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En un ejercicio de prospectiva económica, LR consultó a diferentes líderes gremiales cuál es la fórmula para crecer a 2050
Pearl señaló que se requiere la articulación Gobierno-industria, así como estabilidad regulatoria y seguridad jurídica.
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El presidente de la ACP dijo que la transición energética debe ser a la colombiana, y hay que desarrollar proyectos costa afuera
En un escenario de alerta de desabastecimiento energético, con la disminución de la actividad exploratoria, una infraestructura deficiente, y con la caída de 48,93% de las reservas de gas natural en los últimos 15 años, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, resaltó la urgencia de definir una política de transición energética adaptada al contexto colombiano, enfocada en el potencial y las prioridades de las regiones, así como en la complementariedad entre energéticos renovables y no renovables.
El sector del petróleo y gas en Colombia enfrenta diversos retos, incluyendo su liderazgo en la transición energética como apalancador y aliado; escenario en el que es fundamental maximizar la sostenibilidad en la industria, continuar trabajando para reducir su huella de carbono, al tiempo que se aumenta la producción y se incentiva la exploración para incrementar las reservas y asegurar el abastecimiento energético a largo plazo.
Para ello, se requiere la articulación Gobierno-industria, estabilidad regulatoria y seguridad jurídica, así como optimizar los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa; y garantizar viabilidad operacional en los territorios.
Específicamente en gas, es necesario conectar los mercados de la costa con el interior para asegurar el abastecimiento y optimizar la remuneración del transporte de gas.
Colombia debe escoger un modelo económico, no tenemos ni el libre mercado como en Estados Unidos, ni la provisión de bienes públicos como en Europa, pero sí los efectos externos negativos de ambos esquemas.
Además, el país debe definir claramente la política de transición energética y ejecutarla “a la colombiana”, enfocada en el potencial y las prioridades de las regiones, así como en la complementariedad entre energéticos (renovables y no renovables), valorando la seguridad en el suministro y las contribuciones de los hidrocarburos al cumplimiento de las metas país.
Es crucial desarrollar los proyectos costa afuera y robustecer la infraestructura energética para que todos tengamos acceso suficiente y competitivo a los energéticos. Esto implica asegurar los activos de producción de petróleo, gas y combustibles líquidos, sus mecanismos de transporte, almacenamiento y distribución bajo criterios de calidad y confiabilidad.
La principal tarea que tiene Colombia es formalizar su economía. Más de la mitad de los empleos en el país son informales o ilegales, y cuando hay informalidad no operan en la economía el multiplicador del crédito ni el de capital.
Es clave mantener la autosuficiencia energética aprovechando su potencial hidrocarburífero para atender la demanda que aún se estima para estos combustibles tanto en el país como en el mundo, con el objetivo de asegurar el acceso a la energía para todos y contribuir a la sostenibilidad fiscal de la nación.
El país debería haber logrado una diversificación sostenible de las fuentes de energía, una cobertura de 100% en electricidad, gas, combustibles líquidos, agua potable y conectividad.
Hay que privilegiar la inversión sobre el gasto, tener proyectos de formación bruta de capital fijo que faciliten la competitividad de los sectores productivos y disminuir los costos de transacción para generar capilaridad formal en los sistemas económicos.
“En los últimos 10 años, de cada 10 pies cúbicos, estamos haciendo viables solo 3,6, es decir, estamos solamente reponiendo un tercio de lo que estamos consumiendo”.
El sector del petróleo y gas seguirá siendo clave para la economía local y global en las próximas décadas, por lo que garantizar la competitividad del país para atraer inversión en esta industria aportará a su desarrollo económico y al de las regiones. Además, fomentar estas inversiones contribuye a la diversificación económica. Para ello, mantener la seguridad jurídica y garantizar la viabilidad de los proyectos.
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