Nuevas generaciones de abogados y la función pública

Recientemente, en un programa de Posgrado en Derecho, pregunté a los alumnos si alguno trabajaba en alguna institución pública o si en su proyecto profesional tenía la intención de hacerlo. Ninguno contestó afirmativamente. Por primera vez en mi vida académica, la respuesta de casi 20 personas a esa consulta reveló que ninguna estaba desempeñando una función en una institución del Estado, pero especialmente que ninguna lo consideraba como un propósito futuro. Las razones invocadas fueron, entre otras, la intención de vincularse al sector privado o iniciar un emprendimiento, el acceder a remuneraciones más competitivas y la inquietud sobre los riesgos propios de ejercer la profesión en el sector público.

No tengo elementos para afirmar que esa sea una tendencia generalizada, pero desde mi experiencia observo con mayor frecuencia que abogados jóvenes, entre ellos profesionales brillantes, alejan sus proyectos de cumplir una tarea desde lo público. Debo resaltar que las razones expuestas son más que válidas y especialmente que construir país desde el sector privado es tan importante y admirable como hacerlo desde el sector público. Más de la mitad de mi vida profesional la desarrollé en instituciones del Estado y en ella conocí, como actualmente reconozco desde la práctica privada, a profesionales destacados, entre éstos varios abogados, que en su gran mayoría desempeñaban su labor con pasión, rectitud y diligencia.

Por ello, la estigmatización que ocasionalmente padece el servicio público, alimentada, hay que decirlo, por casos que deben ser severamente sancionados, no consulta la realidad de una mayoría de profesionales que desde diversas entidades, contribuyen a cumplir funciones fundamentales del Estado. Ese debe ser un mensaje a transmitir a las nuevas generaciones.

A ese propósito también aporta el que las causas sociales son una motivación fuerte para las carreras de profesionales jóvenes. Por ello acercarlos a los fines superiores inmersos en la función pública pueden incentivar su activa participación en ella.

En ese contexto el Estado no puede ser lejano a los cambios que está viviendo la enseñanza y el ejercicio del derecho. La aparición de nuevas especialidades, así como la integración de la formación jurídica a conocimientos en materias sociales, tecnológicas y financieras, abre nuevos horizontes para la práctica legal. Colombia tiene el enorme reto de propiciar esa formación y cautivar ese talento, para contar con él en el sector privado y también en el público.

Ahora, impulsar a los abogados jóvenes a considerar el servicio público para sus carreras supondrá poner de presente que su actuar estará siempre expuesto al riguroso examen de distintas autoridades y de la sociedad. El actuar ajustado a principios, prudente y diligente sigue siendo la principal forma de prevenir riesgos en el desempeño de la función pública. Desarrollar programas de protección legal para aquellos funcionarios que cumpliendo sus responsabilidades y sin incurrir en dolo o culpa grave se vean expuestos a investigaciones, puede mitigar ese creciente temor a trabajar en el Estado.

El reto que tenemos desde la academia y nuestro propio ejercicio es cautivar a las nuevas generaciones de abogados, plantearles que desarrollar una carrera con los retos y oportunidades propios del servicio público, es, como muchos podemos expresarlo, extraordinario. Una sociedad como la nuestra, que aspira a contar con un Estado cada vez más probo, calificado y eficiente, debe volcar muchos recursos para favorecer la llegada y permanencia de los mejores a la función pública. Varias iniciativas desde lo público y lo privado contribuyen a ello. Identificar el talento desde la fuente misma - las universidades -, procesos de selección y planes de carrera robustos, darle continuidad a los procesos de práctica profesional, planes de apoyo educativo, reducción o condonación de deudas de educación por trabajar con el Estado, son acciones en marcha que deben reforzarse.

Además, la experiencia de trabajar con el Estado impregna al abogado de un sentido y visión especiales que le aportarán a su ejercicio profesional de por vida.