electrónica es una herramienta fundamental que el gobierno se ha demorado en implementar. el especialista tributario señaló que “es lo mejor que le puede pasar al gobierno”, pues de esta manera “se puede disminuir y controlar la evasión de impuestos en todos los niveles”.
En cuanto a la meta del Estado, reiteró que desde hace años se viene hablando el tema, pero todavía no se ejecuta. Jiménez expresó que la implementación de esta herramienta no se debe ver como una obligación fiscal, sino como una herramienta de financiación.
“En Perú hasta el vendedor más pequeño te pregunta si te expiden factura en papel o electrónica. Yo creo que es un tema que, si hay voluntad, rápidamente se puede masificar” aseguró el abogado.
La generación de esta herramienta se puede hacer por medio de un sistema de facturación del contribuyente o contratando los servicios de un proveedor tecnológico, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2242 de 2015.
El régimen electrónico se implementó como obligatoriedad en Chile desde 2013 con éxito.
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