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El reto del Ministerio es seguir saneando las deudas de las entidades del sector, y fortalecer el sistema para afrontar los picos regionales
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, apenas alcanzó a posesionarse cuando ya el país adelantaba la adecuación de protocolos para mitigar la propagación del virus del covid-19, tras el primer caso confirmado en marzo 6.
A partir de la declaratoria de emergencia sanitaria, por medio del Decreto 385, desde la cartera de Salud inició la estrategia de respuesta para el covid-19, en la que inicialmente se destinaron $14.034 millones a siete entidades territoriales para laboratorios de salud pública, $7.101 millones para insumos, reactivos y equipos para el fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud (INS) y $21.000 millones para la vigilancia pública en salud en 37 entidades territoriales.
Ante las nuevas necesidades del sistema, el Ministerio gestionó una serie de medidas para la protección del derecho a la salud y a la seguridad social, como la prohibición de la suspensión de servicios de salud a los cotizantes y beneficiarios en caso de terminación del contrato de trabajo, la determinación de que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) haría el reconocimiento a las EPS por la unidad de pago por capitación (UPC), y la no causación de intereses de mora por el pago extemporáneo a las cotizaciones del sistema.
Entre marzo y junio de 2020 el ministro emprendió la tarea de aumentar la oferta hospitalaria, con lo que se sumaron en este periodo 2.880 camas de hospitalización para adultos, 502 de cuidado intermedio y 1.597 camas de cuidado intensivo, y a agosto, ya hay 9.000 UCI.
Además, desde la cartera de Salud y Protección Social se han entregado 410 ventiladores y se trazó un cronograma de entrega para 1.558 unidades en julio, 687 en agosto, 60 en septiembre y 52 en octubre, y se destinaron casi $6.000 millones para la adquisición de elementos de protección personal.
En relación con los recursos del sistema, en el primer semestre, con los dineros girados por la Adres a las EPS e IPS se ha cubierto el valor de los servicios prestados tanto para la atención de covid-19, como de otras necesidades.
Por UPC, en total, se han girado $23,1 billones, de los cuales $3,8 billones fueron destinados a 980 hospitales públicos y $5,5 billones a más de 2.600 hospitales privados y mixtos; y por No UPC $1,87 billones.
El reto del Ministerio es seguir saneando las deudas de las entidades del sector, y así fortalecer el sistema para afrontar los picos regionales, y los eventuales rebrotes.
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