Reflexiones sobre las marchas de abril y mayo

Escribo desde esa “torre de marfil” que suelen ser las universidades, torre que debe mantener contacto estrecho y permanente con la realidad cotidiana, pero a la vez constituirse en un lugar que brinda a estudiantes y maestros espacio, tiempo y base conceptual para pensar, debatir y discutir sobre el momento y sobre el futuro, tanto global como local. Así como en el medioevo los monasterios occidentales constituyeron el refugio de monjes y abades dedicados a pensar y escribir para mantener vivo a Occidente, a partir del segundo milenio surgen universidades que albergan a gremios de maestros en las artes, oficios y ciencias, quienes cumplen la valiosa tarea de perpetuar los saberes, descubrir las verdades y transmitir el conocimiento y la sabiduría colectiva.

Los acontecimientos de abril y mayo en Colombia pasarán a nuestra larga historia de conflictos sociales y políticos. No pueden ser ignorados por la universidad y ameritan análisis serio, imparcial (si se puede) y profundo sobre las causas que nos llevaron a estos y las consecuencias. Colombia ha sido un país convulsionado, a partir de la creación de la República en el siglo XIX, cuando se intento crear una nación de ciudadanos libres. Luego, en el siguiente siglo, caracterizado por un sinnúmero de hechos violentos, se avanzó en la senda de la modernización. Y ahora, en los albores del nuevo milenio, confluyen condiciones y problemas que parecieran impedir el desarrollo de un país pacífico, productivo y equitativo.

Las marchas nutridas con multiplicidad de actores, desde los sindicalistas, hasta estudiantes, camioneros, taxistas, cabildos indígenas y ciudadanos desencantados, han recorrido todas las regiones en un coctel de protestas legítimas y pacíficas a las que se agregan actos vandálicos, en el que se expresa rabia, desilusión e incertidumbre. Y desde luego, no han faltado los encuentros violentos entre la policía y los manifestantes, que terminan en dolorosos episodios de sangre y, pasada la primera semana, los enfrentamientos entre manifestantes y personas de las comunidades afectadas, quienes decidieron tomar cartas directas en el conflicto. Ahora, en el diálogo con el gobierno, presentan un pliego de 17 exigencias o reformas, que merecen un análisis serio desde las universidades.

Algunas peticiones podrán ser atendidas por el actual Gobierno, pero otras necesitarán más tiempo -entre dos y cuatro años, por lo menos-, lo que quiere decir que deberán ser resueltas por quien gane las elecciones de 2022. La mayoría tendrán solución bajo dos condiciones: un cambio político y social casi revolucionario y mucho tiempo, puesto que corresponden a daños estructurales de nuestra sociedad, como intentaré demostrar más adelante.

Antes de entrar en lo que llamaré la “exploración subterránea” de la situación colombiana, me atrevo a anticipar lo que podría ser el desenlace del actual movimiento. Lograron la caída del Ministro de Hacienda, pero no será fácil que ocurra lo mismo con el presidente Iván Duque, a pesar de los desaciertos y la falta de liderazgo del ejecutivo. Dado que se puede llegar a un estado de fatiga nacional y de rechazo a la violencia, o que la situación de orden público empeore y evolucione a enfrentamientos entre grupos antagonistas civiles (como ya se está viendo), probablemente la llamada sociedad civil termine rodeando a las autoridades legítimas como lo ha hecho a lo largo de décadas y se designe un gabinete de unidad (política) nacional. En ese escenario, es factible llegar a un acuerdo parcial con parte del extenso y heterogéneo Comité del Paro, aplazando los reclamos más complicados para futuras jornadas.

La verdadera crisis

Las manifestaciones de rabia, descontento y malestar que vivimos en 2019, y que ahora se repiten con mayor fuerza, no son sino la punta de un iceberg, y se han venido gestando durante siglos. Para comenzar, la nueva república independizada nunca alcanzo a constituirse como nación unificada en valores y objetivos; seguimos siendo una obra inconclusa, sin fundamentos para estructurar Io que será un Estado sólido y una sociedad en progreso equitativo. Debajo del trozo de hielo que estamos viendo, existe una situación conflictiva en permanente ebullición.

Colombia ha tenido dos grandes problemas subterráneos desde su independencia, originados tal vez en la propia colonia: el primero se refiere a la construcción del tejido social y el segundo a la debilidad institucional. Por años nos creíamos un país de leyes y avanzado en materia política — por lo menos en relación con nuestros vecinos—, con una democracia electoral civilista ininterrumpida, casi la más antigua de la región, y con partidos políticos fuertes que abrazaron ideales liberales; nuestras élites se reputaban como cultas, y durante el pasado siglo se fue desarrollando un empresariado dinámico.

Sin duda, el país actual dista mucho del que existía hace medio siglo y no son pocos los avances: la economía, aunque mediana, ha crecido constantemente y las finanzas públicas se han manejado con criterio prudente y ortodoxo; se modernizo el sector financiero y se crearon empresas de tamaño medio, especialmente de servicio; en educación y salud se avanzó notablemente a partir de la posguerra de los años 40; las ciudades se expandieron y progresaron materialmente. Mientras tanto, la sociedad y las costumbres también cambiaron: hoy somos una comunidad más secular, de pensamiento más libre, la mujer ha avanzado en su participación (aunque no lo deseable). Nos fuimos incrustando en la sociedad de consumo para conquistar lo que algunos sociólogos Ilaman la modernidad, pero todo ello de manera desordenada, desarticulada e inconclusa.

No existe verdadero tejido social relativamente homogéneo; hace algunos lustros prácticamente no existan las clases medias o eran muy pequeñas y los pobres eran una mayoría olvidada, marginada y resignada; en la última década se logró una disminución significativa de la pobreza monetaria y aumento el tamaño de las clases medias, pero esos esfuerzos fueron borrados de un tajo por la pandemia actual que arraso con muchos empleos y causo el cierre de numerosas empresas. Somos uno de los países más inequitativos del mundo en cuanto a distribución del ingreso y de la riqueza, y nuestra fuerza laboral es mayoritariamente informal.

Estamos padeciendo una especie de “ironía del crecimiento y de la modernización social”: al educarse y obtener empleo formal, muchas personas salieron de la condición previa de pobreza; pero, como era de esperarse, sus expectativas crecieron más allá de Io que la economía y el estado podían atender para integrarse en circuitos virtuosos de bienestar, y al encontrar caminos cerrados, entraron en estado de insatisfacción y malestar, hecho que ha contribuido al quebrantamiento de una cohesión social ya bastante frágil. Los más pobres pudieron conocer los estándares de vida de otros países y de las gentes adineradas del nuestro (efecto demostrativo) a través de los medios de comunicación —lo que hace unas décadas no era posible—, y constataron que ellos jamás podrán disfrutar esas ventajas. La educación, uno de cuyos propósitos principales debe ser contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de la población, se convirtió para algunos en un camino de frustración ante la falta de oportunidades.

Una situación de descontento general conduce a la anarquía o al estado de anomia, que es la desorganización, o desviación, derivada de la ausencia de un marco normativo que controle la conducta humana, situación que deviene en mayor ruptura de los vínculos sociales, como lo describió Robert Merton‘, al plantear que la anomia ocurre ante la ausencia de instituciones y medios legítimos que permitan alcanzar los objetivos y aspiraciones de la cultura colectiva.

Nuestro tejido social está seriamente dañado, no tenemos ni valores ni objetivos compartidos, cada cual marcha por su lado, sin mirar a su alrededor. Y Io más preocupante es que, por el camino que se vislumbra, no habrá recomposición, por lo menos en un plazo mediano. Las disparidades continuaran y crecerán, a menos que tomemos el sendero equivocado de equilibrar todo con un rasero bajo, es decir, convirtiéndonos en un Pals empobrecido generalmente, sin empresas, sin inversión y sin empleos.

El marco normativo lo constituyen las reglas sociales que va creando cada cultura y el ordenamiento jurídico positivo que es posible dentro de un sistema político estable y desarrollado. Lamentablemente, el marco institucional esta desdibujado y padece su propia crisis, de manera que su aplicación para regular la sociedad y evitar desviaciones es muy precaria. Aquí me refiero tanto a las instituciones políticas como a las sociales.

Las instituciones políticas se han desconectado de la realidad y no la entienden; además, la comunidad desconfía de ellas, Io cual afecta directamente la gobernabilidad. Estas instituciones no trabajan armónicamente, internamente existen rupturas y estamos frente a una enorme fragmentación, que se vio agravada con las nuevas entidades creadas en la Constitución de 1991. Las clásicas ramas del poder, además de estar desprestigiadas, se enfrentan entre sí, y no parece que compartieran la misma orientación hacia el bien común.

Otras instituciones que tradicionalmente contribuían a la cohesión social — la religión, la familia, la escuela y los medios de comunicación— se han desvanecido, y ya no cumplen ese papel de “pegamento” de las comunidades ni de las personas. Las redes sociales y los “parches” están ocupando sus lugares.

Preocupa particularmente la situación de los jóvenes, muchos de los cuales están desamparados desde niños, no reciben una educación inicial que fortalezca los principios y valores comunes y no se encuentran satisfechos con sus estudios cuando logran ingresar a un plantel de educación básica y media o a una universidad. Las posibilidades de lograr un empleo digno y bien remunerado son pocas, de forma que van perdiendo la ilusión de progreso en la escala social. Su existencia pierde sentido, no hay alicientes, sienten que la sociedad los margina cuando tienen una gran energía represada. Para ellos el destino es avaro. Por ello, la sociedad y el estado deben ser receptivos ante sus reclamos, atenderlos en la medida de Io posible y, sobre todo, evitar que nuestros jóvenes sean víctimas de situaciones de exclusión, manipulación y violencia como las que, con dolor, hemos tenido que presenciar en estos días de agitación social.

Estos problemas invisibles y subterráneos constituyen un lastre difícil de superar, y no se resuelven en la mesa de negociaciones durante o después de un paro nacional; será necesario recomponer a fondo la sociedad y sus instituciones tutelares. Un camino sería el de la revolución violenta, así sea democrática, con el riesgo de que las cosas empeoren como se ha visto en nuestro vecindario. Otro es dejar que las aguas se tranquilicen y continuar con paliativos menores que nos conducirán a lo mismo. La tercera alternativa es adelantar una serie de cambios fundamentales bajo un nuevo liderazgo, lo cual no se ve por ningún lado. Pareciera que estamos en un callejón sin salida, pero eso no es posible: "no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista". Colombia tiene que salir adelante.