La violencia en contra de los líderes sociales en Colombia se podría comparar con el flujo de una cascada: igual que parece imposible detener el movimiento del agua, parece imposible parar los homicidios contra esta población.
Y es que, aunque no existe un consenso general sobre el número exacto de muertes, organizaciones nacionales e internacionales se han mostrado preocupadas por los altos porcentajes, que aunque tienen variaciones año a año, lo cierto es que siguen siendo escalofriantes.
De acuerdo con datos de la ONU, esa organización pudo determinar 53 asesinatos durante todo el año, con 74 en proceso de verificación, mientras que la Defensoría del Pueblo reportó, entre enero y septiembre del 2020, 139 asesinatos.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) publicó a finales del 2020 una investigación sobre hechos de violencia contra líderes que fue realizada con el apoyo de la Unión Europea, y allí reportaron 81 homicidios en el primer semestre del año, diez menos que los anotados por la Defensoría en ese mismo periodo.
En la base de datos de la MOE está consignado que en el mismo periodo del año pasado la cifra de muertos fue de 61, lo que significa un aumento del 32,7 % de estos crímenes de un año a otro.
Además de las cifras, otro dato preocupante que registró la MOE en su informe es que 52 de esos 81 asesinatos de líderes sociales que se han cometido en esos seis meses se presentaron en territorios PDET – zonas en donde están instaurados los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial creados tras el proceso de paz con las Farc–, lo que significa que “64,2 % de los asesinatos se dieron en zonas priorizadas por el Estado para evitar los focos generadores de la violencia. Esto representa un incremento del 39 % respecto de 2019, en que se reportaron 39 asesinatos”, dice el documento.
La ONU, por su parte, documentó que durante todo el 2020 el 78 % del total de los asesinatos de líderes sociales y defensores y defensores de los derechos humanos tuvieron lugar en zonas rurales, el 98 % en municipios con economías ilícitas, en especial producción de drogas y minería ilegal, y el 45 % en municipios PDET.
Y aunque es verdad que las cifras no coinciden entre sí, también es cierto que la violencia es una realidad inocultable. Y más allá de eso, las preguntas que quedan son ¿quién tiene capacidad de cometer tantos crímenes, incluso en zonas protegidas como los PDET, quién está dejando esta estela de cadáveres?
La respuesta, igual que las cifras, no es uniforme. Lo cierto es que hasta ahora no existe un dato exacto sobre quién está detrás dando las órdenes de cometer estos crímenes, lo cierto es que las balas son disparadas desde armas que empuñan muchas manos.
Según los datos oficiales entregados por la Fiscalía, desde el 2016 y hasta agosto del 2020, se abrieron procesos investigativos a 302 casos de asesinatos de líderes. De ellos, reportan haber esclarecido 117, que corresponden al 58,61 %.
De esos 117, el órgano investigador tiene claridad sobre los autores en 103. La información dice que el 17,51 % de los homicidios se cometieron por las llamadas organizaciones criminales tipo C, que según la definición de Policía Nacional, son grupos de unas tres personas que se conforman de manera temporal para delinquir, especialmente en las regiones.
El 11,86 % de las muertes fueron responsabilidad del ‘Clan del Golfo’, también con 11,86 % están las llamadas Gaor (Grupos Armados Organizados Residuales). El ELN fue responsable del 7,91 % de las muertes, mientras que a las Farc se le atribuyen 1,13 %.
Desde el Gobierno, el mismo presidente Iván Duque ha explicado el fenómeno, atribuyéndole también a esas estructuras criminales las muertes, pero identificando un móvil común: el narcotráfico.
“¿Quién los está matando? El narcotráfico, la extracción ilegal de minerales, es que estos asesinatos se han concentrado en municipios en los que hay presencia del narcotráfico y estructuras criminales. Nosotros sabemos que el fenómeno se ha presentado en una parte pequeña del territorio, pero en donde están esos negocios, donde están las disidencias de las Farc, en donde está el ELN, el Clan del Golfo, Los Caparros, Los Pelusos, muchas de esas estructuras que hemos venido golpeando, pero son ellos son los responsables de este tipo de circunstancias”, dijo Duque en septiembre.
Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación y autor del libro ‘¿Por qué los matan?’, se muestra de acuerdo con la Fiscalía y el Presidente en cuanto a que no existe un solo perpetrador común, pero él ve otra explicación a los motivos que impulsan los crímenes.
“Lo que se puede concluir después de revisar los perfiles de las víctimas y las zonas en donde ocurren las muertes es que en Colombia la violencia se convirtió en un mecanismo para tramitar conflictos políticos. Entonces lo que queda como evidencia es que cuando una persona poderosa entra en conflicto con un líder y está en capacidad de contratar a un sicario, lo hace. En la investigación para mi libro encontré que el 70% de los victimarios identificados son sicarios que ni siquiera saben quién los contrató y el 30% son disidencias de las Farc, ELN, Clan del Golfo, etc”.
Ávila asegura que aunque con la revisión de los casos no se puede determinar que haya sistematicidad en cuanto a autores, tesis que ha venido defendiendo el Gobierno, él sí identifica sistematicidad en los perfiles de las víctimas. Y una de las coincidencias que él ve es que un alto número de líderes asesinados participaban en política o hacían control en sus territorios.
“Hoy en día es muy fácil que quienes son objetivos de control por parte de líderes contraten sicarios para matarlos. En mis indagaciones encontré casos de candidatos a alcaldías que mandaban a matar a líderes sociales. Encontré que a los defensores de las tierras los mandaban a matar los despojadores, lo mismo con quienes estaban en contra de la minería ilegal. La conclusión, de nuevo, es que en el país la violencia es una manera más de hacer política”, analiza Ávila.
Leonardo González, coordinador del Observatorio de DD.HH. y conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, coincide con Ávila en cuanto a que no se puede determinar una sistematicidad en cuanto a autores, pero desde la entidad han encontrado un denominador común entre las víctimas y es que trabajaban en temas referentes a la implementación del acuerdo de paz firmado con las Farc en 2016.
“La sistematicidad hoy es difícil probarla, pero sí hay patrones de coincidencia: por un lado, todos los líderes y defensores de los derechos humanos, y por otro lado, la gran mayoría de los que están matando están en el marco del post acuerdo de paz. Y los asesinan por la implementación, en temas de indígenas es por el capítulo étnico, en el tema de tierras es por la restitución, en el tema de sustitución, es por los cultivos, pero todos en el marco de la implementación de los acuerdos”, explica González.
Zonas rurales, las más golpeadas
En el informe del relator especial de la ONU sobre la situación de líderes sociales en Colombia se describe que las zonas en donde más se matan a los líderes son las rurales, lo que está provocando un vacío de liderazgo en esos puntos del país y aumentando los índices de impunidad.
Según el estudio de la Comisión Colombiana de Juristas citado por la ONU, entre la firma del Acuerdo de Paz y finales de julio de 2018, “del total de las personas defensoras asesinadas 23 % son dignatarios/as de las Juntas de Acción Comunal (incluyendo cuatro líderes afrodescendientes), 20 % líderes y lideresas comunales, 20 % líderes y lideresas étnicos (12 % indígenas y 9 % afrodescendientes), 5 % defensores de los derechos de las víctimas, 11 % líderes y lideresas campesinos, 2 % reclamantes de tierra y 2 % abogados/as defensores de derechos humanos”.
De acuerdo con la Alta Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia, cuando se cruzan datos de la Defensoría, la ONU y la Fiscalía, las partes del territorio nacional más afectadas por la violencia contra los líderes son la Subregión del Suroccidente en la que están los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y la costa pacífica de Nariño, incluyendo Tumaco; la subregión del Urabá antioqueño y chocoano, que incluye Antioquia y Chocó; la subregión del nororiente: Catatumbo y Cúcuta en Norte de Santander y el departamento de Arauca. Y zonas del sur de Córdoba, sur de Bolívar, sur del Cesar, el Bajo Cauca antioqueño, el norte y nordeste antioqueño, el sur del Meta, Guaviare y Putumayo.
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, encuentra un punto común en estas zonas y es que son sitios en los que se han presentado disputas entre grupos de crimen organizado por el control territorial. Restrepo, además, cree que los picos de violencia no están necesariamente relacionados con la implementación del acuerdo de paz.
“Este fenómeno en las regiones no es nuevo, es algo que viene de al menos diez años atrás y ha tenido variaciones en el corto y el largo plazo, pero no veo que la violencia haya aumentado en los últimos cuatro años. Por eso yo no veo una conexión entre la violencia en estos territorios y la firma del acuerdo de paz. Si revisamos las cifras después del 2016, ha habido periodos de subida de las cifras y de caída de las cifras, por eso yo no veo asociación. Una hipótesis es que podría tener que ver con disputas políticas, porque en enero del 2018, cuando hubo elecciones presidenciales, aumentaron los casos, y luego hubo una reducción”, dice el experto en violencia y conflicto armado.
La Alta Consejería para los Derechos Humanos asegura que en esas zonas, como lo dice Restrepo, hay alto riesgo por la convergencia de presencia de Grupos Armados Organizados (GAO), el ELN, GAO Residual, ‘Clan del golfo’, ‘Los Pelusos’ y ‘Los Caparrapos’; y 21 Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que se disputan el control de economías ilícitas en torno a la cadena de narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, recursos naturales y el despojo de tierras.
