Aunque las razones de las muertes de los líderes sociales en Colombia tienen muchas causas, en 2019 el exdefensor nacional del Pueblo, Carlos Negret, resumió dos motivos fundamentales: la pobreza en los territorios y la ausencia del Estado en las zonas en donde la violencia se ha ensañado con quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos.
Pero existe una más, una que aunque no parece tan letal, sí es una suerte de blanco que se pone en las espaldas de líderes y lideresas: la estigmatización de sus labores. Ariel Ávila, investigador de temas de conflicto armado y violencia, indica que el señalamiento de que los líderes hacen parte de insurgencias de izquierda, los pone como objetivos militares de grupos armados e invisibiliza la importancia de su trabajo.
“La estrategia es matar a uno para asustar a toda una comunidad. A esa persona la tildan de guerrillero, de insurgente, porque es quien se encarga de visibilizar problemas específicos de su territorio. Entonces ese estigma es letal, cada acción lo hace más visible y se vuelve blanco de quien sea que se vea afectado por su labor”, explica el investigador.
¿Qué salidas quedan, entonces, para contrarrestar esta situación y evitar los crímenes, que según la Fiscalía ya suman 397 casos desde el 2016 y hasta el 23 de septiembre?, ¿cómo combatir el estigma y los señalamientos?
ONU pide al Estado más presencia en los territorios
La ONU, a través de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, dice que es urgente que el Estado haga una presencia más integral en los territorios más golpeados por la violencia contra los líderes. De acuerdo con Juliette de Rivero, delegada para nuestro país, la presencia de la Defensoría del Pueblo en estas áreas golpeadas por los violentos puede ser un modelo para el ingreso de otros organismos estatales y gubernamentales.
De Rivero cree que la cercanía de los miembros de la Defensoría con la población civil es una manera de acercarse a las comunidades.
También hizo un llamado a que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada en febrero del 2017 en el marco del acuerdo de paz con las Farc, avance en el diseño e implementación de políticas que lleven a acciones para desmantelar a los grupos criminales en las regiones, en especial aquellas en las que los niveles de corrupción permiten que haya mayor impunidad.
Finalmente, instó a que el Gobierno Nacional y la comunidad internacional presten mayor atención a las alertas tempranas de la Defensoría, que advierten de posibles hechos de violencia en sectores específicos.
Alta Consejería para los Derechos Humanos propone más oferta estatal
Nancy Patricia Gutiérrez, alta consejera para los Derechos Humanos de la Presidencia, dice que es urgente, para evitar más muertes, entender las raíces de la violencia. Ella afirma que es el narcotráfico una de las causas más genera las acciones violentas contra líderes sociales y comunales.
La alta funcionaria explicó que, además, en los territorios más afectados hay una convergencia de elementos irregulares como minería ilegal, cultivos ilícitos y que las acciones que deben tomarse son las de atacar las economías que sostienen estos negocios y ocupar los territorios con oferta institucional.
La identificación de necesidades de las regiones se logra a través de los reportes de la Mesa Nacional de Garantías, que ya se ha reunido en cuatro oportunidades desde el 2018, reportó Gutiérrez.
A su vez, dice la funcionaria, el Alto Comisionado para la Paz, ya ha venido adelantando ejercicios en las regiones, enmarcados en los objetivos de la Mesa Nacional de Garantías.
Finalmente, habló de la estrategia del cartel de los más buscados, enfocada en el desmantelamiento de las organizaciones criminales en el país y añadió que se está realizando un trabajo interinstitucional en el que se revisan los casos y analizar las cifras, de mantener la atención en las alertas tempranas que entrega la Defensoría para coordinar coordinar con el Ministerio del Interior los esquemas de seguridad y protección de los líderes en riesgo.
Hay que evitar la estigmatización: Comisión de la Verdad
Para Lucía González, quien hace parte de la Comisión de la Verdad, en Colombia hace falta una estrategia de seguridad y prevención, liderada por el Gobierno, para determinar quiénes son los autores intelectuales de los homicidios.
“Falta una estrategia mucho más seria y articulada por parte del Gobierno para entender en dónde está el meollo del asunto, quiénes son los determinadores, no solo los gatilleros , y desbaratar esto que le hace tanto daño al país. Hace falta que se nombre esta tragedia en boca de las autoridades civiles y de las Fuerza Pública, tener un discurso en defensa, que sea significativo, movilizador y moralizador, que ponga en evidencia la dimensión del daño que esto causa”, dice la comisionada González.
Desde la entidad se ha abierto un diálogo con los líderes a través de audiencias públicas y de allí se desprenden sugerencias para el Congreso, como impulsar reformas a leyes de tierras y mayor vigilancia a las leyes que protegen áreas indígenas y afro.
La comisionada también cree que hay estigmatización a la labor de los líderes y pide al Gobierno que use un lenguaje más categórico en su defensa y en rechazo de las acciones violentas en contra de ellos.
“Ha habido una estigmatización de los líderes y eso debe parar. El Gobierno debe nombrar el drama, visibilizar el drama. Debe estar abierto a una apoyo internacional porque lo que está pasando bien podría confirgurarse en un genocidio, como pasó con la UP. Hay que llamar al Gobierno a que sea más categórico en cómo nombra las cosas y en el nombre que les pone. Los territorios necesitan instituciones que los protejan integralmente”.
Fiscalía quiere aumentar el porcentaje de esclarecimiento de asesinatos
La vicefiscal Martha Mancera enumeró algunas estrategias que desde la Fiscalía se adelantan para enfrentar esta situación. En primer lugar habló de una directriz de priorizar el esclarecimiento de todos los homicidios dolosos para después enfocarse en líderes.
Explicó que desde la Fiscalía se reforzaron equipos de investigación de policía judicial, nacional y cuerpo técnico. “Hoy se cuenta con el 28 % de avance de esclarecimiento, focalizando los departamentos con mayor afectación”, dice sobre el tema de líderes.
“Los avances que tenemos se han dado gracias al compromiso de equipos de investigadores que incluyen fiscales, analistas y perfiladores de las características de los defensores de derechos humanos, para determinar si su muerte fue por causa del ejercicio de su trabajo de derechos humanos. También ha aumentado el trabajo conjunto con otros componentes del Estado como la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo que nos permite reaccionar en tiempo real en los territorios”, agrega Mancera.
Aseguró que hay un énfasis investigativo en las estructuras que están matando a los líderes.
“Durante el 2020 hemos tenido un 43 % de efectividad de esclarecimiento. Esto gracias al aumento de 25% en el personal de la Unidad Especial”, explicó. Agregó que en esta nueva administración se designaron seis fiscales regionales para que atiendan zonas de Antioquia, Córdoba, Caquetá, Putumayo, Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Chocó, Tolima y Huila, ellos acompañando a equipos del cuerpo élite y con seguridad de estructuras de fuerzas militares.
Mancera añadió que se están priorizando acciones para determinar no solo quiénes son los autores materiales e intelectuales de los asesinatos, sino que también se está haciendo hincapié en conocer quiénes están detrás de las amenazas, ya que esto implica una afectación al trabajo de otros líderes.
“El trabajo es en los territorios, desde las veredas y para poder caracterizar a los responsables de los hechos. Vamos a sostener las investigaciones en los territorios. Identificar e impactar las finanzas ilícitas y llevar a extinción de dominio bienes de los que atacan a los líderes”, concluyó la Vicefiscal.
Defensoría del Pueblo con más énfasis en la presencia en territorios
Escuchar más a los líderes y mantener una alta presencia en los territorios, son dos de las estrategias que la Defensoría del Pueblo mantiene para aportar a la disminución de la violencia contra esta población. El organismo fue escogido desde junio pasado para que lidere la secretaría técnica de la mesa nacional de garantías, por lo que aseguran desde la entidad que algunas de las acciones que tomarán estarán enmarcadas en este mandato.
Entre las medidas que anunciaron que tomarán está la de impulsar este espacio en los territorios, con agendas comunes entre la Defensoría, las organizaciones sociales y los líderes y lideresas.
También un énfasis en la presencia y diálogo con los líderes de los departamentos más afectados como lo son Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Chocó, Arauca y Córdoba.
También está el sistema de alertas tempranas que monitorea y analiza situaciones de riesgo para la población por causa del accionar de grupos armados. Las conclusiones del análisis se entregan al Gobierno Nacional para que impulse medidas de prevención y protección que sean necesarias.
En cuanto a presencia en territorio, se realizan reuniones individuales y colectivas con líderes, víctimas, organizaciones de la población civil, autoridades civiles y de la Fuerza Pública. Allí, explica la Defensoría, “se impulsan acciones dirigidas a fortalecer las capacidades existentes al interior de la población civil en materia de autoprotección. Ante las autoridades públicas, por su parte, estos espacios se orientan hacia la promoción de acciones de prevención y protección y fortalecimiento de sus capacidades para tal fin”.
MOE pide cambiar el paradigma y priorizar la protección colectiva
La Misión de Observación Electoral, MOE, aunque admite que en el país se ha avanzado en actualizar los esquemas de seguridad, señala que hace falta que se pase de la protección individual a una protección colectiva, en la que se entregue seguridad a los líderes, sí, pero al mismo tiempo a sus organizaciones y la comunidad en la que habita.
“Colombia ha avanzado en esquemas de protección, adaptándolos a la actualidad, pero en general son esquemas individuales. Si un líder es amenazado le ponen un escolta, le dan chaleco antibalas y le asignan un carro blindado, pero si hablamos en las regiones hay varias personas afectadas, pues este no es mejor mecanismo para cuidarlos”, dice Pamela San Martín, coordinadora del más reciente informe de la entidad sobre violencia contra líderes sociales en Colombia.
“En la MOE vemos tres factores a tener en cuenta a la hora de incrementar y mejorar la seguridad: ¿cuál es el territorio en donde la intimidación se lleva a cabo?, ¿cuál es el género de la víctima? Y ¿tiene características étnicas? Es decir que se pueda determinar si tiene características específicas que lo hacen vulnerable”, agrega.
La experta plantea que para conseguir esta información, es necesario que se establezcan espacios de diálogo e interlocución en los territorios para encontrar mecanismos específicos de protección acorde a cada comunidad.
“Para ello se requiere el trabajo, no solo del Gobierno Nacional, sino también de los gobiernos locales. Una opción son los consejos municipales de paz y reconciliación, que son mecanismos que integran a líderes sociales y comunales con las autoridades. Hay que fortalecer la participación de los líderes y comunidades en la elaboración de los planes integrales de prevención del Ministerio del Interior para caracterizar las organizaciones y pobladores y así tomar medidas particulares en cada región”, concluye.
Unión Europea pide una justicia más visible
La embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Lombard, dice que es fundamental que en Colombia la justicia actúe de manera rápida y transparente, pero sobre todo, de manera visible, para que la sociedad pueda saber que hay acciones en favor de resolver los crímenes y se reduzca la percepción de impunidad.
“La justicia colombiana debe actuar de manera rápida, de manera transparente, y de manera visible. Y debe hacerse más visible y presente en los territorios y mostrar más cómo van en temas de investigaciones, en temas de judicialización y en temas de sentencias para romper con una percepción de impunidad que tiene la sociedad, la sociedad tiene que volver a confiar en las instituciones pero para lograr eso, la justicia debe llegar al fondo de las investigaciones, preservar los derechos de todos los ciudadanos”, dice la embajadora.
Por otra parte, la representante diplomática de la Unión Europea señala que es necesario que en el país se reconozca más el trabajo en favor de los derechos humanos de los líderes sociales y comunitarios.
“A la sociedad civil colombiana y a la comunidad internacional les corresponde alzar la voz para reconocer el trabajo de los líderes, que son quienes defienden derechos que nos interesan a todos. Al hacer eso también evitamos la estigmatización que sufren por su trabajo”
Lombard insiste en que la salida a la violencia es el diálogo. “Hay que aumentar el diálogo entre los líderes, las autoridades, la sociedad, los partidos políticos y hacer ese diálogo enfocado en poner fin a la violencia.
Finalmente, la embajadora reiteró un llamado a los grupos armados ilegales a que cesen la violencia y las hostilidades contra los líderes y en general contra la población civil del país.
Procuraduría adelanta Mesas por la Vida en las regiones
Una mayor articulación con las entidades territoriales para así mejorar las acciones específicas de atención a hechos de violencia contra los líderes sociales es uno de los llamados de la Procuraduría General de la Nación, que ha venido adelantando encuentros en las distintas regiones, enmarcados en la iniciativa Mesas Por la Vida, apoyadas por el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID.
Desde el organismo de control se hizo un llamado a aumentar el diálogo con los líderes y defensores de derechos humanos de las zonas más golpeadas por la violencia y que desde el inicio de la pandemia han visto recrudecer los hechos de violencia en su contra.
“Los grupos armados están tomando ventaja, ocupando espacios de la institucionalidad democrática, afectando y hostigando a la sociedad civil, y eso debemos afrontarlo”, dijo el procurador Fernando Carrillo durante una intervención durante una de las mesas.
Carrillo también ha hecho un llamado a que se termine la estigmatización de la labor de los líderes sociales y comunitarios, en especial en las regiones que históricamente han sido azotadas por la violencia.
Por esto, el Procurador insistió en que se deben crear instancias de diálogo institucional que analice la situación actual con las nuevas condiciones que se están viviendo por causa del coronavirus.
“Tenemos que oír las voces de los líderes sociales que están en medio de violencia, de conflictos entre actores armados. Hoy en día, con la pandemia, estamos enfrentados a las causa de la violencia que venía de atrás y a una conflictividad nueva, que ha traído repercusiones por el aislamiento social y que se recrudece por la ausencia de la Fuerza Pública en algunos territorios”, agrega Carrillo.
Desde el Ministerio Público se pide que se mejoren las líneas de atención cuando hay amenazas. “Muchos líderes están siendo atacados y asesinados dentro de sus casas o en su entorno familiar inmediato, lo que supone que se deben repensar los esquemas de seguridad”, dice Carrillo.
El Procurador exhortó a las autoridades territoriales para que incorporen en sus planes de desarrollo la obligación de atender la seguridad de los líderes, de fortalecer canales de comunicación con las autoridades locales y mejorar los niveles de protección colectiva y autoprotección.
Desde la Procuraduría se pidió al Gobierno Nacional el cumplimiento de pactos alcanzados en Cuba, en medio del acuerdo de paz con la hoy extinta guerrilla de las Farc. Entre ellos, se pide que se priorice el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), con protocolos de atención y protección y más en medio de pandemia.
Codhes dice que hay que atacar las estructuras del problema
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES plantea que parte de la solución a los asesinatos y la violencia contra los líderes es atacar una de las raíces del problema, que, según la entidad, es la economía ilegal. Y para ello proponen que una de las acciones a tomar sea la de implementar los acuerdos alcanzados en la La Habana con la hoy extinta guerrilla de las Farc.
“Hay que atacar las distintas fuentes sistemáticas que están detrás de los asesinatos y la violencia. Un primer camino es la implementación a fondo del acuerdo de paz porque en él se prevé la posibilidad de una reforma rural que permita quitarle piso a las economías ilegales. Volver a fumigaciones masivas, al enfrentamiento armado, eso ya no funciona, las economías ilegales funcionan de manera más compleja. Con el acuerdo de paz hay herramientas para enfrentar esto para adelantar una reforma rural que provea tierras, planes de distritos de riego, de educación rural”, dice Marco Romero, director de CODHES.
Romero plantea que se debe buscar también reducir la violencia armada en las regiones y se debe buscar un cese al fuego entre actores armados ilegales y los miembros de la Fuerza Pública, en especial en medio de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus.
“Se deben cumplir con las recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el papa Francisco que dicen que en tiempos de pandemia hay que buscar estrategias de cese al fuego en los territorios entre el Estado y grupos armados, sin detenerse tanto en poner condiciones imposibles por parte del Gobierno, hay que buscar desescalar el conflicto, porque la mezcla entre pandemia y violencia deja consecuencias que probablemente no podremos enfrentar en el futuro”, agrega Romero.
Desde CODHES manifiestan que el Gobierno debería consolidar fórmulas de sometimiento a la justicia de bandas criminales y otros grupos armados, como ocurrió con las Farc en 2016. “El proceso de paz con las Farc puede ser como una especie de cuota inicial del desescalamiento de otras formas de violencia, porque mientras sigan existiendo se van a retroalimentar y las guerras alimentan a las economías ilegales”.
Finalmente, Romero concluye que es vital que se denuncie y rechace la violencia en contra de los líderes, desde todos los puntos de la sociedad.
“Es muy importante mantener la condena general a los asesinatos de líderes. Campañas como Lidera la Vida han puesto el énfasis en decir que si Colombia quiere la paz no solo hay que desarmar a los que están en la guerra, también hay que garantizar que el liderazgo democratico tenga la posibilidad de resolver conflictos que se han ido al terreno de la guerra en los escenarios de movilización social y la participación política”, termina Romero.
Finalmente, la embajadora reiteró un llamado a los grupos armados ilegales a que cesen la violencia y las hostilidades contra los líderes y en general contra la población civil del país.
Usaid Colombia, un aliado de la defensa y protección de los líderes sociales
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Colombia ha venido apoyando a las instituciones del Estado colombiano en la prevención de la violencia contra líderes y defensores de derechos humanos. Por ello, ha brindado asistencia técnica a la Procuraduría General de la Nación (PGN) a través del Programa de Justicia para una Paz Sostenible para la protección efectiva de la población objeto definida en la Directiva No. 002 de junio de 2017, sobre las que se han desarrollado las diferentes iniciativas:
Desde el año 2018 USAID Colombia ha apoyado técnicamente a la PGN en el desarrollo de nueve Mesas por la Protección a la Vida, que se desarrollaron en Cauca, Tumaco (Nariño), Apartadó (Antioquia), Soacha (Cundinamarca), Puerto Asís (Putumayo), Córdoba (virtual), Chocó (que se realizó de forma virtual), Mesa Nacional de Protección a Personeros, y la primera Mesa Nacional virtual llamada ‘Covid -19 y Líderes Sociales’.
En estas mesas han participado líderes y defensores de derechos humanos y se diseñaron y aprobaron planes de acción entre las entidades del Estado. Como resultado de estas actividades, para finales de 2020 se cuenta con cinco planes construidos en Tumaco, Apartadó, Putumayo, Córdoba y Chocó con un avance en su implementación del 65%. USAID por su parte, ha asesorado directamente a la PGN en 17 casos de líderes en situaciones de riesgo que han sido identificados en las Mesas.
Las Mesas por la Protección a la Vida se han caracterizado por ser un espacio valioso de intercambio de perspectivas, ideas y visiones para buscar soluciones conjuntas sobre las problemáticas locales y fortalecer los mecanismos de control en beneficio de líderes sociales y defensores de DDHH.
USAID ha apoyado, de igual forma, la campaña Lidera la Vida junto a la PGN, la Defensoría del Pueblo, representantes de la sociedad civil, medios de comunicación y organismos internacionales, con el objetivo de promover en la opinión pública la urgente y necesaria defensa de la vida de los líderes, lideresas y defensores de los derechos humanos en el país.
Entre las acciones que hemos impulsado es la actualización del sitio web de la campaña (www.lideralavida.com) y la utilización de redes sociales para promover la defensa de los líderes, donde en total se han realizado 1,868 publicaciones por Twitter, Instagram y Facebook. También se realizó el comercial de la campaña que se ha promovido en Telepacífico y Teleantioquia, y se hicieron 11 video clips que contienen mensajes de apoyo al trabajo que realizan los líderes y lideresas que se ha difundido en las redes sociales de los socios institucionales. Además, para llegar a las zonas rurales, se han difundido 1,260 mensajes de radio en estaciones comunitarias de los departamentos de Cauca, Putumayo y Chocó.
Por último, el 16 de diciembre de 2020 se realizó un Concierto Virtual por la Vida, que contó con la participación del Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y distintas agencias de cooperación. En este evento se presentaron 15 artistas locales y nacionales, entre ellos Adriana Lucía, El Cholo Valderrama, Cesar López y fue moderado por la reconocida periodista Mabel Lara. Este fue transmitido en vivo por diferentes medios de comunicación y redes sociales, en la que se conectaron en total 200.000 personas.
Con asistencia técnica directa, USAID Colombia ha apoyado a la PGN mediante el acompañamiento in situ, en el avance de procesos y/o investigaciones contra funcionarios públicos que involucran a líderes sociales y defensores de derechos humanos, logrando que a la fecha haya 25 procesos disciplinarios en curso que presentan un total de 37 avances procesales. Asimismo, ha brindado asistencia técnica a la PGN en el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Para USAID es fundamental que estas actividades de apoyo a las instituciones nacionales en la defensa y protección de los derechos humanos de los líderes sociales sigan contribuyendo a posicionar su vulnerabilidad en la agenda pública y que con acciones decididas Colombia logre una paz sostenible.
Campaña Lidera la Vida
