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El sector legal en medio de la pandemia, se enfrentó a cambios que asumieron los abogados y sus colaboradores
La Ley castiga el acaparamiento y especulación con elementos de primera necesidad, como alimentos y medicamentos
Las regulaciones contra la pandemia del covid-19 en Colombia trajeron consigo nuevos conceptos legales a los que usted debe prestar atención sino quiere incurrir en multas o sanciones. Así como la cuarentena cambió su forma de vida, obligando a muchas personas a adaptarse a estos tiempos, también lo hizo con el tipo de comparendos que imponen los agentes de la Policía en las calles, pues es deber de estos proteger a la ciudadanía y preservar el orden público.
Con medidas como el ‘pico y cédula’ en las grandes ciudades, cumplir a cabalidad las normas impuestas por los gobiernos nacional y regionales es una de las mayores responsabilidades de los colombianos. Muchos de ellos han sido multados en las calles debido a diferentes razones. Por ejemplo, en Bogotá, durante los tres meses de decretada la pandemia, se han impuesto más de 612.000 comparendos por desacato a la cuarentena, 110.000 por porte de armas y 66.433 por el uso de sustancias prohibidas en espacios públicos.
Con la coyuntura del covid-19, también han surgido nuevos tipos de delitos, que son sancionados por las autoridades en el país. Por ejemplo, en el caso de los comerciantes, la Ley castiga el acaparamiento y especulación con elementos de primera necesidad, como alimentos y medicamentos.
Quien acapare, en una cuantía superior a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv), o sustraiga del comercio artículos de primera necesidad, como alimentos básicos, medicamentos y productos de uso doméstico puede ser sancionado. También, quien aumente los precios de estos artículos de manera exhorbitante durante el aislamiento obligatorio.
Pensando en el cuidado de la población general, se sanciona también la violación de medidas sanitarias y propagación de epidemia. Por salir de casa un día que no le corresponda según el ‘pico y cédula’, la multa puede ser hasta de $963.323.
En cuanto a las infracciones cometidas por las personas resguardadas en sus viviendas, las que más se han presentado han sido el mal manejo de basuras, el exceso de ruido y las aglomeraciones sociales no autorizadas.
Según la Superintendencia de Industria y Comercio se han reportado 2.254 reclamaciones
Las ausencias al centro de trabajo sin autorización y una justificación válida pueden acarrear sanciones para los empleados
Las multas podrían llegar a ser de hasta 2.000 salarios mínimos, unos $1.755 millones