“La reforma tributaria impactó negativamente a la población”

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Colombia quedó en la posición 58 entre los 63 países que mide el ranking de IMD

El economista senior del IMD World Competitive Center, José Caballero, habló sobre el más reciente informe de competitividad global emitido por la entidad, y destacó que Colombia, ubicada en el puesto 58 de un total de 63 países analizados en el estudio, debe su baja ubicación en el escalafón al impacto negativo de su reforma de impuestos y la desestabilidad política que enfrenta el país a cuatro días de las elecciones presidenciales.

¿Cuál es su balance sobre el desempeño de Colombia?

La balanza es que no ha sido positivo, pero tampoco totalmente negativo, pues las caídas no han sido drásticas y ha habido mejoras. En eficiencia del gobierno mejoró, pero la política de impuestos ha tenido un impacto negativo, pues ha caído 12 posiciones, pero lo más problemático sigue siendo el riesgo de la desestabilidad política, pues el año pasado cayó seis puestos. En este último aspecto puede haber varios factores como la incertidumbre acerca del proceso de paz. Podría estar ligado también al proceso electoral de este fin de semana, pues nuestro indicador podría estar capturando un grado de incertidumbre sobre el impacto del resultado de las elecciones en el ámbito económico.

¿Qué pesa más en el desempeño de Colombia: las tareas que no ha hecho el Gobierno o los empresarios?

Ambos. Por una parte el Gobierno debe mejorar lo institucional, por ejemplo, en todo lo relacionado con la transparencia y en lo social con la debida ejecución de la justicia en el país. El sector privado por su parte podría mejor las prácticas de gobernabilidad, las cuales contribuirán a mejorar su eficiencia y productividad en el corto o mediano plazo.

¿Qué impacto tuvo la reforma tributaria en Colombia?

La reforma tributaria en Colombia impactó negativamente en la población porque aumentó las percepciones adversas que los inversionistas extranjeros tienen de Colombia. En los estudios de competitividad una menor tasa de impuesto a las ganancias corporativas se percibe como positiva. En los resultados del ranking, Colombia cayó 23 posiciones en este indicador.

¿Cómo ve a América Latina en términos de competitividad global?

El problema que tenemos es institucional. La mayor parte de reformas que nuestros países arrojan tienen como objetivo el crecimiento económico. Los países que tienen éxito en competitividad, el objetivo es mejorar las instituciones para que lo económico llegue a largo plazo. En la región hacemos una visión a corto plazo ante la necesidad de un crecimiento económico y hacemos la reforma hacia ello sin tomar en cuenta que hay problemas estructurales que de no ser atendidos mantendrán la competitividad a niveles bajos. Por ejemplo, la corrupción, la falta de transparencia, las desigualdades sociales, el desarrollo de capital humano, son cuestiones que no pueden ser tratadas en cinco o 10 años lamentablemente.

¿Odebrecht tuvo alguna repercusión en esto?

En esto tuvo mucho que ver Odebrecht porque hizo obvio el papel “corrupto” que el sector privado puede ejercer y el impacto negativo de éste en la estabilidad política-económica. Por ello, es posible que el escándalo tuviera repercusiones en ambos factores de competitividad: el de la eficiencia del gobierno y la eficiencia del sector privado.

Usted decía que los países que tienen éxito en competitividad se plantean el objetivo de mejorar las instituciones para que los resultados económicos lleguen a largo plazo, ¿cuál cree que es el objetivo que tiene Colombia en particular?

No me queda completamente claro. Los datos “dicen” que el país compite en costos. Es decir que Colombia intenta atraer inversión extranjera a través de la competitividad de costo y la disponibilidad de mano de obra calificada, lo cual no es necesariamente negativo o positivo. La pregunta de fondo es si este tipo de estrategia es sostenible a largo plazo.

¿Cuál es el reto para que América Latina repunte en 2019?

Mejorar sus instituciones, que deben ser más incluyentes y con un marco político regulatorio más eficiente.