Nuevas rutas para la enseñanza del derecho

La formación de los nuevos abogados en la coyuntura actual demanda un profundo proceso de interdisciplinariedad para acompasar la disciplina jurídica en un entorno humanístico, con la realidad del país. No podemos continuar con un discurso endogámico que formule los nuevos programas a partir del conocimiento puramente jurídico, que promuévela cada vez más exagerada especialización, con enorme sacrificio de la formación integral del abogado y de la ética que se exige a los juristas en tanto que agentes de la justicia en la sociedad.

Es necesario además, promover la capacidad de análisis en lugar de la pura absorción de conocimientos, que facilite el proceso de internacionalización del derecho para evitar seguir apegados al derecho local sin mirar los horizontes del comparado.

Vivimos también una particular situación en la que muchos de los estudiantes de lo distintos niveles de pregrado y posgrado carecen de las mínimas habilidades de escritura jurídica y capacidad de síntesis en lo oral y en lo escrito, por lo que se requiere del concurso de profesores de otras disciplinas en un entorno interdisciplinario que dé prioridad a una formación humanística que estimule el pensamiento crítico.

En lo puramente procesal la enseñanza del derecho en las facultades colombianas demanda una urgente reforma que enrute los quehaceres estudiantiles hacia la oralidad propia de los procedimientos que se han adoptado en los últimos años y que exigen las habilidades y las destrezas necesarias en esos sistemas. No podemos continuar con la enseñanza de los procedimientos a partir de formulaciones puramente teóricas que inducen a la recitación de los códigos procesales sin componentes prácticos.

Las técnicas de los juicios orales que enseñan actualmente suelen proceder exclusivamente de las experiencias particulares de cada profesor junto con unas reglas básicas de articulación de los procedimientos. Es necesario que cualquier enunciado puramente teórico venga acompañado de ejercicios prácticos y metodologías modernas de transmisión de los contenidos.

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Pero es necesario que desde las áreas financieras de las universidades e igualmente desde los consejos académicos de las facultades se faciliten los recursos humanos, técnicos y económicos que les permitan a las universidades en Colombia asumir con éxito los retos que impone un sistema oral en el que es necesario aprender desde la toma de notas y resúmenes de las audiencias, hasta las técnicas de interrogación y contrainterrogación, que son las piezas angulares del nuevo sistema de enjuiciamiento. Además, es preciso impulsar iniciativas que buscan iniciar o fortalecer convenios internacionales con universidades del sistema anglosajón para el intercambio de profesores y estudiantes que permitan un intercambio de experiencias y técnicas de enseñanza y aprendizaje que resulten beneficiosas para todas las instituciones involucradas. Así mismo, es urgente priorizar la multiplicación de salas de audiencias para simulaciones y otros ejercicios prácticos.

El sistema oral demanda permanente actividad procesal por lo que contar con herramientas tecnológicas que faciliten la consulta de fuentes de información y antecedentes constituye un factor determinante para contar con la argumentación apropiada, completa y suficiente que facilite proponer, impugnar y controvertir con fundamentos teóricos y prácticos completos.

Con frecuencia asistimos a audiencias públicas en las que los funcionarios judiciales, los de la procuraduría y también colegas litigantes formulan interminables presentaciones desprovistas de orden y sentido, precisamente por carencia de las habilidades que se requieren para intervenir decorosamente en el sistema oral . Ya la corte suprema de justicia ha llamado la atención sobre diligencias de imputación de cargos que resultan imprecisas, ambiguas, oscuras, confusas, anfibologicas o contradictorias. Así mismo, son frecuente los errores en las acusaciones, o alegatos de apertura que se convierten en verdaderas alegaciones de cierre, o prácticas de pruebas testimoniales que se realizan sin consultar las técnicas del interrogatorio de pregunta abierta y el contra interrogatorio de pregunta cerrada.

Los abogados actuales así como los abogados en formación desconocen las particularidades de las nuevas leyes. Por ejemplo, los abogados privados y los
defensores públicos suelen dejar de lado las importantes facultades que concede la ley de enjuiciamiento criminal a la defensa que les permiten involucrarse activamente en el proceso y la investigación desde el mismo momento en que se produce una noticia criminal. Se les permite buscar, identificar recoger y embalar elementos materiales de prueba y hacerlos examinar por peritos particulares o por la policía judicial o el instituto de medicina legal; realizar entrevistas con el fin de encontrar información útil; obtener declaraciones juradas ante notarios, inspectores de policía o alcaldes; o solicitar a jueces de control de garantías que realicen pruebas anticipadas por razones de urgencia o necesidad para evitar la pérdida del medio probatorio o su alteración.

Las prácticas empresariales y en el servicio público así como los consultorios jurídicos son instrumentos de gran valor en la formación de los nuevos abogados. Sería pertinente revisar las normas actuales para ampliar el espectro de casos y el campo de acción en los que se les permite actuar a los estudiantes de últimos semestres. Así, no solo se lograría atender más efectivamente a una población que requiere de servicios jurídicos gratuitos sino que los estudiantes se beneficiarían más de estas experiencias profesionales.

Los operadores del aparato judicial y la comunidad académica están llamadas a unir esfuerzos para hacer una revisión integral del sistema de enseñanza del derecho que permita entregar a la comunidad profesionales competentes, integrales, éticos, autodidactas y con una adecuada formación humanística.